El Gobierno ha adquirido un nuevo compromiso de cara a la regulación de los precios de los alquileres, aunque sin concretar el instrumento. En plena negociación de la futura Ley de Vivienda, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un amplio documento político de la Vicepresidencia segunda del Gobierno en el que la coalición sella, por tercera vez, el acuerdo para "la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios". PSOE y Unidas Podemos siguen manteniendo, en este momento, serias discrepancias en esta futura norma, una de las más problemáticas para la coalición en el año y tercio de legislatura.
El presidente y sus ministros han dado luz verde al informe de "Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible" que ha elevado el vicepresidente Pablo Iglesias. En él, según ha sabido La Información, se incluye el compromiso de aprobar "acciones políticas que garanticen en el derecho a la vivienda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución Española". Es uno de los asuntos centrales del documento: el acceso a la vivienda como derecho social.
En concreto, el texto habla de "medidas" que "pongan freno a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".
"Dicha cuestión -añade el mismo documento- será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda". Negro sobre blanco es un compromiso que choca con las declaraciones de las últimas horas de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. La ministra de Economía mostró este lunes su rechazo a regular el precio de los alquileres y apostó en su lugar por aumentar el parque público de vivienda, una medida a su juicio "más concreta y eficaz". "Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda", afirmó en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE.
La Ley de Vivienda se sigue negociando entre PSOE y Unidas Podemos pero las conversaciones se encuentran totalmente estancadas. El director general de Vivienda, David Lucas, y la secretario de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, vuelven a reunirse este jueves por la mañana para intentar alcanzar un acuerdo. El principal motivo de fricción es el mecanismo a emplear: los socialistas apuestan por incentivos fiscales a quien rebaje el precio de los alquileres y los morados solicitan medidas urgentes para movilizar la vivienda vacía y regular los arrendamientos.
Es la tercera vez que la coalición sella un compromiso para establecer una regulación del precio de los alquileres. Ya lo hicieron en el acuerdo de Gobierno y volvieron a refrendar su compromiso el pasado mes de octubre con el pacto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las disensiones entre PSOE y Unidas Podemos impiden la llegada a Consejo de Ministros de una Ley que debería estar aprobada por el Gobierno el pasado mes de enero. Es marzo y las negociaciones siguen empantanadas.
Apuesta por la contratación indefinida
Además, el Gobierno se ha comprometido en el mismo texto que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros a que la contratación indefinida sea "la norma" en el mercado de trabajo, "a diferencia de lo que hoy sucede". Es un detalle importante ya que el Ejecutivo va a comenzar en unos días la negociación con los agentes sociales de contrarreforma laboral. En esa línea, el documento también marca el objetivo contar "con un mecanismo de sanciones y desincentivos suficientemente disuasorios" para acabar con el uso abusivo de la contratación temporal.
Las Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible son el núcleo de la citada Estrategia, el plan político de una década para que España se convierta en un país "justo socialmente, sostenible y feminista en 2030", apuntan fuentes del Gobierno. La hoja de ruta se aprobará previsiblemente en el mes de junio y el propio Iglesias presentará este plan ante la ONU en el mes de julio. Podría ser su primer viaje a la organización con sede en Nueva York como miembro del Gobierno.
