José Manuel Villarejo ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, así como contra abogados de su equipo legal alegando que ha hecho un uso partidista del procedimiento en el que se le investiga. El comisario jubilado actúa contra las mismas personas que lo hizo el juez al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, el cual envió una exposición razonada de la que está pendiente pronunciarse la Fiscalía del Tribunal Supremo. El policía pide que se les investigue por denuncia falsa y apunta que él ni robó el teléfono de Dina Bousselham ni distribuyó su contenido entre los medios de comunicación.
El escrito remitido al alto tribunal, y al que ha tenido acceso este diario, pide que se actúe también contra la exasesora de Podemos, la exjefa de los servicios jurídicos Gloria Elizo y la abogada Marta Flor. Se trata de las mismas personas (a excepción de Ricardo Sá Ferreira, marido de Bousselham) que pidió investigar el magistrado por tres delitos. Villarejo, en prisión provisional por integrar una presunta organización criminal, les atribuye denuncia falsa por los hechos acontecidos en la pieza décima de la macrocausa, bautizada como Dina. Aunque coincide con el magistrado de la Audiencia Nacional al apuntar que se pudo cometer delito con su actuación, Villarejo asegura que la pieza ya se abrió para beneficiarles políticamente.
Según expone, después de que los agentes encontraran en su domicilio el contenido del teléfono de Dina, Iglesias vio "una oportunidad para lograr un rédito electoral aparentando ser víctima de una actuación" de la bautizada como policía patriótica. Por ello, y siempre según su relato, se ordenó a Elizo a través de su entonces abogada (Marta Flor) que repitieran de nuevo la denuncia interpuesta en noviembre de 2015 tras el presunto robo del móvil. Sin embargo, en este caso, asegura que se sabía la falsedad de la misma y que, lejos de producirse una sustracción, lo que pasó es que ese material obraba en manos de miembros de Podemos contrarios a Iglesias que lo filtraron en prensa en el marco de una campaña de desprestigio interna dentro del partido.
En el escrito, la defensa del comisario elude continuamente a la exposición razonada que envió el juez del caso y recuerda las declaraciones prestadas en sede judicial por Bousselham. Así, asegura que cuando declararon ante el juez en marzo del pasado año en calidad de víctimas de los negocios de Villarejo faltaron a la verdad. En concreto expone que Bousselham dijo en un primer momento que ella no hizo los 'pantallazos' que aparecieron publicados en prensa si bien en su segunda declaración el pasado mes de mayo apuntó que fue la autora y que los pasó a algunos de sus compañeros de partido. "Es sobre la base de estas premisas cuando se entiende la consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente", recalca.
De esta forma, el policía se remite en numerosas ocasiones a la declaración que prestó en sede judicial tras abrirse la causa y en la que reconoció que tenía el material del teléfono de Dina en su domicilio pero negó que lo filtrara a la prensa, tal y como adelantó este medio. Al contrario, dijo que le había llegado que lo podría haber filtrado la propia Bousselham "por despecho". Sí admitió la existencia del informe PISA. Se trató de un documento que el Ejecutivo de entonces habría encargado elaborar al inspector José Ángel Fuentes Gago, dependiente de la DAO dirigida por Eugenio Pino. El informe, que Villarejo tildó de "bodrio" y "esperpento" atribuía una financiación ilegal al partido para desestabilizarle de cara a los comicios generales.
Se ampara en Calvente
En esta ocasión niega estar detrás del robo del teléfono y se basa para ello en la declaración que prestó en calidad de testigo José Manuel Calvente. El abogado, que fue despedido de Podemos el pasado año por una acusación de acoso a Marta Flor que devino falsa, explicó en sede judicial que el equipo jurídico del partido supo desde poco después de que se denunciara el robo, que la difusión en prensa provenía desde dentro del partido. También dijo que dudaron de lo que les contó Bousselham en relación al robo y que, los que advirtieron de que no podían ir con esa versión al juez, acabaron purgados. También dijo al juez que el equipo jurídico del partido tampoco supo que Iglesias recuperó la tarjeta de Dina en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta.
Por ello pide en su escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que incorpore todas las declaraciones que se prestaron en el caso Tándem desde el arranque de esta parte concreta en marzo de 2019 y que se libre exhorto al juzgado de instrucción número 32 de Madrid -que investigó la denuncia de Flor contra Calvente por acoso- para que remita todos los chats que obran en el sumario de dicho procedimiento, ya archivado. Cabe recordar que el magistrado al frente de estas diligencias zanjó esta pieza décima del caso y procesó por estos hechos a tres personas, entre ellas al comisario jubilados. Igualmente también solicita que declare como testigo el exabogado de la formación morada.
El magistrado Manuel García Castellón pidió al Supremo investigar estos hechos por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. La Sala que preside Manuel Marchena ha dado traslado de la exposición al teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, para emitir dictamen sobre el mismo. De momento, ha recabado la opinión de Anticorrupción la cual se opone a abrir causa contra el líder de Podemos y el resto de personas incluidas en la exposición razonada, al no apreciar indicios de delito en su actuación.
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