El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha pronunciado ante los investigadores del caso 'Tándem' acerca de los trabajos que efectuó para el BBVA y que han derivado en la imputación de la cúpula, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano. Al respecto, el agente encubierto ha señalado directamente al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano como la persona con la que despachó los encargos, desvinculando por completo de los mismos al entonces presidente Francisco González.
Según ha explicado su abogado en declaraciones a La Sexta a las puertas del centro penitenciario, Villarejo ha respondido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en relación a esta pieza secreta que investiga el encargo del banco para evitar el intento de asalto de Sacyr. Siempre según su versión, el agente encubierto ha admitido que se firmaron contratos desde el Grupo Cenyt con Julio Corrochano, el cual aterrizó en el banco tras más de 30 años en activo en la Policía. De hecho, ha explicado que se reunió en diversas ocasiones con él en el marco de estos acuerdos, que se hicieron, ha dicho, para proteger la soberanía nacional.
Los investigadores se han interesado especialmente en conocer el grado de implicación que tenía González en este asunto concreto, y por el que el banco estuvo abonando pagos que alcanzan los 10 millones de euros. El agente encubierto ha negado haber mantenido cualquier conversación telefónica y reunión con él y ha enfatizado que los encuentros se produjeron con Corrochano, el cual fue imputado en esta pieza novena de la macrocausa por los delitos de cohecho, descubrimiento o revelación de secretos. Tras acudir a su cita judicial el pasado viernes y acogerse a su derecho a no declarar, el instructor le dejó en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 15.000 euros, aunque le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
Servicios al BBVA prolongados en el tiempo
Villarejo ha precisado en esta segunda parte de interrogatorio -la primera ha estado dedicada a responder por el encargo efectuado por los hermanos Pérez-Maura- que esta operación determinada nació entre 2004 y 2005 ante la existencia de una ofensiva por parte de Sacyr para intentar entrar en el capital de la entidad. No obstante, ha ampliado el foco y ha admitido que se realizaron otros trabajos para el banco que se le encomendaron como la identificación de clientes morosos, pero que en ningún caso se realizaron labores de espionaje.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción le acusa de aprovechar el cargo que desempeñaba en la Policía Nacional para acometer miles de escuchas ilegales a empresarios, periodistas y políticos, en el marco de esta operación concreta bautizada como 'Trampa'. Al respecto, Villarejo ha aseverado que estos servicios que prestó desde su entramado empresarial -y que cobró del banco incluso después de su ingreso en prisión tras su detención en noviembre de 2017- eran de sobra conocidos por el Gobierno de entonces y que perfectamente compatibles con su situación profesional.
La defensa del comisario jubilado ha apuntado que el encargo concreto que está bajo la lupa de los investigadores se efectuó de cara averiguar quien estaba detrás de la maniobra de Sacyr porque la misma podría entenderse como un ataque a la soberanía económica española "por parte de una potencia extranjera", aunque no ha dado más detalles al respecto. Villarejo, acusado de integrar una organización criminal con sus trabajos 'parapoliciales', ha aprovechado para exponer desde prisión que estaba "completamente autorizado para manejar actividades de carácter privado". Es más, que puso su entramado empresarial al servicio de la seguridad del Estado.
Sus problemas de hipertensión han hecho que el magistrado García Castellón opte por interrogarle desde la prisión de Estremera hasta donde se ha desplazado con los dos fiscales al frente del macroprocedimiento. Además de este asunto, se le ha preguntado por su implicación en la pieza cuarta, relativa al encargo de los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura para frenar la investigación abierta en Guatemala contra su mercantil y evitar la extradición del primero de ellos al país centroamericano por delito de corrupción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio impulso a esta parte de la causa tras acordar hace una semana la imputación de Cano, Corrochano y otros seis altos cargos del BBVA. Lo hizo después de que el banco cumpliera con los requerimientos de Anticorrupción y aportara los nombres de los responsables de los departamentos vinculados a las cuentas bancarias desde donde se efectuaron los pagos al entramado de Villarejo. El objetivo ahora está en esclarecer quien efectuó la orden directa de contratación de estos servicios.
La gran mayoría de los acusados se acogió a su derecho a no declarar tras desfilar por la Audiencia Nacional, a excepción del actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, que reconoció estos contratos. Ángel Cano, por su parte, debe comparecer este jueves tras pedir un aplazamiento de su citación por encontrarse de viaje en el extranjero. Junto a él está citado también el responsable de contabilidad del banco Ricardo Gómez, el cual también pidió aplazar su comparecencia judicial.
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