Momento decisivo para el Gobierno de coalición. La Ley de Vivienda está poniendo a prueba la relación entre PSOE y Unidas Podemos con una negociación protagonizada por la tensión y cuya clave de bóveda se encuentra en la regulación del mercado del alquiler. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se manifestó este lunes en contra de "imponer" un control de precios y habló de la vía de los incentivos fiscales. Los morados consideran que esta medida, si es finalmente la que se refleja en el anteproyecto de ley, supondría un incumplimiento de lo pactado y se plantean romper la unidad con sus socios, según ha podido saber La Información.
Desde Unidas Podemos explican que sólo aceptaran una ley que contenga lo pactado el 26 de octubre: medidas para "bajar los precios" de los arrendamientos. Si no es así, ni los ministros morados ni el grupo parlamentario apoyarán la normativa. "Pacta sunt servanda", indican los socios de Sánchez. "Para cumplir con lo acordado en el acuerdo de Gobierno de coalición entre UP y PSOE, ambas formaciones han acordado regular la contención de rentas del alquiler en la Ley de Vivienda. Lo pactado obliga", exponía ayer la negociadora de la Vicepresidencia segunda, Ione Belarra.
La primera reunión tras las elecciones catalanas se celebró la semana pasada y los avances brillaron por su ausencia. "Unidas Podemos lamenta que el PSOE continúe sin hacer una propuesta sobre la regulación del precio del alquiler a una semana de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros", indicaron fuentes moradas. "El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja para impulsar una Ley de Vivienda que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables", replicaron desde el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Desde Unidas Podemos explican que sólo aceptaran una ley que contenga lo pactado con el PSOE el 26 de octubre. "Pacta sunt servanda"
Este martes los negociadores retoman las conversaciones. A un lado de la mesa se sentará la propia Belarra. Al otro, el equipo de David Lucas, secretario general de Vivienda. Han programado un segundo encuentro para el miércoles. Se avecinan, por tanto, 48 horas decisivas. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que ambos ministerios intentarán en estas dos citas avanzar en la negociación a ver si es posible unificar posiciones y que lo avanzado ayer por Ábalos es una posición inicial.
El propio Ábalos afirmó este lunes los mecanismos "más ocurrentes [para intentar regular los alquileres] son los incentivos fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer". El ministro dejó claro que su prioridad es que la nueva normativa no generen una "detracción del mercado" y que no puedan existir problemas legales. "Coincidimos con Podemos en el objetivo, no en los instrumentos; la ley necesita seguridad jurídica y tenemos que cuidarnos mucho de la posible inconstitucionalidad", dijo. "Tiene que respetar todos los derechos que se contemplan en el estado de derecho", concluyó.
Son dos formas muy diferentes de abordar el reto de esta ley. El Ministerio de Transportes, en efecto, se agarra en sus propuestas a revisar la exención del 60% en el IRPF a la que pueden acogerse los propietarios de una vivienda en alquiler calculado en base a los ingresos que se hayan obtenido del piso en un año, menos los gastos también adquiridos. El PSOE apuesta, por tanto, por esa vía de los incentivos o los beneficios fiscales, un modelo similar al que se aplica en Portugal, tal y como se adelantó en estas páginas. Pero Unidas Podemos discrepa de este modelo y lo tilda de "fracaso" tal y como reconoce un informe de la Vicepresidencia segunda que analiza el modelo luso.
La sociedad civil se manifiesta por una ley ambiciosa
La Ley de Vivienda es una de las principales demandas de los colectivos sociales al Gobierno. Más de 9.000 organizaciones solicitaron el pasado mes de octubre el Ejecutivo impulsar una regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña con el objetivo principal de contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados. El compromiso fue firmado por la coalición el pasado 26 de octubre y es ahora cuando todas las partes están librando una pugna por el contenido de la ley.
Detrás de la futura norma, por tanto, no sólo se encuentran PSOE y UP sino que hay un considerable número de organizaciones sociales que han ido realizando sus aportaciones en los últimos meses y que esperan una solución. Las manifestaciones de los últimos días en Madrid, por ejemplo, son claros ejemplos de que las plataformas están esperando que desde el Ejecutivo se ponga en marcha una regulación ambiciosa a nivel estatal. Lo mismo ocurre con los socios de los Presupuestos, que se posicionan en esta batalla del lado de Podemos. Este lunes, de hecho, ERC y EH Bildu registraron la petición de comparecencia en el Congreso de Ábalos para que explique "la previsión del Gobierno de legislar para limitar el alquiler".
Otro de los asuntos en discusión es el papel de las inmobiliarias y las comisiones que cobran por prestar sus servicios. En la propuesta que se encuentra sobre la mesa de negociación se recoge que no sea el comprador o el inquilino quien satisfaga ese importe, una medida que viene insistiéndose desde estos colectivos sociales desde hace varios años. Al igual que la citada regulación de los alquileres o la eliminación de los privilegios fiscales de las socimi, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, así como las organizaciones de consumidores, llevan desde 2017 haciendo ver a los representantes del poder legislativo y ejecutivo que estos honorarios sólo benefician a quien vende o alquila. Se trata de cantidades que varían y, aunque se negocian, suelen corresponder con una mensualidad o con el 10% de una anualidad, en el caso de los alquileres. En las operaciones de compra-venta estas comisiones varían dependiendo del tipo de vivienda.
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