Zaragoza.- Ningún jurídico alertó de la necesidad de modificar el contrato de las naves de Plaza, según Escó

El exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón se exculpa en la vista oral del caso en la Audiencia Provincial

ZARAGOZA, 21 (EUROPAP PRESS)

El exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, ha afirmado este lunes que los servicios jurídicos con que contaba la sociedad pública de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) no advirtieron de que fuera necesario realizar un segundo contrato o modificar el primero que dio pie a la construcción de 119 naves industriales por parte de Codesport y Autocity.

Escó ha sido el primero en declarar en la primera sesión de la vista oral del Caso Codesport, que juzgan los magistrados Alfonso Ballestín, Rubén Blasco y Carlos Lasala, quienes conforman el tribunal de la Sala VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Representa al Ministerio público el fiscal anticorrupción Javier Checa.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha imputado a Escó, al empresario Agapito Iglesias, al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, y al exconsejero delegado de Plaza, Ricardo García Becerril, la comisión de sendos delitos de administración desleal, falsedad, estafa y malversación por apropiarse, supuestamente, de casi 18 millones de euros en la operación de venta de 119 naves industriales construidas por la empresa Codesport, propiedad de Iglesias, para la firma Autocity, que finalmente se retiró, en terrenos de Plaza. Fiscalía y acusaciones populares piden entre 13 y 16 años de prisión.

En su declaración, durante la que ha rehusado responder a las preguntas de la acusación popular de UPyD, Carlos Escó ha afirmado que "no hay un desfase de 14 millones, sino que Plaza tiene un beneficio de 13 millones".

Ha argumentado que los ingresos de la sociedad pública por la primera fase de la obras es de 22.158.000 euros, una cifra que alcanza los 45.280.000 euros sumando el valor de la segunda, lo que sitúa el beneficio de Plaza en 13 millones al descontar 32.455.000 euros por la facturación. "Da un total de 136 euros el metro cuadrado".

Además, Carlos Escó ha señalado que no es amigo de Agapito Iglesias, con quien supuestamente habría urdido el fraude, y que no se reunió con él antes de firmar el contrato, añadiendo que no tuvo conocimiento del denominado ''Documento cero', que dio pie a la firma del contrato y que no se comunicó al Consejo de Administración la modificación del contrato por no ser jurídicamente necesario, al igual que los pagarés por valor de ocho millones, por ser inusual presentarlos.

Ha comentado que la construcción y venta de las naves responde a un plan director elaborado en las primeras etapas de la puesta en marcha de Plaza y "en determinado momento se van sacando unidades de desarrollo", teniendo él participación cuando el Consejo de Administración lo considera adecuado y por su relación con el director gerente.

"SOBRECOSTE"

Escó ha atribuido el sobrecoste a la decisión de ampliar la primera fase, de 80 naves, a un total de 119, señalando que el contrato inicial era del tipo "llaves en mano", con el precio cerrado "salvo las unidades de obra que no están contempladas y sean aceptadas por la propiedad", en este caso Autocity.

En 2006, el precio de las 80 naves era de 14.455.000 euros y fue después, al modificar el plan de negocio, cuando aumentaron los ingresos y los gastos, aprobando un coste de 22,8 millones que al final se elevó a los 39,8 millones.

"Yo no informé al Consejo, era un tema que yo no había llevado" y el Consejo aprobó por unanimidad realizar la operación. Escó ha evitado profundizar en algunas respuestas argumentando que no es un profesional jurídico y ha asegurado que no conoce el 'Documento cero', que recoge los modificados y que no participó en la negociación del contrato con Autocity.

Ha reconocido que "hubo un problema de exceso de obra, está claro", ya que el plazo inicial era de 13 meses y, finalmente, llegó a los 43, pero "al final el que paga manda y pagaba Autocity, quien estaba comercializando las naves". El retraso es imputable a quien construye, no a Plaza, ha considerado Escó.

Sobre los tres pagarés que se están investigando como supuesto beneficio ilícito de los encartados, Escó ha indicado que fue Codesport quien reclamó el pago de esta cantidad por la obra que se estaba realizando y, tras una reunión con Miguel Ángel Pérez, se conviene que "hay que dar 7,5 millones". En un documento fechado en 2008 se recogen todas las modificaciones que luego se recogen en la factura. Los pagarés se firmaron el 12 de diciembre de 2015 y entraron en vigor el día 15, pero el Consejo de Administración no tuvo conocimiento de los mismos en su reunión del día 16.

Se ha quejado de que "en esta causa nunca se ha podido hablar de ingresos, siempre se ha tenido que hablar de gastos y Plaza es una mercantil donde hay que valorar ingresos y gastos".

'LLAVES EN MANO'

También ha declarado el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, quien ha afirmado que firmó los anexos del 'Documento cero' y que el contrato firmado por Plaza y Autocity incluía unas obligaciones extraordinarias, además de las iniciales, lo que en su opinión justifica el encarecimiento del contrato.

Pérez ha subrayado que la particularidad de esta obra es que era "llaves en mano", apuntando que la dirección facultativa corría a cargo del ingeniero industrial Gerardo Casares. Ha dejado claro que la tipología del proyecto cambió cuando intervino en el proceso Autocity, en febrero de 2006.

Ha afirmado que el 'Documento cero' no modifica las condiciones del contrato inicial y que se firmó en septiembre de 2006, cuando las obras habían comenzado en julio de ese año. Pérez ha aclarado que "en ningún momento" se falsearon las certificaciones y que la obra está certificada al 100 por cien.

PRESCRIPCIÓN

En las primeras horas de la vista oral, los abogados de las defensas han solicitado las prescripción de la presunta comisión del delito de administración desleal, que la Fiscalía y las acusaciones populares del Gobierno de Aragón, Plaza y UPyD imputan a los cuatro encausados.

Estos abogados han considerado que al haberse cometido, presuntamente, en 2008, y haber transcurrido más de cinco años, habría prescrito, a lo que el presidente del tribunal, Carlos Lasala, ha respondido indicando que se resolverá en la sentencia. Asimismo, los abogados han pedido, sin éxito, que se deniegue un documento al que la Fiscalía da el valor de prueba pericial.

El abogado Gimeno del Busto, que representa a García Becerril, ha pedido la anulación de los correos electrónicos utilizados por la Fiscalía como prueba señalando que "fueron sacados de un ordenador de mi defendido" y que el siguiente consejero delegado, Jesús Andreu, "durante dos años después de salir de Plaza" este imputado.

Además, "se manipuló ese ordenador" y fue el propio Andreu quien llevó personalmente la computadora al juzgado, sin respetar la cadena de custodia, ha dicho Gimeno del Busto, considerando que este es un caso de "nulidad insubsanable".

Miguel Ángel Alemán, en representación de Agapito Iglesias, se ha quejado ante el tribunal porque, en su opinión, el juez instructor ha manifestado la culpabilidad de los imputados en la fase previa a la vista oral y que "se les está juzgando por delitos que no constan en el auto de imputación", por lo que -ha aseverado-- no se respeta el principio de tutela judicial efectiva.