Primer fuego para Díaz: PSOE y UP se asoman a la ruptura por los alquileres

Primeras horas de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera in pectore y primer encontronazo en el Gobierno de coalición. Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se levantaron este miércoles de la mesa negociadora sobre la futura Ley de Vivienda con posturas situadas en las antípodas en tres asuntos capitales: la limitación de los alquileres, el papel de los grandes tenedores y las medidas a aplicar en las viviendas vacías. Las recetas que propone cada socio son totalmente diferentes en estos tres aspectos y la ruptura en una de las normativas estrella de la legislatura es cada día más probable, según las fuentes consultadas. No es descartable que el Ministerio de Transportes presente su propio anteproyecto en el Congreso y que los morados se desmarquen. En este momento ninguno quiere ceder.

Los plazos pactados para lanzar el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda ya se han incumplido con creces por este motivo: la enorme distancia que separa a PSOE y UP. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias pretende que amarrar un buen acuerdo será su último gran servicio en la política nacional pero la lentitud en las negociaciones invita a pensar que cerrar un proyecto conjunto antes del 14 de abril, fecha en la que tiene pensado dimitir coincidiendo con el Día de la República, se antoja complicado. En cualquier caso, si es finalmente Díaz quien, como máxima responsable de UP en la coalición, tome una decisión, las postura de la futura vicepresidenta tercera son las mismas que las de Iglesias. "O se limita el alquiler o no habrá acuerdo", concluyen desde el área morada. Para ellos es una norma troncal en su proyecto político y de ahí sus posiciones.

Los negociadores del futuro Anteproyecto de Ley de Vivienda son David Lucas, director general del ramo bajo dependencia directa de José Luis Ábalos, e Ione Belarra, que ascenderá en la remodelación a ministra de Derechos Sociales. Eso dará más galones a una de las negociadoras. Este miércoles se vieron y volvieron a salir de la reunión enfrentados en lo esencial. Unidas Podemos se está alineando en esta pugna con los socios parlamentarios con los que el Gobierno consiguió aprobar los Presupuestos. Esencialmente son ERC y EH Bildu, que transmiten continuamente a la coalición que sólo convalidarán una normativa que se dirija en los términos que vienen proponiendo los de Iglesias. La Ley de Vivienda, por tanto, no sólo en un problema político en el seno de la coalición sino también en el hemiciclo para la estabilidad de Sánchez en Moncloa.

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Lucas planteó a Belarra este martes en un "borrador de trabajo" -al que ha tenido acceso La Información- una serie de medidas para intentar avanzar en el acuerdo. En resumen se trató de una batería de bonificaciones para intentar reducir los alquileres que en Unidas Podemos no ven. Lo rechazan. En concreto el PSOE propone bonificaciones en el rendimiento neto obtenido por alquiler de vivienda habitual (IRPF). De esta forma, si los propietarios rebajan un 10% el alquiler a sus inquilinos en zonas tensionadas podrán tener acceso a una rebaja del 90% en el IRPF. Del mismo modo, si alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años, si se trata de una vivienda nueva o si se utiliza en programas de alquiler social o entidades sin ánimo de lucro de atención a colectivos vulnerables la bonificación en el Impuesto sobre la Renta será del 70% en IRPF. Más propuestas: si la vivienda en alquiler ha sido rehabilitada en los últimos 3 años o si sale al mercado a precio limitado la reducción en el IRPF será del 60%. 

A Podemos no le gusta nada este documento y critica que el PSOE no quiera, a pesar de que se encuentra negro sobre blanco y de que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un documento en esta línea, "incluir la regulación de precios del alquiler en la Ley de Vivienda". La propuesta de Belarra es la de "un control de precios". Es decir, intervenir el mercado del alquiler como ya se ha hecho en otros países, tanto de Europa como en EEUU. Lo tienen estudiado. Un informe de la Vicepresidencia segunda al que ha tenido acceso La Información explica que "países como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Italia, Austria, Holanda y Suiza cuentan con herramientas para controlar los precios del alquiler, así como en los estados de California y Nueva York". Y añade: "Distintos estudios económicos señalan que la regulación de los alquileres ha conseguido paliar los potenciales efectos negativos de haberse mantenido las abusivas subidas de los años anteriores". Uno de ellos es este publicado en IMK Report.

Unidas Podemos acusa al PSOE de un "incumplimiento flagrante el acuerdo de Gobierno"

En Unidas Podemos acusan a sus socios de un "incumplimiento flagrante el acuerdo de Gobierno" y critican que todas estas bonificaciones progresivas no son más que "dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler". El ambiente está caldeado. Es más, ponen de manifiesto que, "en base a esta propuesta, cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor sería el beneficio fiscal que reciba".

No es el único motivo de conflicto. El PSOE propuso también a sus socios introducir en la Ley la posibilidad de que los ayuntamientos impusieran un recargo en la cuota líquida del IBI de hasta el 50% a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Unidas Podemos considera esta receta insuficiente y plantea un impuesto específico a la vivienda vacía en las áreas de mercado tensionado.

Los negociadores políticas no avanzan y tampoco hay visos de que lo hagan. Después del fracaso de la reunión de ayer, Lucas y Belarra no tienen fecha para un nuevo encuentro. Será, la próxima semana, momento de los técnicos, que intentarán aclarar las propuestas. Pero el carril político ha entrado en barrena. Fuentes de PSOE y UP apuestan por que el conflicto sólo se pueda solucionar al máximo nivel. Entre Sánchez e Iglesias o, incluso, si todo se alarga, entre Sánchez y Díaz.

La sociedad civil se manifiesta por una ley ambiciosa

La Ley de Vivienda es una de las principales demandas de los colectivos sociales al Gobierno. Más de 9.000 organizaciones solicitaron el pasado mes de octubre el Ejecutivo impulsar una regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña con el objetivo principal de contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados. El compromiso fue firmado por la coalición el pasado 26 de octubre y es ahora cuando todas las partes están librando una pugna por el contenido de la ley.

Detrás de la futura norma, por tanto, no sólo se encuentran PSOE y UP sino que hay un considerable número de organizaciones sociales que han ido realizando sus aportaciones en los últimos meses y que esperan una solución. Las manifestaciones de los últimos días en Madrid, por ejemplo, son claros ejemplos de que las plataformas están esperando que desde el Ejecutivo se ponga en marcha una regulación ambiciosa a nivel estatal. Lo mismo ocurre con los socios de los Presupuestos, que se posicionan en esta batalla del lado de Podemos. Hace unos días, de hecho, ERC y EH Bildu registraron la petición de comparecencia en el Congreso de Ábalos para que explique "la previsión del Gobierno de legislar para limitar el alquiler".

Otro de los asuntos en discusión es el papel de las inmobiliarias y las comisiones que cobran por prestar sus servicios. En la propuesta que se encuentra sobre la mesa de negociación se recoge que no sea el comprador o el inquilino quien satisfaga ese importe, una medida que viene insistiéndose desde estos colectivos sociales desde hace varios años. Al igual que la citada regulación de los alquileres o la eliminación de los privilegios fiscales de las socimi, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, así como las organizaciones de consumidores, llevan desde 2017 haciendo ver a los representantes del poder legislativo y ejecutivo que estos honorarios sólo benefician a quien vende o alquila. Se trata de cantidades que varían y, aunque se negocian, suelen corresponder con una mensualidad o con el 10% de una anualidad, en el caso de los alquileres. En las operaciones de compra-venta estas comisiones varían dependiendo del tipo de vivienda.