El 'cordón sanitario' del Gobierno contra Vox se extiende hasta la primera línea de mando en la toma de decisiones en materia laboral. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llevado a cabo una ronda de reuniones bilaterales con representantes de todas las formaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados de la que ha excluido taxativamente al partido que preside Santiago Abascal. Segun ha podido saber La Información por fuentes de su entorno más cercano, Vox es la única formación a la que la responsable de Unidas Podemos ha vetado en las conversaciones privadas para tratar, entre otros asuntos, la derogación parcial de la reforma de 2012.
"La ministra ya se ha reunido con representantes de varios partidos", avanzan desde su departamento, no sin puntualizar que "con todos, menos con Vox", que sí acudió ayer mismo a una reunión de carácter informal convocada con todos los portavoces de Trabajo de los grupos parlamentarios. Según relatan fuentes presentes en el encuentro, el trato del portavoz del ramo de Vox, Juan José Aizcorbe, con Díaz fue "cordial y correcto", por lo que en la formación verde se muestran sorprendidos al conocer que la ministra les ha excluido de la ronda de encuentros bilaterales que ha llevado a cabo por decisión propia y antes de la reunión conjunta con todos los portavoces.
La responsable de pilotar la política laboral de la coalición progresista durante esta legislatura ha rechazado sentarse con el tercer partido con mayor representación del Congreso que cuenta con 52 diputados y el respaldo de 3,6 millones de votantes. ¿El motivo? Al cierre de esta edición el Ministerio de Trabajo y Economía Social no había aportado ninguna razón para este veto, ni política ni técnica. Desde Vox advierten de que "la ministra se equivoca, y mucho, si en la acción gubernamental pretende aislar a la tercera fuerza política". Otras voces del partido de Abascal hablan de sectarismo y recuerdan que la ministra de Trabajo, de orientación política comunista, está en las antípodas ideológicas de Vox.
Con quien sí ha despachado Díaz es con el artífice de la reforma que pretende desmontar. La ministra ha querido conocer de primera mano las prioridades del Partido Popular en materia laboral, si bien Pablo Casado ya ha dejado clara su postura al pedir directamente a Pedro Sánchez que renuncie a modificar la legislación de 2012 a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y previa ruptura con sus socios independentistas. El líder 'popular' ha tachado de "suicida" la derogación de la reforma laboral en pleno frenazo de la economía y el empleo y cuando todavía quedan en España más de tres millones de parados.
Desde el PP hasta Teruel Existe, Díaz ha tenido en consideración al resto de partidos del espectro político que no son Vox en una ronda de reuniones que en su departamento califican de "internas", por lo que no se conoce su contenido ni se hacen valoraciones públicas, por el momento. Entre los temas a tratar, sobre todo, las modificaciones de la reforma laboral que ya tiene previstas y en las que coinciden formaciones como ERC, Bildu o Más País. Se trata de aspectos como el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación de obras y servicios, la prioridad aplicativa de los convenios o la ultraactividad.
La ministra se ha lanzado a tantear las posiciones de los grupos para preparar el terreno parlamentario de cara a los apoyos que serán necesarios para poner en marcha estos cambios. La primera modificación legislativa en materia laboral, la derogación del artículo 52 del ET que contemplaba la acumulación de bajas médicas como causa objetiva de despido, se ha llevado a cabo por la vía urgente del real decreto ley, pero partidos como JxCAT y el PNV ya han advertido al Gobierno de que, una vez desbloqueada la legislatura, ya no se puede gobernar a golpe de decreto y sus iniciativas deben pasar por el Parlamento.
El diálogo social, a contrarreloj
En paralelo al diálogo político el Gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria del diálogo social. Todos los viernes a las 9 de la mañana el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, recibe a los interlocutores de las organizaciones patronales y sindicales para avanzar en el contenido de la primera fase de la contrarreforma laboral en la que se pretenden abordar la subcontratación, la vuelta a la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y a la ultraactividad de los convenios. El número dos de Díaz trabaja contrarreloj para lograr un acuerdo esta misma primavera, según avanzan fuentes conocedoras de las reuniones semanales.
Sin embargo, en el área laboral del Ejecutivo ya avisan de que, en caso de que no se logre alcanzar un pacto con los agentes sociales, no puede haber "dejación legislativa" y, por tanto, las modificaciones se llevarán a cabo "sí o sí". Estos primeros cambios serán rápidos porque en una segunda fase Yolanda Díaz quiere adentrarse en la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo a las condiciones del trabajo en el siglo XXI. Ese proceso, adelantan sin fijar un 'deadline', "será pausado y muy largo".
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