Zaragoza inicia acciones legales por impago de la empresa de Plaza de Toros

  • La Diputación Provincial de Zaragoza ha informado hoy del inicio de las acciones legales pertinentes ante el impago por parte de la empresa arrendataria de la Plaza de Toros de La Misericordia del segundo canon fijado para antes del 1 de noviembre.

Zaragoza, 11 dic.- La Diputación Provincial de Zaragoza ha informado hoy del inicio de las acciones legales pertinentes ante el impago por parte de la empresa arrendataria de la Plaza de Toros de La Misericordia del segundo canon fijado para antes del 1 de noviembre.

Tras comprobar que la empresa arrendataria, Servicios Taurinos Serolo SL no ha satisfecho dicha segunda cuota, la Diputación ha iniciado el procedimiento para la resolución del contrato de arrendamiento firmado el pasado 15 de marzo, ha explicado la diputación en un comunicado.

El servicio de Contratación y Compras de la Institución Provincial será el encargado de llevar a cabo la redacción de la resolución del contrato, que deberá ser aprobada por el pleno provincial y que contemplará las acciones judiciales correspondientes para la resolución, desahucio e indemnización de daños y perjuicios sufridos por la Diputación.

Asimismo, los Servicios Jurídicos de la Diputación han comenzado la redacción de las demandas correspondientes que deba ejercer la Institución Provincial para resarcir los posibles perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa arrendataria.

Servicios Taurinos Serolo S.L estaba obligado a pagar un total de 260.000 euros anuales y 1.300.000 euros en los cinco años por los que les fue concedida la plaza, además del 20 % de los espectáculos no taurinos, tal y como recoge el pliego de condiciones por la licitación de la plaza de toros de la capital aragonesa.

La empresa que dirige Sebastián Rodríguez abonó el pasado mes de junio el 20 % del montante anual, pero el 80% restante -unos 200.000 euros, IVA excluido- no ha sido pagado en el plazo establecido.

Este incumplimiento del contrato se considera "una falta grave" y por ello la Diputación Provincial de Zaragoza ha decidido iniciar los trámites para la rescisión de un contrato que se firmó el pasado 15 de marzo.

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