Violencia género. 7 de las 52 víctimas mortales en 2012 eran mujeres con discapacidad


De las 52 víctimas mortales por violencia de género contabilizadas el año pasado en España, 7 eran mujeres con discapacidad, según los datos que hoy expuso la comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Ana Peláez.
Así lo dijo durante su intervención en la jornada 'Las Mujeres y las Niñas con Discapacidad Victimas de la Violencia de Género', organizada por el Cermi y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y celebrada en la localidad madrileña.
Peláez analizó las líneas de acción en materia de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, en el marco del II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016.
"La realidad", indicó, "habla de una población de mujeres con discapacidad completamente heterogénea, por lo que se tendrían que considerar seriamente las situaciones de discapacidad que adquieren las mujeres por actos de violencia y ver qué medidas se precisan para ellas”.
Según los datos que facilitó de un Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, “entre el 18 y el 22% de personas con discapacidad no tienen acceso a la justicia por causas de incapacitación legal, lo que hace que 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, de las que 600 millones son mujeres y niñas, no tengan un sistema que las proteja".
A su juicio, “hay que considerar las necesidades que esta población tiene y ver cómo afrontarlas, para formar parte de todo el proceso de prevención de la violencia, de su atención, recuperación, concienciación social, que no sensibilización”.
Peláez informó de que “más de la mitad de todas las personas con discapacidad, entre el 58 y el 62%, son mujeres y sufren la discriminación interseccional o múltiple, que se manifiesta en una invisibilidad total y con una falta absoluta de reconocimiento en cualquier tipo de política”.
Además, denunció que “no hay ninguna política, en ningún país, que verdaderamente asuma y se preocupe por la erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad que, además, cuentan con necesidades muy especificas y distintas, según el grado y tipo de discapacidad”.
Asimismo, explicó que “las mujeres con discapacidad se caracterizan por un bajo nivel educativo, justificado por el hecho de que dos tercios de la población de mujeres con discapacidad tiene más de 60 años; por una falta de actividad laboral; una capacidad económica precaria; analfabetismo digital; una gran dependencia de terceras personas o de instituciones; una falta de derechos a la vida privada, a sus derechos sexuales y reproductivos, a su maternidad, y a los servicios de salud; y esto es lo que hace que tengan mayor riesgo de sufrir situaciones de discriminación en diversos ámbitos y, por tanto, de vulnerabilidad”.
Por otra parte, señaló la mayor dificultad que tienen estas mujeres para expresar los malos tratos, dada la concurrencia de factores emocionales que dejan a la mujer sin capacidad para denunciar a esas personas de las que dependen. “Apenas tenemos mecanismos para llegar a las mujeres con discapacidad más vulnerables, como son las mujeres con discapacidad intelectual”, agregó.
En este contexto, la comisionada de Genero se refirió a la aprobación por parte del Comité Ejecutivo del Cermi del II Plan Integral de Acción de Mujeres y Niñas con Discapacidad 2013-2016, el cual involucra a las propias mujeres.
El plan identifica distintos ámbitos de intervención, que son los relativos a las propias mujeres y niñas con discapacidad y a las mujeres cuidadoras de familia con discapacidad; a las administraciones públicas, planteando medidas necesarias para poder asumir y superar y afrontar el reto de la erradicación de la violencia contra estas mujeres; al ámbito social, y al Tercer Sector.
Por último, reclamó que las propias organizaciones de mujeres que tienen programas de atención a la violencia de género incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad, quienes “tenemos que participar en todos los procesos”. En esta línea, se refirió al artículo 16 de la Convención de la ONU, que establece la erradicación del abuso, explotación sexual y violencia que sufren las mujeres con discapacidad, e hizo una mención especial a la situación de las mujeres mayores y menores.

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