En el modelo de sociedad de la información al que aspira Vox, las leyes que regulan la actividad de la prensa y la difusión de información en la actualidad no tienen cabida. Lo que incluye a la conocida como 'ley Fraga' de 1966. A lo que aspira el partido de Santiago Abascal es a un nuevo marco en el que todos los contenidos de medios de comunicación, blogs o redes sociales sean válidos. Sin que exista posibilidad de que un periódico, un portal especializado o un ciudadano anónimo puedan señalar que algo publicado es falso. Ni siquiera que se ponga en cuestión una opinión con poco fundamento, labor que solo le podría corresponder a la Justicia. Todo lo anterior es la base de la última propuesta de la formación de extrema derecha, que propone dar un vuelco a la legislación actual con la abrogación de las tres leyes que marcan el devenir de la difusión de información hoy en día. Un deseo que responde a su interés en prohibir que cualquiera pueda desmentir a otro. Aunque lo que sea difundido sea falso.
Este planteamiento de Vox está dentro de su Proposición de Ley de regulación parcial de la verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales. Dicho texto es una declaración de guerra a los conocidos como 'fact checkers' o verificadores de información, que en los últimos años han irrumpido en el mundo del periodismo con proyectos en los que se persiguen la desinformación o se ofrecen pruebas para desmentir informaciones u opiniones de personajes públicos. Es ahí donde entran los miembros del partido de Abascal, que han sido objeto de numerosos desmentidos por medios o plataformas de este tipo. Ante lo que el partido ha respondido señalando que se trata de instrumentos de censura que están vinculados a grupos mediáticos con sensibilidad de izquierdas, a magnates como los empresarios Bill Gates o George Soros, además de al Gobierno de Pedro Sánchez y al régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela.
A juicio de la formación, la labor de los verificadores supone una "censura", ya que no permiten "contradecir los datos oficiales", según expuso en su momento el portavoz de Vox, Jorge Buxadé. Algo que amplía el documento de la PL registrado en el Congreso, donde se señala que estos medios "limitan la comunicación y/o recepción de información por razones partidistas, partidarias, de acción o propaganda gubernamental", a la vez que "someten a control lo que no es información, sino opinión de quien la comunica y la difunde". Un trabajo que, según denuncian, realizan "sin conocimiento de los usuarios de las redes sociales, blogs y sitios web en general, a quienes se oculta la condición dependiente y/o partidista y/o partidaria de las personas y entidades, privadas o públicas, que ejecutan la verificación de noticias falsas". También ocultarían "el carácter propagandístico de la verificación gubernamental de noticias falsas", además de "la mera existencia de esta acción de verificación gubernamental", resaltan en el texto.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Vox reclama que se regule esa verificación porque se trata de "actuaciones constitutivas de violaciones de los derechos fundamentales a comunicar o recibir libremente información veraz y/o a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones". Una nueva legislación que no debería aplicarse solo a redes sociales, blogs o webs especializadas, sino que también debería marcar el desempeño diario de los medios de comunicación, ya sean impresos, digitales o audiovisuales. Además, solo podrán desempeñar esa labor de 'fact checking' los titulares de la empresa que se declaren "directamente o indirectamente dependiente de gobiernos, autoridades o políticamente partidista o partidario". Quien no declare tener una filiación política o al Ejecutivo, no podría ejercer esta actividad, según la PL.
Otros aspectos de la propuesta hablan claramente de prohibir ciertas acciones. La primera afectaría a los gobiernos estatal y autonómicos, a los que no se les permitiría verificar una noticia falsa. Algo especialmente significativo, ya que administraciones de todo color político se han empleado a fondo para advertir de que ciertos contenidos sobre el coronavirus difundidos durante el confinamiento eran falsos. Tampoco se podrán revisar, corregir o desmentir opiniones, sin que existan excepciones. Quienes lleven a cabo alguna de las actividades descritas previamente, serán responsables civilmente de ello. La única vía para que algo pueda ser verificado es a través de los tribunales. Y es ahí donde tendría que acudir todo el que quisiera hacerlo, por lo que solo los jueces podrían ejercer el 'fact checking'.
Las tres leyes que serían derogadas
Para llevar a cabo sus planes, Vox considera que es necesario acabar con la legislación vigente que vertebra la labor que ejercen todos aquellos que se dediquen a difundir contenidos, ya sean informativos o de otro tipo. Esto supondría derogar hasta tres leyes, que son las que sostienen la labor de los periodistas y establecen las obligaciones de las empresas que se dediquen a la comunicación. También son las que garantizan que la censura previa esté totalmente prohibida.
La más destacada es la Ley de prensa e imprenta de 1966, impulsada durante el franquismo por el exministro y fundador de Alianza Popular Manuel Fraga. Una norma bautizada en su día com0 'ley Fraga' que continúa vigente a pesar de promulgarse durante la dictadura, pero de la que se derogaron numerosos artículos conforme la democracia se iba consolidando. Pero que sí mantiene como infracción grave la "intención manifiesta de deformar la opinión pública, se produzca con reiteración o cause una perturbación grave y actual". Lo que chocaría con el propósito de las filas de Abascal de prohibir toda fiscalización gubernativa.
Las otras dos son la ley que regula los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y la general de comunicación audiovisual. La primera, también conocida como 34/2002, de 11 de julio, es la que establece que "la prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa", por lo que impediría ese control inicial al que aspira la extrema derecha. La segunda, la 7/2010, de 31 de marzo, cuenta con la particularidad de considerar contrarios a derecho "la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". Lo que impediría esa libertad de opinión total que reclama Vox. Y como la anterior, entorpecería sus planes.
