El exiministro Eduardo Zaplana ha recibido esta mañana el alta del hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre y, a partir de ahora, será atendido por la Unidad de hospitalización a domicilio, según han indicado a Efe fuentes sanitarias. Posteriormente, Zaplana se ha dirigido a primera hora de la jornada a la Ciudad de la Justicia de Valencia a firmar en el juzgado su libertad.
La jueza que instruye el conocido como caso Erial acordó el pasado jueves la libertad provisional para Zaplana, quien entró en la cárcel de Picassent el 24 de mayo de 2018 como investigado por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, aunque ha estado hospitalizado desde mediados de diciembre a causa de la leucemia que padece.
La instructora atendió de esta forma a la última petición planteada por la defensa del exministro de Trabajo. Sin embargo, en su auto explica que no acuerda esta diligencia por cuestiones médicas sino tras el hallazgo en dos cuentas de Suiza de 6,3 millones de euros, las cuales ha bloqueado con la orden de que el dinero se ingrese en la cuenta de su juzgado.
Sobre esta cuantía la juez explica que "presunta e indiciariamente" pertenece al expresidente valenciano y a los también investigados Joaquín Miguel Barceló -constructor y amigo íntimo de Zaplana- y su asesor Francisco Grau. Al respecto razona que, "dado la imposibilidad de disposición del dinero" por parte de los tres investigados, el riesgo de fuga queda reducido. Por ese motivo les deja en libertad provisional aunque matiza que se hará efectiva una vez se entreguen los pasaportes.
Zaplana, por su parte, rechazó tener cuentas en el país suizo ni a su nombre ni al de terceros así como haber cobrado "un euro" en comisiones ilegales o sobornos. "Probablemente cometí errores, pero puedo asegurar que nunca cobre ni un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la Administración Pública", ha defendido. También ha negado "con rotundidad" su participación en las adjudicaciones de contratos de los que se le acusa haber cobrado comisiones ilícitas.
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