Aunque hace apenas dos años nadie sabía lo que era un PERTE, los Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica llegaron a España con el objetivo de ser el instrumento de ordenación y reparto de una gran parte de los 140.000 millones de euros que la UE ponía a nuestra disposición para recuperar el parón económico de la pandemia. Ahora, en el momento álgido en el que el reparto de la parte de ayuda a fondo perdido (más de 70.000 millones) debe pegar el estirón que demuestre su impacto en la economía real, nos encontramos con más sombras que luces sobre su eficacia, con once PERTE aprobados y anunciados a bombo y platillo por el Gobierno, tres de ellos con las convocatorias abiertas para que las empresas puedan optar a sus subvenciones, y solo uno cerrado, el del vehículo eléctrico, por pura supervivencia del sector. Cuando una pyme se dirige a un consultor, un despacho de abogados o a su entidad financiera para que le ayuden a entrar en el reparto de los PERTE que suele ‘vender’ Sánchez en persona, lo primero que les dicen es que se olviden de eso, que miren las convocatorias concretas que vayan saliendo para ver como encajan (solos o en concurrencia con otros competidores) y pidan lo que consideren, tras pasar un periplo burocrático importante.
Sobre el papel, los PERTE nacieron como el instrumento ideal (y único) para implicar los presupuestos de varios ministerios y el sector privado en un mismo objetivo de inversión, incluso llegaron a dar miedo a muchas empresas por lo que suponían de desvelar sus estrategias ante la Administración y sus propios competidores. Esa intención de abarcarlo todo se cercenó en gran medida con la regulación definitiva de su funcionamiento, a finales de 2020, con un régimen en el que se les descargaba de contenido jurídico, para dar toda la validez a las convocatorias, la formación de consorcios o las distintas formas de cooperación que abarcaban, en función del sector al que se refiriesen. Esa base es la que ha provocado que ahora, cuando deben coger la velocidad de crucero que les corresponde, siga siendo un sistema “exasperadamente lento”, en palabras de os profesionales del derecho de los negocios que cada día se enfrentan a la pelea burocrática de sacar adelante los planes de sus clientes.
Varios grandes despachos de abogados y consultoras advirtieron hace algo más de un año de los cuellos de botella que se iban a generar por el exceso de centralismo que se establecía para gestionar y aprobar los proyectos empresariales que se podían implicar en el gran marco que abre cada PERTE. Esa crítica fue secundada también por casi todas las autonomías, independientemente de su signo político, que veían como Moncloa iba a ser quien abriera y cerrara el grifo de los fondos a su antojo, a pesar de que no contaba (ni cuenta) con el personal ni la agilidad suficiente en sus estructuras administrativas para tramitar una partida de dinero, planes e iniciativas sin parangón en la historia de este país. De los 19.000 millones de 2021 se estima que se han comprometido el 61%, es decir, quedan 8.000 millones por mover y añadir a los cerca de 26.000 que deberían llegar este año. “Pero el problema es que ese compromiso incluye un dinero que se ha mandado a las CCAA y que todavía sigue atascado”, explican desde uno de los grandes despachos, con lo que desde la parte empresarial estiman que el impacto en la economía real está aún bajo mínimos.
Hay que reconocer, de acuerdo con Paloma Baena, directora senior de la unidad Next Generation EU de Llorente y Cuenca, que el PERTE que se ha cerrado, sobre el vehículo eléctrico, ha logrado cumplir con los objetivos previstos de implicar a muchas pymes y no ser solo el proyecto de una gran empresa, implicar a varios ministerios y a casi todas las CCAA y multiplicar el capital público que se pone como inversión. Es el único que sirve de ejemplo por ahora, pero algo parecido, con el tiempo, puede ocurrir con proyectos como el de las energías renovables y el hidrógeno verde, o con el agroalimentario, que van algo más avanzados y cuyas empresas también lo necesitan antes de sucumbir ante las apreturas energéticas y alimentarias de la guerra de Ucrania. Pero surgen serias dudas con otros proyectos planteados desde el escenario político, aún sin definir, como ‘la economía de la lengua’, los microchips o el hub aeroespacial, cuando falta un año y medio para que casi todo este adjudicado o, cuando menos, comprometido. “El sistema puede funcionar como idea -explica Baena-, pero es cierto que se tarda mucho desde que se presentan hasta que de verdad se hacen”.
Desde el mundo del derecho de los negocios, la cuestión se ve con más problemas. Existe una barrera clara de entrada que es la poca cultura empresarial que hay en nuestro país a la hora de pedir subvenciones, sobre todo por el maratón burocrático que suponen. La gran atomización que se plantea en cada gran proyecto (40% de pymes por norma en cada PERTE) tampoco se ve con agrado cuando los que comparten idea y proyectos son tu competencia de toda la vida. Pero una vez superados esos problemas y con las miras puestas en innovar y ayudarse de los fondos, esas empresas se enfrentan a un expediente con un exceso de requisitos, basado en la Ley de Subvenciones, que no sirve para agilizar la situación. Tanto en las consultoras como en las entidades financieras que han creado plataformas de ayuda a las pymes para el Fondo UE, advierten que ya no es solo el proyecto de ejecución o el control público que se establece sobre cada entidad para pasar el filtro, existe también un gran miedo a los posibles “expedientes de reintegro” de las ayudas en caso de que algo se haya hecho mal sin mala intención, una denuncia a destiempo o cualquier cuestión que no quede clara en la temida “justificación” sobre el uso de los fondos recibidos. “Para que me voy a arriesgar y complicar tanto; espero a los créditos que será menos lioso”, es la contestación que muchos interesados en los fondos hacen a sus asesores ante tanta complicación, con la esperanza de que esos préstamos subvencionados tengan unas condiciones mejores que las que van a quedar en el mercado tras la subida de tipos que se avecina.
Tampoco ayuda a mejorar la percepción que se tiene de los PERTE el retraso en la puesta en marcha del registro que debe contener toda la información sobre el dinero implicado, los partícipes, los proyectos y los objetivos de cada uno de ellos. Fuentes jurídicas aseguran que ese registro es operativo desde el pasado mes de mayo, pero no ha salvado las cosas al obligar a que cada ministerio en el que recaiga la organización y coordinación de un PERTE es quien debe aprobar y comprobar los requisitos para estar inscrito, algo para lo que necesitan publicar sus correspondientes reglamentos, con lo que, lejos de aclarar o dinamizar la situación, el retraso en este paso puede ser aún mayor.
Con todas las dificultades que se les achacan y el alto componente político (que no jurídico) de su configuración, los PERTE han venido para quedarse al menos mientras haya dinero del Fondo UE que repartir entre las empresas. Fuentes empresariales, recelosas de su funcionamiento desde el principio, estiman que de los cerca de 33.000 millones que tienen contemplados hasta ahora los once planes en marcha, solo un 13% se han movilizado; mucho menos de ese porcentaje (un 2%) ha llegado a la economía real y en el primer trimestre del año apenas ha habido 20 convocatorias.
Frente a estos datos, el Gobierno presume de haber sido el que más dinero y más rápido ha movilizado de toda Europa con el Next Generation. En plena guerra de cifras, es complicado deslindar cuánto de los fondos va a ir a parar a proyectos puramente del sector público (modernización de edificios, digitalización de la Administración, etc…), sin un efecto multiplicador de la inversión privada, y cuánto a la reindustrialización del país. Las CCAA esperan ser las gestoras de un 50% de todo ese dinero, pero apenas les ha llegado ahora la mitad de ese dinero con los compromisos anunciados. De una forma o de otra, España entra en uno de los momentos clave sobre la validez de los PERTE y el reparto del dinero de la UE, bajo la amenaza de una crisis energética y con la amenaza de una inflación desbocada, lo que hace coincidir a todas las partes consultadas que en muy pocos meses veremos si hay un gran atasco en las ayudas que ahoga la economía o de verdad llegan a ser el remedio de la crisis.
