Ya son siete los detenidos en la provincia de Barcelona por corrupción

  • Después de los recientes registros en las localidades andaluzas de El Ejido y Almogía y la gallega de Castro de Rei, gobernadas por socialistas y por una escisión del PP respectivamente, llega el turno para Cataluña, donde Garzón ha abierto una operación contra la corrupción en diferentes municipios de la provincia de Barcelona y ha detenido al que fuera secretario general de Presidencia de Jordi Pujol, así como al alcalde de Santa Coloma de Gramanet.
Agencias
Agencias

Ya son siete las personas detenidas en la operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tras el registro de las sedes de losayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu(Barcelona), según fuentes de la investigación. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

Entre los siete detenidos, por el momento, en esta operación contra la corrupción desarrollada en la provincia de Barcelona, se encuentra Lluis Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol entre 1980 y 1990. También han sido arrestados el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, del PSC, y el director gerente de Servicios del consistorio, Pascual Vela.

Además, también se encuentran detenidos el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco Touriño, el diputado del PSC Luis García y dos empresarios, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, con intereses en la provincia de Barcelona.

Fuentes jurídicas han asegurado que la investigación se inició en la Audiencia Nacional en 2007 y está relacionada con otra causa llevada en la propia Audiencia Nacional dos años antes. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

Ya en 1990 Lluis Prenafeta fue acusado por el sindicato CNT y un grupo de abogados catalanes de aprovecharse de su cargo público para intereses personales, en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat de Cataluña. El 4 de febrero de 1993, la Audiencia de Barcelona archivó las diligencias contra Prenafeta por entender que el acusado no había incurrido en ninguno de los delitos denunciados.

En el transcurso de la operación, agentes de la Guardia Civil se han desplazado a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para registrar varios despachos de la sede municipal, de donde han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación.

El resto de los arrestados, al parecer, son personal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y empresarios del sector inmobiliario de servicios.

El consistorio de Santa Coloma, un municipio cercano a Barcelona, está gobernado por el socialista Bartomeu Muñoz, el de Badalona por el también socialista Jordi Serra. Por su parte, en Sant Andreu gobierna Enric Llorca de Convergència i Unió.

Registros en Andalucía

Esta operación en la provincia de Barcelona se suma a las abiertas en Lugo, Malaga y Almería de las últimas semanas. Así, en la operación en el Ayuntamiento de Castro de Rei (Lugo) hay cuatro detenidos, miembros de la corporación, entre ellos el alcalde, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Además, entre estos últimos registros destaca el del Ayuntamiento de El Ejido, en el que la operación Poniente investiga una presunta trama de corrupción en el consistorio de esta localidad.

Así, el pasado 20 de octubre la Policía Nacional detuvo a veinte personas, entre ellas el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido.

Ese mismo día, agentes de la Guardia Civil registraron el consistorio malagueño de Almogía, en el que requisaron documentación sobre las presuntas irregularidades relacionadas con expedientes urbanísticos. Las pesquisas las llevan a cabo el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) del instituto armado y la Policía Judicial.

Finalmente el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por los delitos deprevaricación urbanística y falsedad documental, después de que hayaquedado en libertad con cargos tras declarar el pasado viernes ante la Guardia Civil.

Mostrar comentarios