El frío del otoño y la proliferación de rebrotes de coronavirus por todas las ciudades de España han dejado helados los brotes verdes que Nadia Calviño esperaba ver crecer en la economía española y han dado un mazazo al consumo en lo que va de este mes de octubre que ha disparado todas las alarmas en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. “Tal vez hayamos minusvalorado los riesgos sobre la economía”, se admite en algunos ámbitos del área económica del Gobierno, apenas días después de dar a conocer una revisión del cuadro macro que encaja en línea con el consenso de los analistas el golpe recibido por la economía española en 2020 – caída del 11,2% del PIB, desde el 9,2% que se previó en mayo – pero que se desmarca de forma evidente en sus previsiones para el año 2021, en el que espera un crecimiento del 9,8% que no aparece ni en las previsiones más optimistas.
Los analistas del Gobierno, que desde hace meses escrutan las tendencias de los indicadores de alta frecuencia – registros de movilidad de población ofrecidos por Google o las compañías de telecomunicaciones y datos de pagos con tarjeta de crédito-, en busca de indicios de normalización económica, han empezado a observar desde hace algunas semanas señales inquietantes. La pujanza observada a finales de julio y en la primera mitad del mes de agosto que alentó el optimismo del Gobierno se ha ido desinflando después a golpe de rebrote, hasta el punto de que como advirtió el Banco de España en la última revisión de sus previsiones sobre España, a finales de septiembre, algunos indicadores incluso apuntan a una posible recaída de la economía. El servicios de estudios de Caixabank ilustraba este fenómeno en un reciente informe a partir de los datos disponibles sobre pagos en terminales de venta (abonos con tarjeta en comercios a través de TPV) instaladas por el banco: tras la caída interanual del 51% registrada en abril, la pauta había ido normalizándose en la transición hacia la nueva normalidad hasta registrar un retroceso de solo el 9% en agosto. En septiembre y octubre esta progresiva mejora se quebró y los pagos por este cauce vuelven a mostrar una caída interanual del 15%, en línea con la registrada en junio.
Los datos parecen contradecir el relato del escenario enviado a Bruselas por el Gobierno dentro del Plan Presupuestario remitido esta semana: “el gasto con tarjeta de crédito por terminal en punto de venta, el consumo de energía eléctrica o las ventas facturadas a través del sistema de información inmediata del IVA, apuntan hacia una recuperación gradual continuada en el tercer trimestre”. Lo que no dice es que dentro de ese tercer trimestre hay un periodo de ilusión, hasta principios de agosto, y otro de inquietud, a partir de esa frontera. El optimismo en el seno del Gobierno se ha ido apagando a la vista del desplome que todos esos indicadores han registrado en octubre y que no tienen visos de mejorar a la vista de la evolución de la crisis sanitaria, hasta el punto de que en el entorno de la vicepresidenta económica y entre los analistas de mercados ya se contempla un posible “desacoplamiento” de España en el proceso de recuperación europea, que amenaza con dejarnos como el ‘patito feo’ de la UE a pesar de las ayudas millonarias previstas.
“En un entorno de elevada incertidumbre y percepción de que la pandemia no se controla, España continuaría siendo de los países más afectados, tanto por su estructura productiva - con un elevado peso de los servicios y, sobre todo, de aquellos donde la transacción se hace de manera presencial- como por las características de su mercado laboral (elevada temporalidad) y tejido empresarial (prevalencia de pequeñas empresas)”, explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. La pesada losa sobre la reputación de la economía española de la comparativa internacional que sitúa a España a la cabeza de todos los ránking de los países más afectados por la crisis en términos de caída del PIB se ha visto agravada aún más por el último informe global del Fondo Monetario Internacional, que señala a España como la única gran economía avanzada para la que no mejoran sus expectativas económicas para este año respecto a la situación de antes del verano.
El latigazo de la segunda oleada y la aparente incapacidad de las autoridades para controlar los rebrotes no han hecho más que ahondar en ese pesimismo. La jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, ya advirtió hace un par de semanas al Gobierno de que no se podrá hablar de recuperación económica en España en tanto el país no demuestra que es capaz de controlar el virus. Algo similar a lo que ya ha venido advirtiendo el Banco de España sobre la necesidad de intensificar los rastreos y los tests como cauce para controlar el virus y mientras tanto mantener el esfuerzo del presupuesto público para sostener las empresas y el empleo que sea viable para evitar que el país salga de la crisis con cicatrices permanentes que condicionen su reactivación económica.
El Gobierno ha hecho frente al pesimismo reinante sobre su presente, dirigiendo su mirada hacia el futuro. Y con las armas más poderosas de las que dispone: sus previsiones oficiales y su proyecto de Presupuestos. Con la mayoría de los institutos de análisis coincidiendo en que España no recuperara sus niveles de bienestar (entendido como nivel de PIB) de antes de la pandemia hasta 2023 o incluso 2024, el plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas no sólo confía en recuperar el PIB de 2019 a finales de 2021 sino que descuenta que el país estará volviendo a crecer de manera sólida como lo hacía antes de la crisis en 2023.
El primer jalón que se ha autoimpuesto el Gobierno en ese camino es un objetivo de crecimiento para 2021 del 9,8% que ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señaló como optimista, al asegurar que para alcanzarlo prácticamente todo se tendría que dar bien: obtención de la vacuna y aplicación más o menos generalizada, aprovechamiento óptimo de los 27.000 millones de euros en fondos europeos que el Gobierno pretende aplicar en 2021 y reacción vigorosa de la economía a esa inversión. Una de las premisas que contemplan las “referencias” que Calviño ha contemplado en su plan apunta a un crecimiento del 10% en el consumo interno en 2021, algo que presupone que para el año que viene ya debería estar en marcha el sector turístico con gran parte de su capacidad y ya no habría restricción alguna al normal funcionamiento del sector comercial, del ocio y de la hostelería, ahora mismo bajo mínimos y con cientos de negocios abocados al cierre.
El Gobierno se lo ha jugado todo a la carta de los fondos europeos. Hasta tal punto es así que está decidido a adelantar los recursos que sean necesarios a golpe de endeudamiento si como parece las tensiones internas en el seno de Europa en relación a este mecanismo retrasan su activación efectiva hasta mediados de 2021 o incluso hasta el otoño. En Moncloa consideran la activación temprana de las inversiones previstas como un factor crítico para no perder el tren de la recuperación y confían en que el perfil de los proyectos den un impulso al país como nunca antes se ha visto en la historia. Pero aquí también hay incertidumbres, como señala el economista jefe para España de BBVA. “Alcanzar un crecimiento cercano al 10% implicaría una ejecución temprana y eficiente de los recursos que se planean inyectar relacionados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de la identificación de proyectos de elevado impacto en la economía. Ambos factores parecen optimistas”, asegura, aunque subraya que de conseguirse sí tendrían un efecto muy potente sobre la economía española.
Pero el mismo plan del Gobierno que lo fía todo a que la Covid se aplaque el año que viene para que le cuadren las cuentas, reconoce que la incertidumbre que se genera con la subida incontrolada de los contagios es el principal riesgo que puede hacer que todo se vaya al traste. Al analizar el impacto que las ayudas europeas pueden tener en la recuperación, el plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas reconoce que “el principal riesgo en materia sanitaria radica en la existencia de aumentos de la incidencia que no pudieran ser contenidos con restricciones parciales de la movilidad, del aforo de establecimientos públicos y otras”. Eso generaría un miedo en la sociedad que daría al traste con el consumo, la actividad y las rentas, de forma que sería imposible que, como han estimado, la economía vuelva a los niveles precrisis en enero de 2022 y acumule un crecimiento de seis puntos porcentuales superior al que habría sin ayudas a finales de 2023.
Fuentes financieras cercanas a todo ese proceso y que vigilan cada día la evolución de la economía han lanzado otro aviso a navegantes muy importante: todos los avales del ICO (por 140.000 millones hasta la fecha) han servido para aguantar la liquidez de las empresas, sobre todo porque se dieron para préstamos con un año de carencia, pero desde las principales entidades financieras ya han advertido a Economía que en el próximo mes de abril será cuando lleguen las primeras devoluciones, y eso supondrá un esfuerzo para las miles de pymes beneficiadas que puede generar mucha morosidad. Si en ese momento, no se ha controlado la pandemia más que ahora, los principales analistas de esos bancos advierten que se puede perder el tren de la recuperación y dejar la economía ante un tremendo drama.
