Jueves importante de cara a la negociación de la futura Ley de Vivienda. Los negociadores del Ministerio de Transportes, encabezados por el director general de Vivienda, David Lucas; y de la Vicepresidencia segunda, liderados por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, vuelven a reunirse a las 12 de la mañana para intentar avanzar hacia un acuerdo que se antoja complicado. De forma paralela, el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias tienen previsto esta semana un cara a cara en Moncloa donde abordarán la problemática interna, entre otros asuntos. Las posiciones siguen muy alejadas, siendo las medidas para rebajar el precio de los alquileres el principal punto de fricción. El PSOE ha puesto sobre la mesa dos propuestas más pero Unidas Podemos insiste en una regulación.
Los socialistas han planteado a sus socios en el intercambio de pareceres poner en marcha una ampliación de las ventajas fiscales a las que tienen derecho los propietarios de una vivienda. Actualmente, según la Ley del IRPF, los inquilinos pueden acogerse a una reducción de un 60% en el impuesto sobre la renta, una deducción que se calcula a raíz de los ingresos que se hayan obtenido del piso en el año en curso descontando los gastos. El PSOE plantea, por tanto, que ese porcentaje pueda ser superior en caso de que el inquilino rebaje el alquiler por debajo del índice de precios que se fije en las zonas de mercado tensionadas, esencialmente en grandes ciudades.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) cifró en su 'spending review' sobre beneficios fiscales, publicado en julio del año pasado, que esta reducción por arrendamiento de viviendas supone una pérdida de 1.039 millones en la recaudación anual para la Administración General del Estado. La medida que plantea el PSOE tendría que contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda e incrementaría esa cifra. La autoridad que preside Cristina Herrero identificaba en su estudio la "creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas".
La AiREF cifra en 1.039 millones la pérdida de ingresos que suponen los incentivos fiscales del alquiler
La AiREF proponía el Ejecutivo "reformular el incentivo" y reorientarlo para "facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables" por ejemplo "mediante la modulación de la intensidad del incentivo en base al índice de alquiler de vivienda por sección censal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o la inscripción como vivienda de alquiler social". Unidas Podemos rechaza, por su parte, los incentivos fiscales y califica el modelo, que se aplica en Portugal y en el que se ha fijado el Ministerio de Transportes, de "fracaso".
Otra de las propuestas que ha llevado el PSOE a la mesa de negociación pasa por prohibir las subidas del alquiler a los colectivos considerados vulnerables cuando finalice su contrato. Los inquilinos, si finalmente se refleja esta medida en la Ley de Vivienda, estaría obligados a mantener el mismo precio a la hora de renovar la relación. Unidas Podemos no ve mal esta medida pero plantea que el veto se extienda a todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Pone de manifiesto, además, que la consecuencia sería la de mantener los precios, no que bajaran.
La Vicepresidencia segunda sigue insistiendo en un paquete de medidas más ambicioso para rebajar los alquileres que contenga el "obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social". Esta medida es similar a la que ya se aplica en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco, que fue pionera, la vivienda protegida que se construye sólo puede salir en régimen de alquiler. Es obligatorio. O en Cataluña, con una normativa mucho más reciente, donde los promotores tienen que dedicar entre el 40% y el 50% de sus viviendas a VPO. Son espejos en los que se ha fijado el equipo morado. La diferencia es que UP propone a nivel estatal reservar ese 30% al parque de vivienda de grandes tenedores ya construida, no a la nueva.
Más medidas que plantea Unidas Podemos para incluir en la nueva Ley de Vivienda y que el PSOE no termina de ver. O, al menos, en las que no se ha manifestado con sus socios, de momento: aprobar un impuesto a la vivienda vacía y la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. Belarra también ha defendido incluir en la futura legislación que la comisión que cobran las inmobiliarias, y que normalmente se corresponde con las gestiones que realizan este tipo de empresas, la abone obligatoriamente el propietario de la vivienda o el arrendador. El PSOE sí se muestra a favor de esta última medida.
Mientras los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se reúnen y en vísperas del esperado cara a cara entre Sánchez e Iglesias en Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un documento político en el que el Gobierno sellaba un nuevo compromiso de cara a la regulación de los precios de los alquileres, aunque sin concretar el instrumento. Se trata del informe de "Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible" que elevó la Vicepresidencia segunda y en él se refleja el objetivo de "la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios". Las discrepancias sobre el cómo siguen siendo evidentes.
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