Vox ha abierto el debate para acabar con los 'sin papeles' en plena negociación para la investidura en Andalucía. La formación de Santiago Abascal ha propuesto "colaborar con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". En su documento enviado al PP acusa a la Junta de Andalucía de encubrir la inmigración irregular y asegura que las administración autonómica "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía". Pero, ¿por qué Vox realiza esta acusación?
Lo explican fuentes internas del partido que ha logrado 12 diputados en Andalucía y que tiene en su mano el histórico cambio de gobierno. La clave se encuentra en el Servicio Andaluz de Salud, donde se almacenarían los datos de esos 52.000 sin papeles de los que habla Vox en su documento negociador. La Consejería de Salud dispondría, por tanto, de la información personal de esos inmigrantes ilegales que se encuentran en Andalucía pero, según la formación verde, no estaría colaborando con las autoridades del Ministerio del Interior, que necesitarían esos datos para poder hacer su trabajo y devolverles a sus países de origen.
El problema de origen es policial. Los agentes de las diferentes Brigadas de Extranjería y Fronteras tienen serios inconvenientes para expulsar a su país de origen a los irregulares, explican las mismas fuentes. Llegan sin papeles -sin pasaporte- y son recluidos en un CIE al no poder ser identificados. Los policías, en resumen, no pueden acreditar su verdadera identidad y nacionalidad y, por tanto, no pueden devolver a ningún país a los irregulares, porque no saben de donde vienen.
El encubrimiento de la Junta de Andalucía que denuncia Vox se produciría porque algunos de esos inmigrantes sí que acreditan más tarde ante el Servicio de Salud su pasaporte o documentación (es obligatorio), de forma que así obtienen la tarjeta sanitaria o el documento de reconocimiento temporal. Según denunció el sindicato UFP, una vez puestos en libertad por la Policía tras su paso por el CIE, los irregulares contactan con sus familias en sus países de origen para que les envíen esta documentación.
Vox apunta a que en los archivos del Servicio Andaluz de Salud se encuentran registradas esas 52.000 copias de documentación de los irregulares a los que la Policía no termina de poder expulsar. El objetivo del partido de Abascal es lograr una total colaboración entre administraciones, de forma que los agentes de Extranjería puedan proceder a las expulsiones de los irregulares con totales garantías.
La propuesta de Vox constituye una auténtica bomba de relojería para el PP, que tendrá que decidir ahora si la acepta. En caso afirmativo, el partido de Abascal podría exigir lo mismo en otras comunidades donde la formación de Pablo Casado aspire a gobernar a partir de las próximas elecciones autonómicas y municipales ya que la problemática, según explican, no afecta solo a Andalucía.
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