El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una votación clave que marcará su postura frente a la última maniobra del Gobierno para poder renovar el Tribunal Constitucional (TC). Como ya hizo en diciembre de 2020, cuando el Ejecutivo anunció la reforma legislativa para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando éste se encuentre en funciones, vuelve a debatir sobre su competencia para informar acerca de futuras leyes, independientemente de cuál sea su tramitación. Una discusión que en principio cuenta con una mayoría a favor de este punto, pero al límite de poder toparse con un empate técnico, que resolverá el voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes.
El Pleno del CGPJ que se celebra este jueves estudia la propuesta de nueve vocales del bloque conservador que plantearon reclamar al Congreso de los Diputados que recabe su opinión antes de dar salida a la nueva reforma 'exprés' de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), instada por el PSOE. Esta consiste en modificar la restricción impuesta al órgano de gobierno los jueces para que no haga nombramientos en la cúpula judicial mientras su mandato esté caducado. Con el nuevo cambio, el Ejecutivo pretende desbloquear la renovación del órgano intérprete de la Carta Magna y que se puedan designar los cuatro magistrados que ahora toca -dos a propuesta del Gobierno y otros dos por el CGPJ- para lograr la mayoría progresista.
Sin embargo, esta medida no ha sido bien acogida por gran parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que llevan esperando su renovación desde el 4 de diciembre de 2018. En este sentido, varias fuentes del órgano tacharon las intenciones del partido liderado por Sánchez de "incoherentes", "contradictorias" e "inadmisibles", al recordar que la ley en cuestión fue modificada en marzo de 2021, con la mayoría parlamentaria de PSOE y Unidas Podemos, para evitar que el CGPJ, que aún en funciones mantiene una mayoría conservadora, pudiera seguir nombrando altos cargos judiciales. Ello suscitó críticas del sector judicial y lo vuelve a hacer ahora, ya que las limitaciones a la institución no serían revocadas por completo, sino "conforme a los intereses del Gobierno", según las fuentes consultadas.
En aquella ocasión, los partidos del Gobierno de coalición impulsaron la reforma mediante una proposición de ley, sorteando así pedir un informe -preceptivo, que no vinculante- al CGPJ sobre el cambio legal que afectaría a sus competencias. Por ello, en diciembre de 2020, la institución presidida por Carlos Lesmes aprobó por mayoría pedir al Poder Legislativo que tuviera la deferencia de recabar su opinión antes de dar luz verde a la modificación normativa. Sin embargo, la Mesa del Congreso -con la mayoría de los partidos que conforman el Gobierno- no lo vio necesario y rechazó la reclamación.
Obligación de escuchar al CGPJ
Situación similar se vive un año y medio después. Ocho vocales propuestos por el PP y otro por Convergència i Unió (CiU) han forzado a Lesmes a incluir en el orden del día del Pleno que se celebra este jueves el debate sobre volver a reclamar al Congreso que le escuche antes de tramitar una nueva reforma de LOPJ, en la que sus competencias se vuelven a ver tocadas. En un escrito presentado este lunes ante el presidente del CGPJ, los consejeros señalaron que el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el Gobierno solo tiene obligación de someter a examen del órgano de gobierno de los jueces determinados anteproyectos de ley, mientras que se deja abierta la posibilidad en el caso de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
En esta línea, subrayan que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone que cuando una proposición de ley se refiera a los "aspectos nucleares" del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten a las funciones de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, "debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ". Y es en este último argumento en el que se basan los vocales conservadores para exigir que las Cortes les tengan en cuenta.
Asimismo, el escrito también plantea dirigirse a la Comisión Europea para "informar sobre la referida proposición de ley", si bien este punto puede ser algo más conflictivo, según señalan fuentes del órgano del gobierno de los jueces. Cabe recordar que en diciembre de 2020 también se expuso la necesidad de acudir a las instituciones europeas, en concreto a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, pero finalmente no tuvo éxito.
Posibles escenarios
La votación relativa a la anterior reforma de la mencionada ley -que se tramitó por la vía de urgencia- salió adelante con 16 votos (de 21) contra cinco, estos últimos de vocales del sector progresista, que formularon un voto particular discrepante, en el que se acusó al resto de compañeros y a Lesmes (que también votó a favor de dirigirse al Congreso) de "no respetar la separación de poderes". Ahora el escenario es algo distinto. El Pleno cuenta con 18 vocales y el presidente, pues el vocal Rafael Fernández Valverde (propuesto por el PP) está jubilado; y la vocal Victoria Cinto (elegida por el PSOE) se encuentra de baja médica.
En principio, los nueve vocales que han provocado el debate extraordinario necesitan un solo voto más para sacar adelante su propuesta, que puede ser el de Lesmes o de otro miembro del CGPJ. Sin embargo, la situación puede complicarse y verse algo más ajustada, ya que aún no se conoce la postura que mantendrán todos los vocales del ala progresista y del PNV. En caso de que todos ellos, y contando con que Cinto participe en la reunión -que no se espera pero tampoco se descarta, según las fuentes consultadas-, se alineen con el criterio que previsiblemente mantendrán los consejeros discrepantes en la ocasión anterior, se daría un empate. Aquí entraría en juego el voto del presidente, que vale doble en caso de que queden en tablas.
Cabe recordar que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, y las vocales designadas por el PSOE Victoria Cinto, Roser Bach y Mar Cabrejas ya votaron a finales de 2020 a favor de reivindicar el papel del CGPJ en las reformas legislativas que le afectan directamente. A ello cabe añadir que todos estos vocales, salvo Cabrejas, también apoyaron el informe crítico con el anteproyecto del Gobierno sobre la ley de Vivienda, del cual fue uno de los ponentes el miembro del CGPJ nombrado por la formación vasca.
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