El excomisario José Villarejo ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la decisión de prorrogarle dos años más su estancia en prisión preventiva, contra lo que solicita que le deje en libertad provisional sometido a vigilancia domiciliaria y con una tobillera de control telemático.
En un extenso escrito de 62 páginas, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Villarejo recurre la prórroga de prisión acordada por el juez del caso, Manuel García Castellón, tras una vista celebrada, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 24 de octubre, que considera nula por las condiciones en las que se encontraba ese día el excomisario tras sufrir una crisis de hipertensión.
Según su abogado, Antonio José García Cabrera, ese día se encontraba de baja médica y para poder estar presente en la vista mediante videoconferencia desde la cárcel de Estremera (Madrid), en la que está ingresado desde noviembre de 2017, "se le intentó bajar artificialmente su tensión arterial de forma brusca y en un corto periodo de tiempo".
Para ello, según relata en su escrito, "se le suministraron entre 8 y 10 pastillas sin informarle de qué medicamentos eran pese a preguntarlo insistentemente", cuatro de ellos, "en un espacio inferior a dos horas". El motivo que alega para reclamar la nulidad de dicha diligencia: "Por todo ello, por lo acaecido el día 24 de octubre en su conjunto, consideramos que se vulneró su derecho fundamental a la integridad física y moral del interno, y fue sometido a un trato inhumano y degradante".
En cuanto al recurso contra el auto por el que el juez García Castellón acordó prorrogar su prisión provisión provisional hasta el límite máximo de los 4 años ante un "evidente" riesgo de fuga, entre otros motivos, la defensa de Villarejo trata de rebatir todos ellos. Sobre el riesgo de fuga esgrime "su arraigo familiar, social, profesional y económico" y recuerda que cuenta con un domicilio familiar "en el que permanecería caso de ser decretada su libertad, viviendo en él junto a su cónyuge y a su hija de 11 años".
A esta circunstancia añade la edad del investigado, 68 años, lo que en el ámbito penal, "es relevante y subjetivamente induce a considerar que con ella una persona 'con una vida ya hecha" no se sustraería a sus obligaciones", teniendo en cuenta además "la necesidad de recibir un tratamiento hospitalario de la enfermedad que padece".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios