Desarticulada por la Audiencia Nacional 

Villarejo urdió desde prisión una red de compraventa de documentos oficiales

Los agentes investigan si el comisario y su mujer, Gemma Alcalá, intentaron extorsionar a terceros con la ayuda de un abogado con el que coincidió en Estremera. 

Gemma Alcalá y el excomisario José Manuel Villarejo
Gemma Alcalá también ha sido investigada y procesada en la causa de espionaje del policía.
L.I.

Los investigadores del caso Villarejo han desarticulado una nueva red liderada por el comisario jubilado. Agentes de Asuntos Internos detenían en el día de ayer a cinco personas -entre ellas Gemma Alcalá, mujer del policía- por integrar presuntamente una red de venta de documentos policiales y con la que habrían intentado extorsionar igualmente a personas vinculadas al caso Tándem. Así lo confirman a este diario fuentes de la investigación, la cual se sigue en la pieza número 28 de la macrocausa por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, revelación y violación de secretos.

Entre los detenidos en la operación dirigida por el juzgado del caso Tándem en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción se encuentra Alfonso Pazos. Este abogado, que es la primera vez que aparece en la macrocausa, cumplió condena en la misma prisión y el mismo módulo en el que se encuentra el agente encubierto desde noviembre de 2017. Precisamente fue ahí cuando surgió una cooperación entre ambos en la que también estaría implicada la segunda esposa del comisario. Esta nueva red puesta en marcha desde el centro penitenciario tendría como finalidad la venta de material relacionado con la Policía con la finalidad de obtener liquidez. Entre el mismo se encontraban documentos vinculados con la operación Cataluña contra el independentismo catalán. 

Denuncias previas de extorsión

De acuerdo con las fuentes consultadas, otra de las aristas del nuevo entramado sería el intento de chantaje a personas implicadas en el caso de espionaje que suma ya una treintena de piezas. El objetivo sería intentar llegar a algunos de los acusados del procedimiento (entre los que se encuentran despachos de abogados así como bancos y grandes empresas del Ibex) para establecer un canal de comunicación directo y conseguir una serie de beneficios. A cambio, el comisario no actuaría en contra de los implicados en el caso durante sus comparecencias en sede judicial. 

La operación que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional incluyó registros en el domicilio familiar del policía en Boadilla del Monte así como en la celda en la que cumple prisión provisional desde hace tres años. La Policía Judicial al frente del caso se incautó de documentos en papel y correos electrónicos relacionados con los hechos que se investigan en esta pieza bajo secreto de sumario. En lo que respecta a Gemma Alcalá, se trata de su segunda detención en el caso Tándem ya que también estuvo implicada en el operativo inicial de arresto a Villarejo y a otros de los grandes imputados en esta red de espionaje policial. Entonces quedó en libertad dos días después de su detención, si bien en esta ocasión pasará a disposición judicial el lunes junto con el resto de detenidos, según informan fuentes jurídicas.

El magistrado Manuel García Castellón les interrogará sobre estos hechos pero puede que se acojan a su derecho a no declarar teniendo en cuenta que la causa sigue bajo secreto de sumario. Entre los arrestados se encuentra el propio Villarejo el cual, al estar ya en prisión provisional, lo que hicieron los agentes fue comunicarle su detención en la celda. Con todo, no es la primera vez que se vincula a Gemma Alcalá con un presunto caso de extorsión. Ya lo hizo el presidente de ACS, Florentino Pérez, en su declaración de la Audiencia Nacional hace casi un año. El empresario, que compareció en calidad de perjudicado de un presunto espionaje de Villarejo, explicó que desde su entorno le advirtieron que le iban a intentar chantajear con un material que le implicaba y que estaba en manos de un medio de comunicación. 

Según expuso entonces, se le trasladó que le pedirían un millón de euros a cambio de no publicar este material que le afectaba de manera directa y que pertenecería al comisario jubilado. De hecho, precisó que le contaron que la persona que lo vendió a dicho medio fue Gemma Alcalá. La periodista, que habría actuado en esta línea por motivos económicos, está procesada en dos piezas de Tándem relativas a los encargos del despacho Herrero y Asociados y de parte de la familia de los García Cereceda. En el primer caso se hizo pasar por una cazatalentos en una conversación telefónica con una mujer. El objetivo era ganarse su confianza ya que era empleada de un despacho de abogados al que Cenyt tenía que espiar. Su defensa letrada pidió que se archivara la causa asegurando que esa actuación fue "fruto de la fantasía" y que iba a ir a juicio únicamente por ser la mujer del agente encubierto. Solo por este encargo afronta una petición de 50 años de cárcel por parte de Anticorrupción. 

En lo que respecta a Villarejo, cabe destacar que en este tiempo de pesquisas ha intentado acceder en numerosas ocasiones al material que obra en el sumario incautado en su casa y relacionado con la operación Cataluña. Aunque los investigadores desligan este asunto del caso al considerar que nada tiene que ver con sus espionajes privados cometidos mientras era funcionario en activo, el comisario insiste en poder tener acceso a ellos. Así lo expuso en varios escritos recogidos por este diario en los que pidió declarar en sede judicial por estos hechos. Según dijo, entre el material incautado se encontraba una carpeta, bautizada como 'taja', que contendría un listado de testigos protegidos y confidentes policiales implicados en la operación Cataluña. El instructor, por su parte, los ha separado del procedimiento troncal al estar afectados algunos de ellos por la Ley de Secretos Oficiales y al no guardar relación con esta causa. 

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