Las grandes empresas del Ibex 35 implicadas en el caso Villarejo se están moviendo para torpedear la principal acusación que sustenta el procedimiento en la Audiencia Nacional: el cohecho. BBVA e Iberdrola, entre otras, están tratando de demostrar que el comisario de Policía tenía la autorización expresa de sus superiores en el Ministerio del Interior para poder trabajar también como empresario sin ningún tipo de problema. Sus pesquisas han dado resultado y han encontrado una serie de declaraciones del exministro Jorge Fernández Díaz que apuntan en esa dirección. Es una veta que quieren aprovechar los servicios jurídicos de estas compañías para librar a sus directivos de un proceso judicial que amenaza directamente a presidentes, consejeros delegados y directivos.
Era el 10 de marzo de 2015. Últimos meses de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Un senador del PSOE, Enrique Castallana, aprovecha la sesión de controla al Gobierno en el Senado para preguntar a Fernández Díaz por la denuncia interpuesta por el expresidente madrileño, Ignacio González, por el espionaje que sufrió. La respuesta que ofreció ese día, hace casi cuatro años, el entonces ministro del Interior ha sido resucitada ahora por empresas del Ibex para apuntalar su estrategia. Quieren desactivar, efectivamente, ese cohecho activo (compra de favores de un funcionario público) y demostrar que el Estado dio a Villarejo el visto bueno para poder trabajar como policía y empresario de forma paralela. Y si lo hizo el Gobierno las empresas no cometerían cohecho.
Fernández Díaz dijo ese día en sede parlamentaria: "Yo tengo mucha información relativa a las circunstancias que llevaron a que se produjera esa investigación irregular [la de Villarejo contra Ignacio González]; irregular, porque se hizo al margen de los protocolos establecidos y se quiso además que se hiciera así. Tengo correos electrónicos que lo acreditan. Todo eso está acreditado y debidamente documentado con una investigación que realizó el Ministerio del Interior en el año 2012". Es decir, viene a admitir, según interpretan las fuentes consultadas, que el Ministerio del Interior habría permitido a Villarejo espiar al expresidente madrileño fuera de su actividad policial: "Se quiso además que se hiciera así" -lea aquí la respuesta completa en el Senado-.
En otro momento de su comparecencia Jorge Fernández Díaz responde que el Ministerio del Interior elaboró un informe para conocer si el comisario Villarejo incurrió en posibles incompatibilidades a la hora de compaginar su actividad en la Policía y como empresario particular contratado por terceros (entre ellos el Ibex). "Desde hace dos años ese expediente está absolutamente judicializado. Por tanto, los hechos, señoría, se produjeron en la anterior legislatura", añade el exministro intentando demostrar en la cámara alta que la actividad como empresario del comisario se prolongó durante años y también implicó a gobiernos socialistas.
Los abogados de las empresas del Ibex manejan más declaraciones de Fernández Díaz para apuntalar su estrategia de defensa. Así, según reflejan diferentes informaciones periodísticas, el exministro hace cuatro años dijo: "He pedido un informe a la Dirección General de la Policía en relación al patrimonio del comisario Villarejo y sus posibles incompatibilidades, que entiendo fueron autorizadas por los responsables de los organismos y unidades correspondientes de la Policía en su momento". Esto quiere decir que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE habrían dado el visto bueno a la actividad de Villarejo fuera de la Policía.
Aún hay más. Jorge Fernández Díaz admite también que "algunas empresas [de Villarejo] fueron creadas hace 20 años, unas funcionan y otras no". En conclusión, el Ministerio del Interior conocía la actividad de Villarejo y, según sugiere el titular del departamento, no puso pegas. Si el Ibex consigue demostrar esta circunstancia confía en poder dar un vuelco al caso. Consideran que si no hay funcionario de por medio no hay cohecho. Villarejo, por tanto, habría trabajado como un empresario más, reconocido y a quien incluso el Estado pudo contratar para realizar determinados trabajos.
El que fuera número uno de la Policía Nacional (Director Adjunto Operativo, DAO) con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, Eugenio Pino, ya provocó hace unos días un "auténtico terremoto" en el proceso con sus declaraciones. Pino llegó a inquietar especialmente al juez al admitir que a José Manuel Villarejo se le habían encargado trabajos desde el Estado y que todo estaba avalado por la cúpula del Gobierno del PP. El comisario trabajaba, según aseguró, bajo la etiqueta de asesor privado, no como funcionario de policía.
Algunos de los que estuvieron dentro de esa declaración en la Audiencia Nacional confirman que las palabras del juez García Castellón al escuchar esta afirmación fueron que le había puesto "el sumario patas arriba", dado que hasta ahora la mayor parte de las 25 piezas que lleva el caso Tándem se basan en esa contratación de Villarejo como funcionario público, no como empresario privado. Las mismas fuentes aseguran que Pino le garantizó al juez que si llamaba a declarar al exministro de Interior, Fernández Díaz, le iba a corroborar esta versión. El exlíder del PP en Cataluña tema ahora ser el próximo en declarar.
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