Los tentáculos del caso Villarejo han salpicado en sus 43 meses de vida a protagonistas de la élite política, empresarial y bancaria de todo el país. En este tiempo, la causa que comenzó con irregularidades en la entrada de ciudadanos africanos en Barajas ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un macroprocedimiento que suma una treintena de piezas. Los investigadores han puesto en jaque hasta el momento a importantes clientes de los negocios del entonces policía en activo, llegando incluso a amagar con alcanzar cúpulas de bancos y empresas. Sin embargo, no ha sido hasta la imputación de Antonio Brufau e Isidro Fainé cuando ha tocado de lleno al corazón de las grandes del Ibex 35.
Aunque muchas de las líneas de investigación abiertas en el caso Tándem siguen un mismo 'modus operandi', otras han optado por un patrón diferente. Esto último es lo que ha ocurrido con Repsol y CaixaBank. Las investigaciones a estos entes por haber contratado los servicios de Cenyt comenzaron, como suele ocurrir en este procedimiento, con el hallazgo de material que les incrimina entre todos los papeles y soportes digitales incautados al comisario. El estallido de la operación en noviembre de 2017 provocó no solo la detención de los principales 'cabecillas' de la red sino también la incautación de muchísimo material clave en cuyo descifrado y estudio ha trabajado estos años la Policía Judicial designada en el caso.
Los primeros análisis llevaron a abrir las conocidas como 'piezas menores' relativas a los encargos efectuados por despachos de abogados como Herreros y Asociados (Iron), parte de la familia del fallecido Luis García Cereceda (Land) o de los hermanos Tamara Muñoz (Pintor). Tanto es así que estas tres líneas de investigación ya terminaron y están pendientes de un juicio conjunto que arrancará el próximo mes de octubre. Con todo, el análisis de la documental incautada destapó otros proyectos del comisario más ambiciosos como fue el que realizó para los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura (para frenar la extradición del primero de ellos), el Grupo Planeta, el BBVA en la etapa de Francisco González o más recientemente San José e Iberdrola.
Los audios clave del caso
Tras la apertura de todas estas líneas de investigación, el juzgado puso el foco en un nuevo espionaje del policía. En diciembre de 2019, cuando ya llevaban una veintena de piezas, llegó el turno de Repsol y CaixaBank. El descubrimiento de informes sobre este proyecto (bautizado como Wine) y los audios que siempre grababa el comisario dieron paso a otra nueva vía que, en un tiempo récord, ha terminado por salpicar a las cúpulas de las dos empresas contratantes. Como ocurriera con otras partes de Tándem, el magistrado Manuel García Castellón, en consonancia con Anticorrupción, declaró las pesquisas secretas y tras avanzar en la causa citó como investigados a los exjefes de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y de Caixa (Miguel Ángel Fernández Rancaño).
Se trata de un denominador común de otras piezas del caso (como BBVA o Iberdrola) ya que el director de seguridad de estas firmas solía ser el que cerraba los contratos con el entramado del espía. A ello hay que añadirle que todos ellos provenían de la cúpula de la Policía Nacional y en algunos casos existía incluso una amistad con el comisario ya retirado. Sin embargo, el horizonte de esta pieza vigésimo primera -cuya existencia adelantó este diario- se vislumbraba diferente y ello por dos motivos especialmente: por un lado debido al contenido de las grabaciones incautadas, y por otro, por el papel que han jugado en este asunto los jefes de seguridad de Repsol y Caixa. Las imputaciones de estos mandos policiales se produjo toda vez que la Audiencia Nacional había acreditado el pago del proyecto e incluso el destino de estos fondos que Villarejo repartió entre firmas de su entramado.
Y no solo eso, sino que el caso ya arrancó con un demoledor informe de Asuntos Internos en el que analizaban en más de 100 páginas los audios del encuentro mantenido con los imputados en octubre de 2011. En aquel momento el temor en Repsol a un asalto a la petrolera por parte de Sacyr era máximo. Así lo manifestaron Araujo, su número 'dos' Rafael Girona, y Fernández Rancaño a Villarejo. No obstante, fueron más explícitos que otros de sus homólogos de las grandes del Ibex y dejaron claro que sus jefes estaban "muy preocupados". Así se refirieron al presidente de Repsol, del que dijeron que canceló viajes incluso pendiente de la evolución de este asunto.
Movimiento de Del Rivero
Pero hubo más. Ambos explicaron sin ambigüedades que sus respectivos jefes no se habían llevado muy bien en el pasado pero ahora tenían un "frente común" que era Del Rivero (LOR) y por ello iban a ir juntos en este asunto. Así pues, el comisario se puso manos a la obra y aunque incluso también se había ofrecido al expresidente de Sacyr para investigar a la petrolera, inclinó la balanza a favor de Repsol. El cometido, de acuerdo con sus informes de trabajo, consistió en controlar sus movimientos e interceptarle las llamadas para tratar de evitar el asalto al accionariado de Repsol. No solo Del Rivero estuvo en el foco. Su familia, el entonces jefe de seguridad de la constructora (Rodrigo Álvarez) y el exdirectivo de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo estuvieron también en su diana.
La segunda evidencia que precipitó esta imputación fue la declaración de los jefes de seguridad en sede judicial en diciembre. A diferencia del silencio que guardó Julio Corrochano (BBVA) o de las exculpaciones de Antonio Asenjo (Iberdrola) sobre Ignacio Sánchez Galán, en este caso el relato varió. El responsable de la seguridad de Caixa no tuvo reparos en confirmarle al juez que trató estas cuestiones al más alto nivel y que lo hizo además porque así se lo encargó su superior Antonio Masanell. Ni el propio Villarejo pudo frenar la deriva que estaba cogiendo la causa y ello pese a que -como viene siendo habitual en sus declaraciones- protegió a la cúpula del Ibex asegurando que estas cuestiones nunca trató de estos asuntos con ellos directamente.
Así pues, con ese caldo de cultivo Del Rivero se salió de la tangente y pidió en febrero al juez las dos imputaciones clave. A diferencia de otras piezas, en las que siempre se sigue el esquema jerárquico hasta llegar a la cúspide de la pirámide, dijo que había indicios más que de sobra en su contra y contra Luis Suárez de Lezo (exsecretario del consejo de Repsol) tras implicarle Araujo en su declaración en la Audiencia Nacional. El argumento acerca de la connivencia que había en esta contratación lo respaldó Anticorrupción y lo ha terminado por validar el juez, el cual recuerda que los hechos serían constitutivos de delito de cohecho al tratarse Villarejo de un policía en activo en el momento en que acometió estos servicios desde el Grupo Cenyt.
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