La amenaza de Repsol de buscar responsabilidad en quienes dejaron que Villarejo campara a sus anchas como supuesto asesor de empresas y agente encubierto de policía, que no descartan otras empresas del Ibex implicadas en el caso, como CaixaBank o BBVA, no es algo que le inquiete demasiado al Gobierno ni a la actual cúpula del Ministerio del Interior, que prefieren echarse a un lado y no interferir en los procesos abiertos contra algunos de los empresarios más importantes de este país. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que se trata de hechos pasados y a quienes les corresponde aclarar el papel que jugaba el excomisario y la cobertura que pudo tener es a los mandos policiales que se lo permitieron, sobre todo a la cúpula de la llamada 'policía patriótica' de Rajoy y a los responsables de Interior de ese momento que, precisamente, están imputados en la pieza Kitchen.
Los responsables de Iberdrola, Repsol, Caixa y, antes que ellas, BBVA, se encuentran inmersos como investigados en unas causas que, de seguir al ritmo actual, tendrán que afrontar en el primer semestre del año que viene la transformación jurídica de la instrucción en un posible juicio oral. Es en ese momento cuando se dilucidará quién se sienta en el banquillo. Fuentes jurídicas conocedoras de estos casos advierten, además, que la fijación de las fechas para la celebración de esos juicios puede demorarse todavía casi un año más, hasta entrado el ejercicio 2023, lo que supone una prolongación del daño reputacional para las compañías y las marcas, que cotizan en bolsa todos los días, muy peligroso.
Los servicios jurídicos de las corporaciones implicadas en este caso cuentan con que van a tener que afrontar sus consecuencias, al menos, hasta el final de esta legislatura, por más que desde los poderes públicos y el Ejecutivo no se quiera ni siquiera entrar a valorar la situación que sufren estas empresas por el momento. Más allá de las cuestiones concretas y los hechos que se dieron en cada caso, los equipos actuales de las empresas se encuentran en alerta para afrontar un problema de reputación corporativa que, entre otras cosas, puede afectar a su cotización en bolsa y a la calificación que de ellos tengan los inversores internacionales.
El único posible punto de conexión con el Gobierno surgió esta misma semana cuando la petrolera Repsol, a la vista de que era acusada de no haber sabido comprobar si la empresa del comisario podía operar como agencia de seguridad, advirtió que se podían buscar responsables entre las instituciones o los supervisores públicos que permitieron que Cenyt fuera una de las entidades más utilizadas para ese tipo de trabajos durante muchos años, hasta el punto de que el propio Gobierno la utilizó para espiar al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. Tanto el proceso judicial como la comisión de investigación parlamentaria creada para aclarar el caso desde el lado político no han servido, al menos todavía, para aclarar cuál era la condición exacta de Villarejo (funcionario público o propietario de Cenyt), algo que sería muy útil de cara a dilucidar si hubo delito de cohecho activo o no, que es la base del caso en el ámbito empresarial.
Pero desde el Gobierno marcan distancias de estas empresas de lo que conocen como el 'viejo Ibex'. Moncloa ha fijado un muro de contención. Oficialmente nadie va a opinar ni va a sacar al presidente o los ministros de un "total respeto a las decisiones judiciales". Pero en privado fuentes del Ejecutivo sí que se ponen de perfil y señalan que no quieren saber nada de un caso como este. Tanto en el PSOE como, por supuesto, en Podemos.
Es más, fuentes del área socialista del Gobierno apuntan a la citada 'policía patriótica' del Ejecutivo anterior, el de Rajoy. Señalan que este grupo de agentes liderado por Villarejo habría operado bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz y que, por tanto, son los exdirigentes del PP quienes tendrían que dar explicaciones, tanto judiciales como parlamentarias. En el Congreso, la comisión de investigación se ha prolongado hasta fin de año.
Desde Moncloa separan, en definitiva, el terreno judicial del económico. Sánchez, de hecho, apoyó a uno de los empresarios imputados, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en la presentación de la planta de electrolizadores (tecnología que permite producir hidrógeno mediante un proceso químico), en alianza con la firma estadounidense Cummis, en Guadalajara. El Ejecutivo central, en resumen, secundará todas estas iniciativas que impulsen la economía y el empleo, dicen, pero no se mojará en otros asuntos ajenos al día a día gubernamental.
Los consejos de administración de las empresas 'contaminadas' por Villarejo, por su parte, han cerrado filas en torno a sus presidentes y el equipo gestor, a pesar de las imputaciones, pero desde las propias compañías se admite que la batalla jurídica abierta puede ser un hándicap importante a la hora de la renovación de sus actuales presidentes, todos ellos por encima de los setenta años, salvo en el caso del BBVA, donde Francisco González ya salió de la entidad y se dedica ahora a defender su reputación ante unas acusaciones que considera infundadas. Repsol, por su parte, tienen resuelto el tema sucesorio al ser Antonio Brufau presidente representativo, con la salida prevista en 2023 para dejar a Josu Jon Imaz al frente, mientras que en el caso de Isidro Fainé e Ignacio Sánchez Galán todavía no se conoce cómo va a ser el proceso.
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