La Ley de Vivienda ha entrado en barrena y ninguna de las dos partes tienen en el horizonte la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto o medio plazo. El relevo ejecutado por Pedro Sánchez en el Ministerio de Transportes, con el cese por sorpresa de José Luis Ábalos y el desembarco de Raquel Sánchez, abrió una vía de esperanza. Pero apenas dos semanas después de los cambios la situación sigue siendo la misma: parálisis total. Además, la reunión del presidente del Gobierno con los fondos de inversión que se verían afectados por la norma, como BlackRock o Blackstone, no ha gustado nada ni a los socios de la coalición ni a las plataformas sociales implicadas.
Es un encuentro que ha levantado en armas a la parte morada de la coalición. Sánchez visitaba el pasado miércoles el cuartel general de BlackRock para reunirse con su CEO, Laurence D. Fink. Antes lo hacía, en conjunto, con otras grandes compañías con intereses inmobiliarios en nuestro país. Fuentes gubernamentales confirman que uno de los asuntos que los interlocutores del presidente pusieron sobre la mesa fue la polémica Ley de Vivienda y, en concreto, el nudo gordiano de la negociación en la coalición, la intervención de los precios del alquiler. Las mismas fuentes añaden que Sánchez se limitó a expresar el compromiso del Gobierno con la "seguridad jurídica" y, por tanto, a tranquilizar a estos grandes fondos. La reacción de Unidas Podemos fue inmediata y pública. Vino de la mano de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que fijo que "los fondos buitre no votan en el Congreso".
La cumbre de Sánchez con estos grandes inversores ha sido la gota que ha colmado el vaso de una tensa relación entre PSOE y Unidas Podemos. La cuerda empieza a estar excesivamente tensa. También en ERC o EH Bildu avisan que o hay Ley de Vivienda en la coalición o plantearán su propio proyecto en el Congreso para obligar al PSOE a "tratatarse". El ambiente, en este momento previo a las vacaciones, se encuentra enrarecido y las plataformas sociales están estudiando movilizaciones en la calle. El inicio del curso político, avisan, será movido.
El incumplimiento del pacto que acompañó a los Presupuestos de 2020 ya ha superado el medio año. Y, a la vista de que el acuerdo no va a llegar antes de septiembre, alcanzará los ocho meses a la vuelta de vacaciones. Hay que recordar que PSOE y UP pactaron aprobar el proyecto de Ley de Vivienda en Consejo de Ministros el pasado mes de enero y tenerlo registrado en el Congreso de los Diputados antes de que finalizara febrero. Los plazos no se cumplen con creces y, como decimos, no se esperan novedades cercanas. De hecho, desde UP ya han avisado que 2021 podría acabar sin la norma.
El principal problema sigue estando en la citada regulación de los alquileres. El último intercambio de papeles acabó mal. El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos, trasladó a sus socios de Unidas Podemos una propuesta en la que planteaban dos novedades: un mecanismo, sin concretar, para poder bajar los precios de los arrendamientos y, a su vez, la posibilidad de subir un 10% determinados contratos. Este segundo punto provocó una crisis con los morados que ha reclamado eliminarlo de la negociación.
La nueva ministra Raquel Sánchez no se ha visto aún en solitario con Ione Belarra
Desde entonces no ha habido ningún avance. Y desde ese contacto ha pasado ya casi un mes. La nueva ministra Sánchez no se ha visto aún en solitario con Ione Belarra. Ambas se han encontrado en los Consejos de Ministros. Incluso en el primer cónclave hablaron brevemente sobre la posibilidad de retomar la negociación donde la dejó Ábalos y avanzar. Pero no ha habido ninguna novedad más. Desde el Ministerio de Derechos Sociales muestran su disposición a reunirse cuanto antes.
La ministra de Transportes ha decidido confirmar al equipo de Ábalos que negociaba la Ley de Vivienda. Continúa David Lucas como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, el hombre clave de todas las conversaciones. Y Sánchez hereda también a Ricardo Mar, jefe de gabinete del exministro. Se espera continuidad, por tanto, por parte de los socialistas. Una fuente añade: "Que Sánchez, en su etapa de alcaldesa de Gavá, declarara el municipio como área de mercado tensionada y reguló el precio de los alquileres no significa que la negociación se vaya a desbloquear de forma inmediata".
De hecho, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, última no os voy a decir que la podamos tener antes de que acabe el año, porque está siendo una pelea muy muy complicada, realmente muy difícil. Pero si empujamos todas creo que lo podemos conseguir", ha dicho.
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