Por qué la tecnología es clave para gestionar el tráfico urbano y conseguir ciudades más limpias

Acabar con la contaminación de los núcleos urbanos tiene fecha límite en España. En 2023, la ley impone la creación de zonas de bajas emisiones.

Según la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas respiran aire altamente contaminado. Solo en España, apunta la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año mueren 33.200 personas de forma prematura a causa de la mala calidad del aire. El tráfico de las ciudades es, en buena parte, responsable de estas cifras, pues el transporte y la movilidad están detrás de los elevados índices de contaminación.

Afrontar esta problemática resulta esencial para la salud humana pero también para la del planeta, pues lograr una movilidad sostenible está estrechamente relacionada con los grandes retos globales, como son la descarbonización y la digitalización. Más si cabe si se tiene en cuenta el aumento de población que se espera en los núcleos urbanos (el 60% de la población mundial en 2030 va a vivir en ciudades) y el crecimiento del parque de vehículos privados (hasta un 50% en los próximos diez años) y el uso de estos, hábito derivado de la pandemia en detrimento del transporte público y que ha generado una mayor congestión en las carreteras, más emisiones de CO2 y más accidentes de tráfico.

"Necesitamos un cambio de paradigma en la gestión del tráfico urbano que permita cambiar las costumbres de la sociedad hacia una ciudad y una movilidad más eficiente, que pasa por ser sostenible, segura y conectada", apuntan desde Abertis Mobility Services (AMS), filial tecnológica del grupo Abertis y expertos en soluciones para la movilidad inteligente. Implantar políticas y mecanismos que desincentiven el transporte privado y una mayor inversión en transporte público, carriles bici y espacios urbanos para la peatonalización son algunas de las cuestiones en las que debe ponerse el foco.

Zonas de bajas emisiones

La Ley del Cambio Climático y Transición Energética, aprobada a mediados del pasado 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a instaurar zonas de bajas emisiones para el próximo 2023. Una zona de bajas emisiones (ZBE) es una herramienta que limita el acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas zonas de la ciudad con el objetivo de reducir la congestión y, por tanto, la contaminación. Además, con este sistema también se disminuye la contaminación acústica y la posibilidad de accidentes de tráfico.

En este sentido, AMS cuenta con una plataforma flexible y escalable para poner en marcha estas zonas dentro de los núcleos urbanos, según las características y necesidades de cada ciudad. Además, realizan la operación y gestión del servicio, con una red de 400 personas que se dedican a la atención al cliente. "Para la implantación de una ZBE, la tecnología es el requisito mínimo indispensable y desde AMS, contamos con un amplio conocimiento sobre la gestión de estas zonas, una gran trayectoria y experiencia demostrada, así como servicios de valor añadido destinados a mejorar la experiencia del cliente y el cumplimiento de la normativa", apuntan desde la entidad.

Este modelo ya ha funcionado en Londres, donde en tres años se ha conseguido una reducción del 94% de los londinenses afectados por la mala calidad del aire

Sistema de tarificación por uso

La implementación de las ZBE resulta una de las herramientas más eficaces para reducir la contaminación, pues los vehículos con más emisiones quedarían fuera de las urbes. No obstante, el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos plantea otro reto en lo que respecta a la congestión urbana. Cuando la adquisición de este tipo de coches se asiente en España, las ciudades se enfrentarán a la misma problemática en cuanto a la gestión del tráfico.

"La política de la Unión Europea es 'quién contamina paga' o 'quién ocupa paga'"

En esta línea, otra de las recomendaciones por parte de los organismos públicos es la aplicación de una tasa con los mecanismos del pago por congestión o contaminación y tarificación de acceso en función de la congestión. "La política de la Unión Europea es 'quién contamina paga' o 'quién ocupa paga', -explican desde Abertis Mobility Services. Esto consiste en una tarificación a todos los vehículos que quieran acceder a la ciudad o a una zona".

"El trabajo que debemos hacer ahora es buscar la forma más adecuada de implantar y adaptar estos dos sistemas que nos permitan conseguir los objetivos de construir ciudades más sostenibles y orientadas hacia el ciudadano, ofreciendo espacios libres de vehículos y que favorezcan un mayor uso del transporte público, vías para bicicletas y espacios que promuevan la movilidad activa", apuntan desde AMS en referencia a estas medidas.