Eduardo Zaplana se ha plantado ante la juez que instruye el caso 'Erial', Isabel Rodríguez. El expresidente de la Comunidad Valenciana ha remitido un escrito al juzgado en el que reprocha a la instructora que no le dé traslado directo de las decisiones que adopta en torno a su condición mientras permanece en el hospital de La Fe para recibir tratamiento por la leucemia que padece desde 2015.
Según informan fuentes de la investigación a La Información, desde que ingresó en el centro hospitalario el pasado 18 de diciembre se han modificado algunas circunstancias de su situación, y en vez de tener conocimiento de las mismas por el juzgado, se ha enterado por otras vías, como puede ser la Policía Nacional. Los agentes le custodian durante su estancia en el hospital al encontrarse en situación de prisión preventiva desde el pasado mes de mayo.
Uno de los cambios que se adoptaron desde este juzgado de instrucción número 8 de Valencia fue el de no permitir la entrada en el módulo de acompañamiento de familiares del exministro de Trabajo, denegando de esta forma la presencia de su mujer Rosa Barceló. La instructora determinó que la única persona que podría acceder al área durante su ingreso hospitalario era su letrado directo; ni tan siquiera otros como es el caso de Carmen Gallego o a sus propias hijas, a las que el político habilitó para ejercer su defensa.
Esta decisión motivó que sus abogados remitieran un escrito al juzgado en el que se instaba a revocar esta decisión y a que se permitiera la entrada igualmente de otros miembros de su equipo que también le defienden en el marco del caso 'Erial'. La respuesta por parte de la instructora se produjo esta misma semana accediendo a la pretensión reclamada por el político.
Igualmente, se dio luz verde desde el juzgado a que Zaplana (incomunicado desde su ingreso hace ahora dos semanas) pueda efectuar diez llamadas semanales así como recibir la visita de sus familiares directos por un plazo de tiempo de 45 minutos. Precisamente, a ellos se refirió el político en una misiva enviada a la agencia Efe por su mujer en la que mostró su preocupación no tanto por su situación personal sino por el recuerdo que de su nombre quede a hijas y nietos.
Pese a haber solicitado su libertad hasta en cuatro ocasiones desde que se acordó su ingreso en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) y pese a la presión que desde muchos sectores de la política se está ejerciendo para que se revoque este medida cautelar, la juez descarta por el momento dejarle en libertad provisional. Esto es así porque entiende que el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas sigue siendo elevado.
Le atribuye los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, por haber cobrado presuntamente comisiones irregulares por proyectos que vieron la luz durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002. Destaca el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), puesto en marcha en 2001, o la privatización de las concesiones de la ITV en 1997.
Sobre este punto también se ha pronunciado el político en su misiva en la que no solo niega estos extremos (afirmando que "jamás cobró una peseta" de las administraciones públicas por estas adjudicaciones) sino que descarta que vaya a salir del país. Además recuerda que todavía no ha sido juzgado en el marco de esta causa y denuncia que el hecho de que las diligencias se mantengan bajo secreto de sumario está perjudicando su derecho a defensa.
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