Arranca la carrera por los fondos europeos. Las empresas españolas encaran su particular fiebre del oro con el objetivo de empaparse al máximo de la lluvia de millones que emanará de Europa en los próximos años. La pandemia ha arrasado el tejido productivo con una intensidad nunca vista en un periodo de tiempo tan breve y los sectores ya empiezan a moverse para conseguir una porción de pastel suficiente para garantizar su supervivencia a medio y largo plazo. Todos miran al turismo como una de las actividades que podrían verse beneficiadas por ser de las más afectadas por esta crisis, pero las transfusiones de emergencia están vinculadas, además de a un Plan Nacional de Reformas que cumpla las recomendaciones de la Comisión Europea, a una serie de criterios que amenazan con provocar fuertes dolores de cabeza en el proceso de desarrollo de los proyectos que busquen captar inversiones, como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social o la contribución efectiva a la transición verde y digital.
En definitiva, el reparto del fondo de 750.000 millones, que supondrá la inyección de 140.000 millones de euros a la economía española en los próximos seis años, nada menos que el equivalente al 11% del PIB, va a ser bastante horizontal. Existen ejes prioritarios, como la innovación tecnológica, las inversiones verdes o el desarrollo de energías renovables, pero se abre un amplio abanico de posibilidades a sectores como la construcción, a través de la rehabilitación de vivienda, o los transportes, con especial incidencia en la automoción. Sin olvidar las infraestructuras o el sector agroalimentario y por supuesto, la sanidad, otro de los ámbitos identificados como prioritarios, sobre todo después de los daños causados por la Covid-19. Todo ello, sin dejar de lado que el turismo, motor de la economía española, va a necesitar transferencias millonarias, tal y como han demandado las patronales del sector, que se enfrentan al reto de diseñar proyectos dirigidos a implementar la productividad y la competitividad y no solo a recuperar el empleo destruido por esta crisis, sino también a cualificar la mano de obra.
En esta tarea, las empresas no estarán solas. La CEOE ha puesto en marcha, en colaboración con la consultora PwC, una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos. Su cometido será dar soporte técnico para aprovechar de la manera más eficaz los recursos procedentes de Europa, ofreciendo a las compañías asesoramiento en la captación y aprovechamiento de los fondos. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de la patronal que va a coordinar este proyecto junto con la delegación de CEOE en Bruselas, adelanta a La Información que la intención es que la oficina esté a pleno rendimiento en octubre, “una vez el Gobierno haya presentado a Bruselas su plan integral de reformas”. “Nos pondremos a disposición del Ejecutivo para hacer de nexo entre el sector público y el privado”, matiza. Fernández de Mesa tiene muy presente la importancia de preservar el tejido productivo en sectores especialmente dañados por esta crisis, como la hostelería, pero a medio y largo plazo mira a sectores “estratégicos” y “de futuro”, orientados a la digitalización, y también a actividades “con impacto de arrastre”, que puedan servir de palanca al resto de la economía, como la construcción o el sector financiero.
El economista Javier Santacruz resume las “tres cartas marcadas” en el acuerdo del Consejo Europeo: la transición energética, con inyecciones en renovables e instalaciones de nuevas fuentes de generación, inversión en redes, transporte y distribución de energía eléctrica, con Iberdrola, Acciona o Siemens Gamesa como beneficiarios del paquete de ayudas a largo plazo; la digitalización, donde se va a hacer una apuesta decidida por el 5G (con Ericsson como el “clarísimo ganador” en la UE como único competidor de Huawei) e inteligencia artificial, así como en compañías de hardware en redes como Telefónica o Cellnex; y la investigación en el ámbito de la medicina, biomédica y sector farmacéutico. Santacruz destaca que España tiene una “oportunidad de oro” para invertir en infraestructuras orientadas a las redes eléctricas de telecomunicaciones y a las conexiones portuarias para convertirse en un “gigante de la logística”. Tras la euforia inicial, no obstante, este analista pide esperar a conocer los planes del Gobierno después del verano y recuerda que España debe hacerse acreedora de unos fondos que, además, no llegarán hasta el año que viene.
Aun así, las patronales ya han empezado a posicionarse en la casilla de salida del ‘rally’ de los fondos. El ‘lobby’ Exceltur, que agrupa a una treintena de empresas del sector turístico, reclama el 25% de los 140.000 millones de euros que recibirá España. Un salvavidas que busca evitar la desaparición de tejido productivo y la pérdida de competitividad de nuestro país como destino, incidiendo en la modernización de la oferta, a través del impulso a la digitalización en operadores y agencias, y en la sostenibilidad de los destinos. Las patronales de hostelería han pedido que los fondos se repartan en función del peso en la economía y afectación que ha tenido la pandemia en cada sector. Mientras, las aerolíneas, igualmente entre los más perjudicados por el desplome de la actividad turística, también se han lanzado a solicitar ayudas para apuntalar su estructura financiera ante los problemas de liquidez. Adelanta Santacruz, no obstante, que el “rescate” al turismo, en especial a aerolíneas como Iberia o Air Europa, al holding Globalia o a compañías hoteleras como NH, Meliá o Iberostar, se va a producir por la vía del fondo puesto en marcha por el Gobierno para empresas estratégicas en situación límite, canalizado a través de la SEPI.
Pero más allá de las empresas consideradas estratégicas, el Ejecutivo tiene planes específicos para inyectar fondos públicos en determinados sectores, como pueden ser el inmobiliario o las infraestructuras. En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene en mente proyectos para el desarrollo de vivienda de alquiler social y mantenimiento de carreteras, descartando, no obstante, inversiones en mastodónticos proyectos de infraestructuras como se hiciera en el pasado. El Ministerio de Industria, por su parte, tiene el foco en la movilidad, con encuadre hacia el sector del automóvil, que, al margen de los daños ocasionados por la pandemia, atraviesa un momento complejo en la transición hacia la electrificación y, en definitiva, hacia el horizonte de una economía más sostenible. También se buscan soluciones para el sector agroalimentario, toda vez que la Política Agraria Común (PAC) se va a ver reducida en un 10% en el presupuesto comunitario, y para la sanidad, reforzando las infraestructuras sanitarias, potenciando la investigación y la producción de medicamentos.
Las empresas tecnológicas también están llamadas a ser una de las palancas clave en la salida de esta crisis. Tanto es así que el Gobierno ya ha presentado uno de los primeros programas que estarán en gran parte financiados por las ayudas europeas, el Plan España Digital 2025, con el que se pretenden movilizar 140.000 millones de euros de inversión, pública y privada, durante los próximos cinco años, para impulsar la digitalización del país. El plan incluirá la inversión de 70.000 millones (40.000 públicos y 20.000 privados) en los tres primeros años, y otros 70.000 en el bienio siguiente. De esos 20.000 millones públicos, 15.000 procederán de los fondos europeos. Asimismo, como ya se ha comentado, las energías renovables tendrán un papel preponderante y los actores del mercado se posicionan como posibles ganadores del paquete de ayudas con proyectos para la lucha contra el cambio climático. Todo ello, sin dejar de mirar a la banca, que a largo plazo se verá indirectamente beneficiada al incrementarse las ayudas a los sectores más dañados, repercutiendo en menores tasas de morosidad.
En el IEE consideran, como comentaba Fernández de Mesa, que los fondos europeos deben destinarse a las actividades con mayor potencial de recuperación y que puedan servir de palanca al resto de la economía, ya sea porque son las que más han sufrido, por su posición relativamente más sólida, porque tienen un mayor efecto arrastre o porque coinciden con las determinadas como prioritarias por la propia Comisión Europea, como son, por ejemplo, la transición ecológica o la digitalización. Aunque recuerdan que “es posible que los primeros flujos de dinero no se produzcan hasta el segundo semestre de 2021”, por consiguiente, este plan iría a reactivar y fortalecer la inversión durante este y los siguientes periodos. Y añaden que los gobiernos disponen de otras vías, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, los Fondos Estructurales y de Cohesión o el Banco Europeo de Inversión (BEI), incluyendo el fondo SURE para los ERTE, que pueden activarse inmediatamente a instancias del Estado miembro en cuestión.
Desde el laboratorio de ideas de la CEOE añaden que “con la finalidad de que el uso de los recursos procedentes de Europa sea eficiente, es obligado invertir en proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus principales hitos por una visión empresarial, por lo que en la asignación de los recursos deben primarse los criterios de rentabilidad y eficiencia económica, transparencia y rendición de cuentas, garantizados con evaluaciones continuas de los mismos”. Y lanzan esta advertencia: “Debemos evitar aquellos proyectos que solo obedezcan a consideraciones políticas o que sean incapaces de obtener ningún tipo de cofinanciación privada o de otras Administraciones, porque, cuando un proyecto supera más de un filtro de decisión, normalmente será mejor en todos los términos económicos y sociales que cuando solo depende de un filtro de decisión de una Administración”. De esta forma, a su juicio, la colaboración público–privada, para la asignación, ejecución y evaluación de los recursos destinados a la economía española, es imprescindible.
La advertencia lanzada por el gobernador del Banco de España esta misma semana no es baladí. Pablo Hernández de Cos ha avisado de que para que la respuesta europea sea efectiva “tiene que acompañarse de una reacción de las políticas económicas nacionales a la altura de la acción europea y de los retos a los que nos enfrentamos”. En este sentido, ha indicado que “esta respuesta exige mantener el apoyo de la política fiscal a la economía, con carácter temporal, focalizado en los colectivos de empresas, sectores y grupos de población más afectados y con un diseño que permita los ajustes estructurales necesarios; convertir los fondos europeos en un impulso fiscal que acompañe y oriente el esfuerzo de recuperación preciso de nuestro tejido productivo; implementar, de manera urgente, una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas que afronte los retos estructurales de nuestra economía, y, finalmente, diseñar un programa de consolidación fiscal de medio plazo, para su implementación gradual una vez superada la crisis económica generada por la pandemia, que garantice la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y permita acumular colchones fiscales para su uso en futuros episodios recesivos”
