Los ciudadanos de doce comunidades autónomas -todas salvo las históricas- acuden en 2023 a las urnas y los gobiernos territoriales han sacado en las últimas semanas la artillería fiscal para movilizar al electorado. Rebajas del IRPF, bonificaciones de Patrimonio, transporte gratuito para los jóvenes, ampliación de las deducciones por nacimiento o adopción... El movimiento, que han protagonizado autonomías tanto del PP como del PSOE, ha hecho saltar las señales de alerta en Moncloa. La Comisión Europea mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024 (la necesidad de converger hacia una meta del 3% de déficit y el 60% de deuda sobre PIB), pero relajarse no es una opción. Varias de las autonomías que han enarbolado la bandera de las rebajas de impuestos están entre las más endeudadas, de acuerdo con los datos que ofrece el Banco de España. ¿Pueden comprometer estos anuncios su situación?
El caso más evidente es el de la Comunidad Valenciana, que es la autonomía más endeudada en términos relativos en el segundo trimestre (con un pasivo que equivale al 45,8% de su PIB) y la segunda más endeudada en términos absolutos tan solo por detrás de Cataluña (54.260 millones de euros). El Ejecutivo del socialista Ximo Puig ha anunciado una rebaja retroactiva desde enero en el IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros brutos anuales y amplía un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los contribuyentes valencianos –el máximo que le permite la ley-.
El anuncio, que se produjo por sorpresa en el Debate de Política General de la Comunidad, pilló con el pie cambiado al Gobierno Central, que hasta entonces había acusado a los populares de alentar una competencia fiscal desleal en un momento en que la economía tiene por delante serios nubarrones con la crisis energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania. “Rebajar es recortar”, venía manteniendo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en referencia al coste que esas medidas pueden tener sobre los servicios públicos.
El Ministerio de Hacienda respondió el jueves con su propia reforma tributaria –la que ha venido consensuando con sus socios de Unidas Podemos como uno de los ejes del acuerdo presupuestario- que pone el dedo en la llaga de la tan traída y llevada autonomía fiscal con un impuesto ‘solidario’ a las grandes fortunas que en la práctica invalida la bonificación de Patrimonio anunciada por Andalucía o Galicia y vigente ya en Madrid. Esta ‘pelea fiscal’ entre Administración Central y autonómicas es la que preocupa a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
De la Fuente incide en que la relación entre ellas debiera ser más pacífica y centrarse en el respeto a las competencias de cada una. Considera que los anuncios fiscales tienen mucho de políticos y han dejado las consideraciones económicas en un segundo plano, tanto, que tampoco cree que las rebajas van a cambiar cualitativamente la situación de ninguno de los territorios que las ha anunciado. “Es muy probable que con el margen extra que les va a dar la recaudación las comunidades puedan pagar esas rebajas y el que tenga problemas de deuda los va a seguir teniendo”, asegura a este diario.
El director ejecutivo de Fedea esperaba que ésta fuera la legislatura de la reforma del sistema de financiación, una posibilidad que ya descarta. Ve muy difícil que unos y otros sean capaces de llegar a un “acuerdo razonable” o a una reforma tan profunda como el modelo actual requiere. Lamenta que el Estado haya sobreprotegido a las autonomías en los dos últimos años por la crisis de la covid y considera que “están un poco malcriadas con la costumbre de pedirle más dinero en vez de dar la cara y subir impuestos”. Este último escenario parece más propio de la ciencia ficción que de la realidad. De hecho, han sido pocas las autonomías que se han descolgado de la refriega tributaria.
El conseller de Economía, Jaume Giró, confesó que Cataluña no puede permitirse la supresión de Patrimonio (el pasado ejercicio el tributo aportó a su tesorería más de 600 millones de euros, la mitad de todo lo que recauda en España) y afeó a Murcia y Andalucía la decisión de hacerlo. Su deuda, es la más elevada en volumen, al haber alcanzado los 84.486 millones de euros hasta junio (el 35% de su PIB). Asturias, Baleares, Navarra y La Rioja también se han desmarcado de ese combate, a la vez que otras, como Aragón, ven razonable abrirlo, aunque condicionan cualquier anuncio al consenso con sus socios de gobierno.
Castilla La Mancha, con un pasivo del 34,6%, estudiará aplicar rebajas “con bisturí” y lamenta el “mercadeo” en el que han entrado otras autonomías. Mientras que Extremadura (23,2% de deuda) se apunta al primer grupo, después de que Fernández Vara anunciase el jueves la mayor bajada de precios y tasas en Extremadura, incluyendo reducciones en la ITV, las tasas de comedores escolares y de aulas matinales o las de las licencias de caza y pesca, entre otras. Por su parte Murcia, una de las más beligerantes en este sentido, ha aprobado una reducción del 4,1% en el IRPF en los primeros cuatro tramos y planea suprimir el impuesto de la discordia, Patrimonio, bonificándolo al 100% el año que viene –una medida que quedaría sin efecto tras la reforma planteada por María Jesús Montero-.
"Es importante que haya suficientes ingresos fiscales para cubrir las necesidades de financiación de los Estados o las autoridades locales", indicaba esta misma semana el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, preguntado por los movimientos anunciados a nivel autonómico en España. Bruselas levantó la mano con los estados a raíz del shock energético y de la invasión rusa de Ucrania; el Congreso avaló, en consecuencia, la suspensión de los objetivos de déficit para 2023 y las autonomías han venido ciñéndose a una senda de reducción del déficit desde 2015 (que las llevó a situarse en equilibrio en conjunto el año pasado). Sin embargo, las previsiones de organismos internacionales y bancos centrales dibujan un frenazo más fuerte de lo que se había previsto el año próximo y ante ese escenario las administraciones tendrán menos margen de maniobra para capear el impacto de la crisis sobre los servicios públicos.
