La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende la fortaleza de la economía española y la evolución del mercado laboral como punta de lanza de la salida de la crisis del coronavirus. Pero la invasión de Ucrania, "las turbulencias en los mercados energéticos" y el alza de los precios -más acentuada en España que en el resto de la zona euro- tiñen de incertidumbre el corto y medio plazo. El producto interior bruto (PIB) del primer trimestre creció solo tres décimas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre abril y junio, la economía podría crecer solo una décima, según las estimaciones preliminares del Banco de España. Es decir, los datos recientes muestran una ralentización del crecimiento que contrastan con la evolución positiva del empleo.
“Somos la gran economía del euro que peor lo ha hecho", llegó a afirmar esta semana el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. Unas declaraciones, que según Calviño, se sacaron de contexto ante la evolución económica registrada en los últimos meses. En una entrevista en la Cadena Ser, la vicepresidenta de Asuntos Económicos defendió que la perspectiva es la de "una economía que se recupera con fuerza incluso en un contexto muy complejo". Sin embargo, las principales instituciones económicas rechazan el discurso de Moncloa que traslada Nadia Calviño.
El Gobierno confía en que la recuperación económica y la eliminación de partidas de gasto vinculadas a la pandemia llevarán a una reducción progresiva de la deuda y el déficit, pero tanto el Banco de España, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han alertado al Ejecutivo de que son necesarias más medidas y un plan de reconsolidación fiscal a medio plazo para recuperar una senda sostenible de las finanzas públicas. Mientras que Moncloa calcula un descenso progresivo de la deuda pública desde 2022 hasta 2025, el Banco de España estima para 2024 una deuda mayor que la prevista para este año. También la Airef ha puesto el foco sobre el déficit estructural y sobre los desequilibrios presupuestarios que podrían ocasionar algunos de los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La institución que preside Cristina Herrero llamó la atención sobre que el Gobierno no modificó el déficit previsto para este año, del 5%, pese a mejorar el dato de 2021 y estar logrando una recaudación tributaria récord.
El cuadro macroeconómico del Gobierno sí revisó a la baja el crecimiento previsto para el producto interior bruto (PIB), hasta el 4,3%. No obstante, la previsión más reciente, de la Comisión Europea ya alerta a Moncloa de que el crecimiento será algo menor, del 4%. También el supervisor bancario ha afirmado que revisará a la baja su previsión de PIB para este año, calculada en el 4,5% en abril, tras conocer la evolución económica del primer trimestre. La Comisión puso el foco sobre el consumo privado, una de las palancas del crecimiento económico según el Gobierno. Bruselas señaló que la inflación y los problemas en las cadenas de suministro, más persistentes de lo inicialmente previsto, llevarán al gasto de los hogares a crecer solo un 0,8%, frente al 4% que prevé el Ejecutivo o al 4,5% que calculó el Banco de España. La Cámara de Comercio estima un 2% para el avance del consumo privado en 2022.
El tope al gas, pendiente de activación, ayudará a rebajar la inflación general que el Gobierno calcula en alrededor del 6%, la previsión más baja frente a la Airef, la Comisión Europea y el Banco de España. El supervisor bancario apuntó durante la presentación de su informe anual que su estimación -en el 7,5%- se rebajaría en la próxima presentación. No obstante, hizo hincapié en que la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados podría seguir al alza durante algunos meses más, tras escalar al 4,4% en abril, impulsada por la alimentación elaborada y los precios de hoteles y restaurantes.
Pensiones
Además del esfuerzo económico de los hogares, la inflación es relevante para el Gobierno porque afecta al gasto público en una de las partidas de gasto más relevantes: las pensiones. Tal como publicó este periódico, el Ejecutivo insiste en que se mantendrá su revalorización vinculada al índice de precios al consumo (IPC) pese a las críticas del Banco de España y de la Comisión Europea. Bruselas alertó en sus previsiones de primavera de que el gasto en estas prestaciones públicas podría ser mayor al estimado si las presiones inflacionistas se mantienen. El BdE fue más crítico con la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá y apuntó a la necesidad de "analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores".
Los cálculos de la Airef apuntan a que la factura de las pensiones se disparará en más de 13.000 millones de euros el próximo año, ya que la inflación de 2022 se aplicará a las prestaciones de 2023. Fedea también apunta a las mismas cifras, entre 10.000 y 13.000 euros más. Los mismos cálculos hacen el Banco de España y la Comisión Europea si se tienen en cuenta los datos de inflación que prevén para este año. El Ejecutivo confía en la reforma recién aprobada y en la evolución del empleo para asumir el sobrecoste que tendrán estas prestaciones públicas a partir del próximo año. Un coste que difícilmente se reducirá en el medio plazo, teniendo en cuenta las jubilaciones del baby boom y que la base sobre la que se incrementan las prestaciones aumenta cada ejercicio.
Mercado de trabajo y Plan de Recuperación
La gran apuesta del Gobierno en materia económica es el mercado de trabajo. Se trata del indicador económico que más alegrías ha dado en Moncloa desde la salida de la crisis del coronavirus. De hecho, los economistas siguen estudiando el comportamiento tan dispar que han mostrado los datos de empleo y los de actividad económica. El director de análisis del Banco de España, Ángel Gavilán, apuntó recientemente que se “desconocen los factores que explican una recuperación más dinámica del empleo que del PIB”. En cualquier caso, las estimaciones sobre la tasa de desempleo también varían entre las instituciones económicas y el Gobierno. Si Moncloa espera que el paro se reduzca casi un punto con respecto a la tasa registrada en el primer trimestre por el INE, del 13,6% al 12,8%, el resto de organismos auguran una moderación de las contrataciones y estiman tasas de desempleo de entre el 13,2% en el caso de la Airef al 13,5%, según el Banco de España.
Moncloa tampoco encuentra el apoyo de los organismos en el impulso que supondrá el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no porque no confíen en las reformas y proyectos que se impulsarán, sino porque critican que el Gobierno no ofrece información suficiente sobre la ejecución del mismo. El director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, aseguró que "es muy difícil, sino imposible seguir el impacto y la ejecución" del Plan de Recuperación. "Es un desafío que enfrentamos todos. Nos genera incertidumbre y ruido, lamentablemente", añadió. De cara a 2022, la Airef espera que el Plan tenga un efecto multiplicar del 0,9, frente al 1,2 que esperaba en la última previsión.
En definitiva, el discurso de Calviño contrasta con la prudencia y las alertas que lanzan las principales instituciones económicas. La evolución de la guerra y las consecuencias económicas que se deriven de ésta marcarán el paso a la economía española. En el lado positivo, la llegada del verano y con ello del turismo impulsarán los datos del PIB en el tercer trimestre del año, según todas las instituciones. Al mismo ritmo, el Gobierno deberá seguir sacando adelante las reformas comprometidas con Bruselas, desde la segunda parte de la reforma de las pensiones hasta los cambios en la tributación que impulsen la fiscalidad medioambiental, tal como le ha insistido el Banco de España.
