La desimputación de Repsol y CaixaBank, así como la de sus máximos representantes, Antonio Brufau en el caso de la petrolera, e Isidro Fainé, presidente de la fundación de la entidad bancaria, marca un antes y un después en el caso ‘Tándem’. El hecho de dejar sin efecto sus respectivas investigaciones por los delitos de cohecho y revelación de secretos, limitando la responsabilidad de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los subordinados, como son los jefes de Seguridad de las empresas, parece definir el futuro de las diversas líneas de investigación abiertas en la macrocausa sobre los negocios privados del expolicía, que trabajó tanto para clientes particulares como para grandes empresas de renombre.
De hecho, así se ha puesto de manifiesto ya esta última semana en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha ventilado algunas de las piezas separadas que conforman la causa, como las relativas al Grupo Planeta o Mutua Madrileña. El juez instructor ha propuesto juzgar tanto al comisario jubilado, como a su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y a los que fueran jefes del departamento de Seguridad de ambas compañías por el delito de cohecho al ver ciertas irregularidades en su contratación para presuntas labores de espionaje.
La ‘operación Tándem’ estalló en noviembre de 2017 con la detención de José Manuel Villarejo por varios delitos, entre ellos cohecho, organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjero y blanqueo de capitales. Fue en el marco de este operativo policial cuando los investigadores se incautaron de varias agendas y grabaciones de sus propias conversaciones que empezaron a destapar los trabajos de investigación que había desarrollado el agente encubierto para grandes empresas durante años. Así, según se iban encontrando sospechas de irregularidades, el magistrado fue formando distintas piezas separadas para investigar los encargos realizados al comisario jubilado.
El delito común en todas las piezas es el cohecho, ya que las presuntas labores de espionaje contratadas se desarrollaron y se pagaron cuando Villarejo estaba aún en servicio activo en la Policía Nacional. No obstante, todas las partes presentes en el procedimiento estarán muy pendientes de lo que determine el tribunal de la Audiencia Nacional, que a partir del próximo 13 de octubre comenzará a celebrar el primer juicio de la macrocausa por tres piezas separadas de la treintena que conforman el caso ‘Tándem’. Aunque esta vista oral no se centrará en los contratos formalizados con grandes empresas, sí se analizarán pormenorizadamente las formas de trabajar que tenía Villarejo, similares para todos sus clientes. Así, los magistrados de la Sala de lo Penal sentarán la base sobre si los pagos al comisario suponen un delito de cohecho, como entiende la Fiscalía Anticorrupción, o por el contrario lo descartan, dando la razón a las defensas.
Evitar el daño reputacional
Más de tres años y medio después del inicio de la causa, el juez Manuel García Castellón imputó a Repsol y CaixaBank, dejando sin efecto esta decisión apenas veinte días después. El juez retiró el pasado jueves la condición de investigadas como personas jurídicas tras constatar que tenían implantados sistemas de prevención de delitos y de cumplimiento normativo eficaz, tal y como aseguraron unos días antes los representantes designados para enfrentarse a los interrogatorios. Asimismo, a raíz de las declaraciones de otros investigados y testigos, el magistrado afirmó que Brufau y Fainé no conocían los detalles de la contratación de Villarejo con el objetivo de frenar la alianza sellada entre Sacyr Vallehermoso y Pemex para hacerse con el control de la petrolera española -lo que el agente encubierto denominó ‘proyecto Wine’ y se ha analizado en el marco de la pieza 21 del caso- , por lo que también decidió sacarles del procedimiento penal para evitar el “daño reputacional” que puede ocasionar verse implicados en una causa judicial.
Desde el ámbito empresarial ya se ha denunciado en numerosas ocasiones este riesgo de desprestigio que corre una empresa y sus máximos representantes al ser imputados en una macrocausa con escasos indicios, por lo que sus abogados esperan que este nuevo criterio del magistrado se les aplique cuanto antes también a ellos, al entender que su situación es similar a la de Repsol y CaixaBank. Uno de los argumentos que más se repite tanto en los interrogatorios de los altos directivos investigados como en los escritos que se presentan ante el juez, con el objetivo de blindarse del delito de cohecho, es que eran los jefes del departamento de Seguridad de las empresas -muchos de ellos habían pertenecido a la Policía en una etapa anterior- los que habían tenido el contacto directo con el comisario jubilado y requirieron sus servicios.
Es el caso, por ejemplo, del expresidente del BBVA Francisco González, imputado en la novena pieza del caso desde noviembre de 2019 por delitos de cohecho y revelación de secretos, y a quien recientemente se le ha añadido un presunto delito de administración desleal. En su declaración aseguró que dio el visto bueno al exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano para que contratara servicios de inteligencia corporativa tras conocer la intención del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero de asaltar el consejo de administración del banco. No obstante, apuntó que no sabía que detrás de Cenyt se encontraba Villarejo. Se da la circunstancia de que la entidad bancaria también se encuentra imputada como persona jurídica por la contratación del comisario jubilado durante una década y por la que se abonó más de 10 millones de euros.
La declaración de Sánchez Galán sigue pendiente
Otro de los grandes empresarios imputados en el caso ‘Tándem’, en concreto en la pieza decimoséptima, es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a quien se le atribuye un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Aunque fuentes cercanas a la compañía señalan que lo único que obra en la causa en contra él son los intentos del comisario jubilado de implicarle en sus trabajos de espionaje -en sus conversaciones se refería a él como “señorito”, “jefe” o “don Ignacio”-, por el momento no ha podido aclarar qué papel tuvo en la contratación de los servicios de Cenyt entre los años 2004 y 2017. Su declaración ante el juez estaba prevista a principios de este mes de julio, si bien se suspendió después de que tanto la eléctrica, como su defensa, plantearan la nulidad de todas las actuaciones practicadas durante un año por no haber dado a la empresa acceso al sumario para poder acusar al ex ‘controller’ de la entidad José Antonio del Olmo, contra quien presentó una querella, que ha sido archivada.
En el caso de la compañía eléctrica, la empresa que se encuentra investigada como persona jurídica es su filial Iberdrola Renovables Energía por los servicios que prestó el agente encubierto a partir de 2011. Ello se debe a que la persecución de las actuaciones presuntamente irregulares de las mercantiles se introdujo en el artículo 31 bis del Código Penal en el año 2010, lo que significa que todo lo anterior no puede ser examinado. Aún así, aunque el magistrado instructor señale en sus autos que los contactos con Villarejo se hicieron a través del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo -quien en sus declaraciones desvinculó al presidente de la eléctrica de estos acuerdos comerciales-, la defensa de Sánchez Galán ha centrado por el momento su lucha en conseguir que el juez instructor elimine cualquier tipo de vinculación de su cliente con la empresa imputada, ya que el presidente de Iberdrola no forma parte de la cúpula de la filial.
Mientras tanto, para continuar con el avance de la instrucción de la macrocausa, el juez ha solicitado a la Agencia Tributaria que le envíe los datos de todas las empresas que contrataron los servicios del comisario jubilado por más de 3.005 euros anuales en los años 2011 y 2012, lo que implicará conocer muchos de los clientes de Villarejo, cuyos nombres aún no han aparecido en el caso. Cabe recordar que muchas de las sociedades y altos cargos de las mismas que han tenido que dar explicaciones ante la Audiencia Nacional han destacado que el entramado societario de Villarejo, cuyas oficinas se encontraban en un espacio público como la Torre Picasso de Madrid, tenía un “reconocido prestigio”, ya que era proveedora de servicios de “inteligencia corporativa” de grandes compañías, algunas de ellas del Ibex 35.
