Quién controla
las apps que
nos controlarán


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JESÚS MARTÍNEZ
Nerea de Bilbao Diseño e infografía

Mayo de 2020. Varios meses después del estallido de la pandemia en todo el mundo, hay una conclusión clara entre los expertos: la Covid-19 vino para quedarse durante un buen tiempo, al menos hasta que no haya una vacunación generalizada o un tratamiento efectivo. Y en ese contexto, todos los Estados se pertrechan con la tecnología para intentar controlar los más que probables rebrotes en el futuro. El móvil es la herramienta clave: más de 5.200 millones de personas en el planeta utiliza uno a diario. Las principales potencias mundiales preparan de la mano de grandes y pequeñas empresas tecnológicas sus propias aplicaciones de control, bajo la alargada sombra de la gestión de (jugosos y delicados) datos de salud y el respeto a la privacidad de los ciudadanos. Google y Apple, dueños de los sistemas operativos de prácticamente todos los teléfonos en el mundo, han tomado posiciones y emergen creando su propio protocolo para las ‘apps’ de los diferentes países. Compañías de telecomunicaciones, consultoras y startups también han participado en la creación de estas particulares ‘armas’.

China fue el primero en mover ficha. Es el epicentro de la pandemia y tras unas primeras semanas de confinamiento total, buscaron la manera de reducir al máximo las cadenas de contagios. Su planteamiento ha sido, con el tiempo, uno de los más extremos, en todos los sentidos, y más controvertidos. No sólo por la implicación máxima de gigantes tecnológicos privados y sus plataformas, sino por el sistema elegido. En los primeros días de marzo, cuando se inició el desconfinamiento de diferentes regiones -incluida Wuhan-, se lanzó una herramienta desarrollada de la mano de firmas muy cercanas al Gobierno, como Alibaba. Se le llamó ‘Código de Salud Alipay’ en alusión a la aplicación de pagos móviles del Alibaba, en la que el ciudadano debía registrarse (posteriormente se incorporó el otro titán del sector, Tencent). Cada usuario recibía un código rojo, amarillo o verde en base a su estado de salud o su relación con otros contactos. El diario The New York Times ‘destripó’ el código utilizado para desarrollar la herramienta y alertó: la plataforma cruzaba datos privados y muy delicados del sistema de salud nacional con la ‘app’ y con las autoridades policiales.

El móvil es la herramienta clave: más de 5.200 millones de personas en el planeta utiliza uno a diario

Después de esa primera experiencia vinieron todas las demás. La mayoría de los países han anunciado el desarrollo de aplicaciones menos invasivas y, en algunos casos, las han puesto en marcha para controlar la desescalada de su población. ¿Cómo? Algunos gobiernos, como el de Singapur o el de Hong-Kong, las han ejecutado con el personal técnico propio de sus diferentes departamentos. Otros han encomendado la tarea a diferentes compañías. Italia encargó el desarrollo de Inmuni, su ‘app’ de rastreo, a Bending Spoons, una reconocida startup local con sede en Milán. Francia echó mano de algunos de los grandes nombres del sector tecnológico en el país, como Orange o Capgemini. Reino Unido contrató, según ha desvelado esta semana el Financial Times, a la suiza Zuhlke Engineering, a la que le ha pagado 3,8 millones de libras. Australia hizo lo propio con varias firmas, entre las que despunta Atlassian, un emblema del sector tecnológico del país valorado en más de 44.000 millones de dólares. Este último caso es llamativo, pues el gobierno eligió el servicio de computación en la nube de Amazon (AWS) para alojar todos estos sensibles datos, una medida que ha recibido críticas.

¿Y en España? El liderazgo del proyecto tecnológico para ayudar a frenar la pandemia lo ha asumido Carme Artigas, nombrada en enero secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial tras haber vendido su consultora tecnológica a Telefónica por 10 millones. Hasta ahora ha desarrollado dos grandes proyectos, sin que ninguno de estos sea la ‘app’ de rastreo de contactos. Uno de ellos es el seguimiento de más de 42 millones de móviles, para analizar el cumplimiento del confinamiento en base a los datos anonimizados y agregados entregados por las tres grandes operadoras -Telefónica, Orange y Vodafone- al INE. El otro es la aplicación de autodiagnóstico AsistenciaCovid19, surgida entre varios directivos de Telefónica y que, finalmente, tomó carta de naturaleza en un convenio de colaboración de ambos -publicado en el BOE- por el que la teleco presidida en España por Emilio Gayo será la encargada de la gestión. El Ejecutivo sigue a la espera de que se avance un protocolo conjunto en Europa para las de seguimiento. Mientras tanto, hay varios desarrollos de grupos de ingenieros particulares que han puesto a disposición de la administración sus creaciones. Es el caso de OpenCoronavirus, una ‘app’ inspirada en el caso de Corea del Sur y que ha sido creada por un equipo liderado por la investigadora clínica Aurelia Bustos.

Los gobiernos no son los únicos que se plantean la utilización de estas aplicaciones para controlar a los ciudadanos. También lo hacen las empresas. Entre los últimos casos conocidos está una de las ‘big four’ en el mundo de la auditoría y consultoría: PwC. En una encuesta elaborada por la propia multinacional a más de 300 responsables financieros de compañías en EEUU, concluía: una cuarta parte de los directivos apostaban por retomar la actividad pero con uno de estos sistemas. No hay que olvidar que la consultora, según se ha dado a conocer esta semana, está desarrollando una herramienta de rastreo específico para firmas dentro de un producto que incluye también trabajo en remoto. “Creo que un modelo liderado por el empleador puede impulsar la adopción a sus empleados”, explicaba a la CNBC recientemente uno de los impulsores del proyecto. Es decir, sería más sencillo obligar a los trabajadores a activar la aplicación, como condición ‘sine qua non’ para volver a trabajar. Aunque eso también ha levantado las suspicacias entre voces, que reclaman una regulación específica. Otros gigantes como HP se han negado a este tipo de tecnología. “No estamos rastreando a las personas; algunas de estas herramientas son bastante invasivas”, aseguraba su jefa de recursos humanos al medio Protocol, del grupo Politico.

Ya sean Estados nacionales, con o sin ayuda de empresas, como las propias compañías a título individual, los desarrollos tecnológicos se multiplican. Y hay varias modalidades. En el lado de la gestión de los datos, se han detectado dos planteamientos: el centralizado y el descentralizado. El primero se basa en un almacenamiento y gestión por cada uno de los gobiernos desde una central a la que se envían los datos y es la que envía las notificaciones a usuarios si éstos han tenido contacto con alguien contagiado. Esta fórmula, asumida por países como Francia o Reino Unido, ha hecho saltar las alarmas de muchos expertos en privacidad y seguridad, ante el riesgo de violación de la privacidad. El segundo es el defendido por Google o Apple, y por el consorcio de rastreo paneuropeo (PEEP-PT), al que se han unido entre otros el Gobierno de España y que busca unificar todo el protocolo en el continente. ¿Cómo funciona? Básicamente, el intercambio de información se hace entre los móviles y el servidor “sólo recoge los identificadores de la persona contagiada”, aseguraba recientemente Carmela Troncoso, ingeniera española que lidera esta organización.

Google y Apple se comprometen a no almacenar los datos personales de los usuarios

Cuanto más tiempo pasa, más peso van a asumir Google y Apple en este terreno. A mediados del pasado mes, ambos gigantes anunciaron una alianza sin precedentes para el desarrollo conjunto de toda la tecnología que serviría como base para construir las ‘apps’ de cada uno de los países. Su protocolo, que se basa en el europeo, tiene una ventaja: permite interoperabilidad entre los móviles de ambas plataformas. Desde ese anuncio, varios países han confirmado que adoptarán todo el engranaje tecnológico de ambos para sus herramientas. Incluso Reino Unido, un firme defensor del sistema centralizado -opuesto al que desarrollan el dueño del buscador y el fabricante del iPhone-, ha pedido a sus expertos que evalúen el otro modelo, según desvelaba esta semana el diario Financial Times. Hay que recordar que las dos compañías se comprometen a no almacenar los datos personales de los usuarios, sino que en esta primera fase se limitan a facilitar lo que se conoce como API, la interfaz tecnológica que permitirá agregar los datos de Android y iOS sin problemas de compatibilidad. El reto de los Estados es conseguir que el uso de las ‘apps’ sea masivo, pues sólo así será efectivo. Ya hay casos de desarrollos que han fracasado por esa falta de escala.

Pero para conseguir ese uso masivo hay gobiernos como el chino, con una política de la privacidad enormemente laxa y controvertida, que han obligado a su descarga para permitir la movilidad por las ciudades. La mayoría de los países que ya tienen operativa su ‘app’ o que la están desarrollando han anunciado que no tomarán ese camino y lo dejarán como una medida voluntaria. Y tras esa decisión se encuentra el enorme reto: la privacidad. Si hay un dato sensible es el de la salud. “Entiendo a las personas que dicen que, en una crisis de salud pública, debemos frenar las leyes de privacidad; pero he estado trabajando con la geolocalización y los datos de bluetooth desde 2008 y desde una perspectiva técnica no tenemos que hacerlo”, advertía Yves-Alexandre de Montjoye, del Instituto de Ciencia de los Datos del Imperial College London. Este último pone sobre la mesa ocho cuestiones clave que los reguladores deberán responder antes de permitir la adopción masiva de estos sistemas. Entre ellas destaca el uso de los datos, la protección del anonimato o el acceso a la información de las autoridades nacionales o las empresas desarrolladoras.

Sea como sea, quedan muchos meses de convivencia con el virus. Los Estados ya han decidido que los móviles y las ‘apps’ son la mejor arma para hacer un rastreo de los contactos de manera masiva y para reducir el riesgo de nuevos rebrotes. En los cuarteles generales de los gobiernos se trabaja a contrarreloj para estar preparados, mientras los expertos alertan de los enormes riesgos para la privacidad y exigen reglas claras para evitar abusos y la construcción de enormes sistemas de vigilancia. Estas próximas semanas van a ser claves.

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