“Negociar implica ceder”. Esta máxima, en boca de un exalto funcionario curtido en las mesas del diálogo social, resume en apenas tres palabras la dinámica de un proceso harto complejo en el que habitualmente poco tiene que ver el resultado final con el planteamiento inicial. Bien lo sabe José Luis Escrivá, quien, como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha experimentado en primera persona lo que antes contemplaba desde la barrera, como presidente de la Autoridad Fiscal. Porque no es lo mismo hacer proyecciones y recomendaciones al Gobierno de turno que negociarlas con los agentes sociales e implementarlas y ahí es donde el máximo responsable del sistema público de las pensiones ha aprendido a retocar, matizar, rebajar... e incluso a rectificar en algunas de sus intenciones de partida. Para muestra, un botón: entre los borradores iniciales de la reforma y lo que previsiblemente va a rubricar el Consejo de Ministros hay, al menos, siete diferencias reseñables. Como en el juego de pasatiempos.
Mantenimiento del poder adquisitivo
Sin la dovela central, la estructura de la construcción es inestable y corre el riesgo de derrumbarse. De ahí que la clave de bóveda de la reforma de las pensiones haya sido desde el principio el mantenimiento del poder adquisitivo, una exigencia sindical histórica y una recomendación clara del Pacto de Toledo. Sin revalorización con el IPC no habría acuerdo y eso lo tuvo grabado a fuego Escrivá desde el minuto uno. Eso sí, la fórmula mágica ha sufrido notables alteraciones desde su diseño inicial hasta el último borrador. En los primeros papeles, el ministro planteó que, en caso de inflación negativa, la diferencia se absorbiera en los tres años siguientes. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y lograron hacer desaparecer esa referencia, hasta llegar a la redacción final: las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada ejercicio en la misma proporción que el IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior y, en caso de ser negativa, se mantendrán intactas.
Los 35 años ‘malditos’
Si hay un número que ha dado dolores de cabeza al ministro Escrivá ha sido el 35, especialmente al inicio de las negociaciones. Durante los primeros compases de elaboración del Plan de Recuperación para los fondos europeos se filtró a la prensa un borrador de la reforma, elaborado por los técnicos de su departamento, que incluía la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años. El escándalo fue grueso, no solo porque el asunto no se había debatido con los agentes sociales, sino porque en el mismo documento se admitía que la medida supondría un recorte de la pensión del 6,3%. El rechazo no solo sindical y empresarial, sino también social y político fue tal que el ministro tuvo que aparcar el asunto. En la última versión del acuerdo que previsiblemente rubricarán los agentes sociales en estos días no se hace referencia a esta medida, si bien en la documentación remitida a Bruselas sí figura la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, aunque su entrada en vigor se retrasa hasta la fecha tope de 31 de diciembre de 2022, por lo que no se incluirá en este primer paquete de reformas.
A vueltas con la ‘equidad intergeneracional’
No es la única patada hacia adelante que ha dado el titular de la Seguridad Social en estas negociaciones. Otra de las más sonadas ha sido el retraso en la configuración del polémico mecanismo de equidad intergeneracional que va a venir a sustituir al factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 para apuntalar el esqueleto financiero del sistema vinculando el importe de las nuevas pensiones a vectores como la esperanza de vida. Era el tema que, hasta ahora, estaba trabando el acuerdo, principalmente desde el flanco sindical, ya que Escrivá se resistía a derogar el factor de sostenibilidad de manera inmediata y proponía hacerlo en 12 meses. Al final, la mesa tripartita ha llegado a un punto de encuentro: el factor de sostenibilidad quedará derogado en esta primera parte de la reforma, pero de inmediato se empezará a negociar el diseño del nuevo mecanismo, que tendrá que estar listo el 15 de noviembre de 2021 o, de lo contrario, el Gobierno legislará en esta materia de manera unilateral. Eso sí, no empezará a operar hasta el año 2027.
El ‘golpe’ a la jubilación anticipada
El nuevo esquema de penalizaciones a la jubilación anticipada ideado por el equipo de Escrivá prevé incrementar el recorte en la pensión a aplicar a los trabajadores que deciden abandonar el mercado de trabajo antes de la edad legal y ha sido, desde el inicio, una de las medidas estrella para rebajar el gasto en pensiones y aproximar la edad real de jubilación a la edad legal. El asunto se había convertido en uno de los principales puntos de fricción, ya que tanto empresarios como sindicatos querían eximir de esas penalizaciones a los trabajadores afectados por los ajustes de plantilla que han emprendido las empresas como consecuencia de la pandemia y también aspiraban a suavizar el periodo de transición desde el esquema actual al que plantea el Ministerio. La última propuesta fija un plazo de diez años (inicialmente se fijaron seis años) para la entrada en vigor del nuevo esquema de penalizaciones, pero establece que ese incremento progresivo no comenzará ya en 2022 -cuando entre en vigor la reforma- sino a partir del 1 de enero de 2024, lo que evitará que se aplique sobre los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad de retiro e impedirá una avalancha de jubilaciones anticipadas para esquivar el incremento de las penalizaciones.
Limitaciones al retiro forzoso
La reforma de pensiones permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo. Aquí también se han producido cambios como consecuencia de las negociaciones con la patronal y los sindicatos. Inicialmente, el Gobierno quería impedir que los convenios pudieran forzar la jubilación, pero finalmente se podrá seguir aplicando con determinadas limitaciones para los convenios colectivos suscritos a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, prevista para enero de 2022. Además, el texto también concreta que la medida no afectará a los despedidos en 2021 ni después de esa fecha, si el despido es consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o procedimientos concursales aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, de modo que los cambios no se aplicarían a los afectador por procesos en marcha como los de BBVA o CaixaBank, aunque el despido no sea efectivo este año.
Los autónomos y sus tramos
Hay otro elemento, no menor, que ha quedado fuera de esta primera fase de la reforma de las pensiones y es el vuelco al sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo con sus ingresos reales. La propuesta inicial de Escrivá abordaba el asunto, negro sobre blanco, y fijaba su implantación para el 1 de enero de 2022 y el despliegue de sus efectos económicos a partir de 2023. Sin embargo, en cuanto puso los números sobre la mesa, la negociación saltó por los aires. El Ministerio dibujó hasta 13 tramos -no consensuados con las principales organizaciones de autónomos- de entre 90 y 1.220 euros, que se alcanzarían de forma gradual durante nueve años. Ninguna de esas cifras aparece ya en el que aspira a ser el último borrador de la reforma, donde se deja dicho que “en el plazo de doce meses, y en cumplimiento del mandato de la recomendación cuarta del Pacto de Toledo, se abordarán las diferencias de acción protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una protección social equiparable entre estos dos regímenes”. Hay margen, por tanto, para negociar los nuevos tramos.
Destope de la pensión máxima
Otra de las medidas que no está ni se le espera en este primer paquete de la reforma es el incremento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social y la consecuente adecuación de la pensión máxima del sistema. El asunto se cayó a medio camino de las negociaciones por la negativa de la patronal a incrementar los costes laborales en plena crisis provocada por la pandemia. Escrivá accedió a dejar de lado sus intenciones sobre esta materia en un primer momento, si bien a Bruselas le ha comunicado que sigue adelante con sus planes, con el fin de “aumentar la progresividad del sistema de pensiones y los ingresos globales”. Según ha explicado el Gobierno a las autoridades europeas en el plan de reformas, el ajuste del sistema será gradual, para que los contribuyentes puedan adaptarse a los cambios. En concreto, la reforma se implementará a lo largo de los próximos treinta años, si bien la medida entrará en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022.
