Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a eliminar tres vicepresidencias y diez ministerios como medidas de austeridad frente a la crisis provocada por el coronavirus. Con esta propuesta, el partido de Santiago Abascal pretende que el Gobierno minimice su "extensa" y "mastodóntica" estructura que, según sus cifras, supone un coste de cerca de 16 millones de euros anuales en sueldos de altos cargos.
Además de dejar solo una de las cuatro vicepresidencias y reducir de 22 a 12 los ministerios, Vox propone suprimir o rebajar la categoría y el sueldo de los altos cargos vinculados a cada departamento.
Platea también que se modifique la Ley del Gobierno, así como la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, para fijar un máximo legal de dos vicepresidencias y de doce departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de trece personas, incluido el presidente.
Quiere asimismo una auditoría para detectar en un plazo de seis meses las entidades, observatorios y organismos autónomos de las administraciones públicas que "no realicen funciones esenciales, tengan fines meramente ideológicos o no sirvan al interés general" para su inmediata disolución.
En opinión de Vox, todos los esfuerzos económicos del Estado deben dirigirse a proteger la economía, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren "la cobertura de las necesidades reales de los españoles y la provisión de aquellas que en justicia les correspondan"
Según sus datos, el gasto asociado al Gobierno supone 79.746 euros anuales por cada uno de los cuatro vicepresidentes; 74.858 por cada uno de los restantes 18 ministros; 72.768 por cada uno de los 27 secretarios de Estado; 64.516 por cada subsecretario y asimilado; y 53.163 euros anuales por cada director general y asimilado. A estos gastos, que cifra en un total 15.844.111 de euros anuales en sueldos de altos cargos, habría que sumar dietas, productividad y gastos de representación, así como los "sustanciosos" salarios de las empresas públicas o con participación del Estado.
Para Vox, es una "obligación ética y moral" impulsar políticas que disminuyan la carga que supone para los ciudadanos la existencia de "superestructuras de Gobierno". "Tenemos el deber constitucional de vigilar que el gasto público se programe y ejecute con criterios de eficiencia y economía. España atraviesa una gran tragedia, pero tiene cuatro vicepresidencias y 22 ministerios", denuncian.
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