Lunes, 11.12.2017 - 21:45 h
Última palabra

Correa niega la mayor: "No he ofrecido comisiones a nadie a cambio de trabajo"

El cabecilla de la Gürtel entiende que no cometió ningún delito de cohecho, "como mucho uno fiscal", y asegura que no creó su empresa para delinquir

Visto para sentencia el juicio del caso Gurtel
Francisco Correa en el juicio. / EFE

Veintiocho minutos ha durado la última intervención de Francisco Correa en el juicio de la trama Gürtel que hoy ha quedado visto para sentencia, en la que, aunque se le ha visto más decaído de lo normal, sí ha querido dejar claro que él no pagó "ni una peseta ni un euro" a políticos a cambio de adjudicaciones públicas y que sus empresas no fueron montadas "para trabajar con el PP y delinquir", y ha señalado que él utilizaba sus relaciones con políticos para hacer gestiones y obtener contratos.

"Ministros de este país, expresidentes del gobierno de este país, trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio. Empresas privadas les hacen contratos importantes para que empresas españolas tengan contratos en este países y sean elegidas", ha expuesto el cabecilla de la Gürtel, que se enfrenta a 125 años de cárcel, y ha lamentado que le traten "peor que a un terrorista".

Por ello entiende que no ha cometido ningún delito de cohecho, como mucho uno fiscal, y ha añadido que nunca ha pagado ninguna comisión para obtener contratos: "yo no he dicho a un alcalde, oye dame este trabajo que te doy una comisión a cambio" Correa ha insistido que su actividad profesional se limitaba a la empresa privada. "Decía: 'Oye, tú que tienes una relación muy buena, consígueme esto y si lo consigues te doy un porcentaje'".

Y ha añadido: "¿Qué existieron irregularidades? Sí, existieron. Pero si yo hago un trabajo y hago una campaña profesional y mañana me dicen que para cobrar tengo que facturar a Donald Trump, facturo a Donald Trump y eso es así, es una práctica habitual".

Correa ha mostrado su "colaboración absoluta" con la Fiscalía en todas las causas que tiene aún pendientes. Eso sí, por una cuestión de "economía procesal", ha solicitado hacerlo estando en libertad y no tener que desplazarse desde la cárcel. "Pido ir a la Fiscalía en mi propio pie y no desde la prisión. Quiero colaborar, aclarar esto, agilizarlo y ahorrar dinero al Ministerio", ha precisado Correa.

Ha pedido también "igualdad, equidad y moderación" y que a él y a los condenados por el caso Fitur -Álvaro Pérez, el "Bigotes", y Pablo Crespo- se les trate igual que al resto de acusados por corrupción contra los que no existe sentencia firme.

"¿Quién más está en prisión? ¿Por qué nosotros tenemos que estar pagando un castigo? ¿Porque somos Correa o porque somos Gürtel? ¿Pero qué ha tenido esta causa con respecto a este país? ¿Pero por qué somos tratados peor que si fuéramos terroristas?", se ha preguntado Correa.

También ha querido hablar de otros acusados en el juicio. De su exmujer Carmen Rodríguez Quijano, ha dicho que "está siendo injustamente juzgada", mientras que ha criticado la actuación de los denunciantes de la Gürtel, los exconcejales del PP José Luis Peñas y Juan José Moreno, que se postulan "como un icono de la honradez en España" cuando él les ha pagado "durante años un montón de dinero en negro".

Y ha asegurado que ninguno de los que fueron sus colaboradores es un "criminal": "Aquí habremos cometido errores por haber trabajado con un partido político pero somos personas honradas, normales y corrientes".

"Garzón tendría que estar indultado"

Correa ha sorprendido al hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio por la primera época de la trama al considerar que el primer instructor de esta causa, el juez Baltasar Garzón, fue injustamente inhabilitado y tendría que ser indultado por el Gobierno.

"Solicito como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón, creo que ha sido injustamente inhabilitado por este país y que es una víctima más, como yo, de una causa que tiene un tinte político y no jurídico", ha expuesto sobre el que hasta ahora se creía uno de sus principales enemigos.

Garzón fue inhabilitado por el Supremo en 2012 durante once años por haber ordenado escuchas a los abogados y a los detenidos por el caso Gürtel durante su estancia en prisión preventiva.

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