La expectativa de un cambio de Gobierno en una comunidad autónoma siempre supone un freno económico por la incertidumbre que genera, sobre todo si entre ambas posiciones políticas hay un planteamiento ideológico y estratégico completamente distinto en materia económica y fiscal. Ese escenario es el que se presenta ahora en Madrid, la comunidad capitalina que supone casi el 20% de la economía nacional y que ejerce como motor del país y puerta de entrada para la mayor parte de las empresas internacionales que apuestan por España como base para sus negocios. Madrid enarbola además la bandera de la fiscalidad autonómica con un desafío constante al Estado español en tributos como IRPF, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que mantiene bonificadas para beneficio de sus contribuyentes sin que, hasta el momento, se haya recortado la recaudación.
Madrid no es solo la primera economía regional de España -por delante de Cataluña a pesar de tener un territorio menor y un millón de habitantes menos-, es además un hub de concentración de nuevas empresas tecnológicas y uno de los tres mayores polos educativos e investigadores de Europa, tras París y Londres, lo que deja muy claro que en esta guerra política del PP e Isabel Díaz Ayuso contra todos los demás, salvo Vox, está en juego algo más que un Ejecutivo autonómico. Los madrileños gozan de la mayor renta per cápita española, con una media superior a los 35.000 euros por habitante, y en los últimos años han sido capaces de atraer a miles de grandes patrimonios seducidos por la exención de los dos principales impuestos que gravan la riqueza, el de Patrimonio y el de Sucesiones.
El enfrentamiento político ha estallado cuando la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso no había conseguido sacar adelante sus Presupuestos, pendientes de las exigencias de Vox como tercer componente ‘oculto’ de su gobierno, si bien había anunciado un preacuerdo sin especificar, en el que se daba un paso adelante más en la cruzada fiscal que mantiene frente al Estado. Su idea pasa por bajar un punto todos los impuestos sobre los que tiene capacidad de gestión, además de mantener las bonificaciones actuales, para malestar de otras autonomías colindantes y, sobre todo, frente al independentismo catalán que le ha declarado la guerra fiscal desde hace tiempo y se ha aliado con la coalición de Sánchez e Iglesias para aplicar una armonización fiscal que tumbe el desafío madrileño.
Fuentes consultadas entre los principales asesores fiscales de las grandes fortunas de este país aseguran que aún es pronto para pensar en sacar su dinero de Madrid por lo que pueda pasar, a la vista de que las encuestas le dan a Ayuso margen para mantenerse, pero es evidente que un triunfo de la izquierda haría que los más de 6.000 patrimonios que se estima que han llegado a Madrid en busca de pagar menos a Hacienda volverían a replantearse su situación. "En Sucesiones la cosa es más suave, porque la exención la tienen también otras autonomías y todo se resolvería con un tipo básico estatal mucho menos gravoso que lo que hay ahora y de aplicación flexible", señala un abogado experto en la materia. "Pero en el tema de Patrimonio, Madrid está más aislada, y la guerra con el Estado y otras comunidades podría ser mayor y llegar hasta el Constitucional", señala, si bien es una pelea que seguro que no interesa a ninguna de las partes por el momento.
Más que una comunidad
A pesar de la amenaza de la moción de censura y la convocatoria de elecciones que se ha desatado dentro, Díaz Ayuso nunca ha ocultado que su enemigo a batir es siempre Moncloa, hasta el punto de que la batalla política que ahora se desata, tras el ‘affaire’ de Murcia y la intentona de Castilla y León, es un reto para todo el modelo liberal que postula el PP a nivel nacional. “La sensación que se produce con un bandazo como el que ha dado un partido bisagra como Ciudadanos -señala Emilio González, profesor de Economía de Comillas-ICADE-, es de un gran desgobierno regional y la acumulación de poder en Sánchez, algo que pone más difícil la confianza de Europa a la hora de repartir los fondos comunitarios, complica sus condiciones y ahuyenta a la inversión”.
Algunos de los principales 'lobbys' políticos reconocen que “el tacticismo se ha apoderado de la comunidad en el peor momento”, cuando es necesario dar la mejor imagen y coyuntura para salir de la crisis y con la economía madrileña al alza. El PIB regional creció un 4,4% en el cuarto trimestre del año pasado, muy por encima del 0,4% de la media nacional y de comunidades como Cataluña o el País Vasco. “Es la comunidad de las grandes que mejor iba de todas desde que superase su última crisis política en noviembre pasado”, aseguran desde el servicio de estudios de una de las mayores empresas industriales implantadas en la capital, “pero ahora todo se va frenar y podemos dar ese impulso casi por perdido en el ámbito económico”, rematan.
Madrid aspira a un paquete de ayudas del Fondo UE estimado por el Gobierno regional de Díaz Ayuso en 22.000 millones de euros, tras haber mantenido una de las economías más activas a pesar de las restricciones por la Covid-19. La inversión extranjera directa en el tercer trimestre del año pasado (últimos datos disponibles) superó los 4.000 millones de euros, atraídos por una región que está llamada a ser el motor económico de la recuperación tras la crisis sanitaria y que suponían en ese periodo que ocho de cada diez euros que llegan a España lo hacían a Madrid. Un cambio en el planteamiento liberal y de bajada de impuestos que puede venir con un Gobierno regional de izquierdas daría al traste con ese escenario y abocaría a Madrid a un nuevo rumbo que marcaría también el devenir de todo el Estado, aseguran los analistas consultados, si bien nadie es capaz de augurar hasta dónde puede llegar ese efecto contrario a la marcha actual de la capital.
