Domingo, 18.08.2019 - 05:23 h
Calculan 9.000 millones en pérdidas

Vox plantea una autoridad independiente anticorrupción con la juez Alaya al frente

La formación presenta una Proposición de Ley para proteger a los denunciantes de prácticas corruptas en administraciones y empresas.

La jueza Mercedes Alaya llega a la Audiencia de Sevilla
Vox plantea una autoridad independiente anticorrupción con la juez Alaya al frente / EP

Vox ha registrado este lunes una Proposición de Ley para crear una autoridad independiente de lucha contra la corrupción. El organismo, similar a la Airef en materia fiscal, estaría dirigido por la juez de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, y se integraría orgánicamente en el Ministerio de Justicia, según el texto presentado por la formación en el Congreso de los Diputados.

Esta Ley que plantea Vox también propone la protección integral de los denunciantes de corrupción. Es decir, plantea que gocen de una especial inmunidad aquellas personas que informan dentro de la organización o a una autoridad externa sobre actos reprobables obtenidos en un contexto laboral o los revelan al público- y reconocer su contribución a "prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos".

La formación expone que estas denuncias sobre corrupción en la administración y en empresas no se producen en ocasiones "por temor a represalias". En su presentación, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha remarcado "la urgencia y enorme importancia de brindar una protección eficaz a los denunciantes, en aras de salvaguardar el interés público por el que velan y protegen con su sacrificio". Se trata de un "paso decisivo para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran los denunciantes de corrupción", añaden desde el partido dirigido por Santiago Abascal.

Vox recuerda el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución española para destacar también que "la protección de los denunciantes como fuentes de información de los periodistas es esencial para que el periodismo de investigación pueda cumplir su función de vigilancia". La Ley, además, serviría para trasponer la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como 'whistleblowers'), aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril de 2019.

Más de 9.000 millones en pérdidas

Vox calcula que la falta de protección de los denunciantes por corrupción supone para España una pérdida de beneficios potenciales de entre 5.800 y 9.600 millones solo en el ámbito de la contratación pública. Para ofrecer esta cifra se remite a un estudio de 2017 de la Comisión Europea.

Iván Espinosa de los Montero y Macarena Olona este lunes en el Congreso
Iván Espinosa de los Montero y Macarena Olona este lunes en el Congreso / Vox

Vox propone que esos denunciantes de corrupción puedan ser incentivados con un "premio por importe equivalente al 10% de la cuantía efectivamente recuperada del importe total en que se cifre el perjuicio al erario". 

El papel de la juez Alaya

La Proposición de Ley, como decimos, propone la creación de la una 'Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción' con la juez Alaya al frente. Este organismo estará "dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada", y "actuará con plena independencia orgánica y funcional respecto de las Administraciones Públicas en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines", expone Vox.

La formación también plantea que las personas candidatas a ocupar el cargo de este organismo sean propuestas al Congreso de los Diputados por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, así como por los grupos parlamentarios. La Proposición de Ley también contempla sanciones de 200 a 400.000 euros en función de la gravedad del delito cometido, así como la declaración firme de incumplimiento del deber.

Modificación de la Ley del indulto y otras

El texto presentado este lunes por Vox en el Congreso presenta, además, disposiciones finales para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y derogar los plazos máximos de duración de la instrucción de los procesos penales. Así, desde 2015 ese plazo es de 6 meses susceptible de ser ampliado a 18 meses para las causas complejas. "Esta medida -señala Vox- no se acompañó del necesario refuerzo de medios personales y materiales en la Administración de Justicia".

También plantean modificar la Ley de indulto para los casos de delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Se incluyen también los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la Comunidad Internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público.

Por último, Vox propone la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados cumplan sus penas en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público.

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