La justicia
en el cadalso


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Texto: Fernando Pastor / Gema Huesca
Vídeos: José González

Por más que el parón político esté dando la sensación de que el país se mueve a golpe de sentencias judiciales (Gurtel, ‘procès’, caso de los ERE, etc.), la realidad demuestra que el modelo judicial español se tambalea en el alambre desde hace tiempo y será otro de los grandes escollos casi insalvables en una sola legislatura para el próximo Gobierno. La renovación del órgano de gobierno de los jueces (Consejo general del Poder Judicial) está más lejos que nunca y no se podrá hacer sin un acuerdo entre PP y PSOE; la reputación del Tribunal Supremo, azotada por el caso del impuesto de las hipotecas, no ha levantado cabeza ni con la histórica sentencia del ‘procès’ y su opción por la sedición; jueces y fiscales se han puesto de acuerdo por primera vez en la historia y han salido a la calle a protestar por la falta de medios y de modelo; los delitos económicos llenan los juzgados principales y llegan a la Audiencia y al Supremo en megacausas que se hacen eternas y tienen en jaque al estamento empresarial; y pesa sobre el Reino de España la amenaza de casos como las cláusulas suelo y el IRPH, en los que el Tribunal Europeo de Justicia quita la razón a los altos tribunales españoles y llena los juzgados de demandas particulares en busca de resarcimiento.

“En España, cuando un empresario arriesga, pero se equivoca y pierde, no solo tiene que afrontar las consecuencias en su patrimonio, sino que en muchas ocasiones se ve abocado a sufrir un proceso penal por haberse equivocado”. Esa queja se ha generalizado entre los altos empresarios del Ibex 35 español, a la vista de que muchos de ellos se ven metidos en procesos penales que en otras legislaciones se resuelven de forma más ágil en otras áreas que resarcen de la misma manera a quienes hayan salido perjudicados. Más allá de los casos de corrupción empresarial, los tribunales españoles cargan cada vez más con causas mercantiles y financieras de mucha complejidad, para la que ni jueces ni fiscales están completamente cualificados.

Desde el propio ámbito judicial se escuchan quejas por no contar con un cuerpo de peritos y técnicos que les asesoren en ese tipo de causas complicadas en el ámbito financiero, de forma que tengan que “pedir auxilio” al Banco de España, la Inspección de Hacienda o la Intervención del Estado, “y es muy difícil lograr que te manden a alguien a tiempo completo, a quien sacas de su estatus habitual y su trabajo para meterlo en un mundo jurídico rígido y lleno de presiones”, admite un juez de lo Mercantil, “colapsado y sin ayuda”.

CGPJ Y TRIBUNAL SUPREMO NO LEVANTAN CABEZA

El bloqueo institucional y los problemas para renovar el CGPJ no traen buenos augurios a quienes confían en que los propios jueces sean los que tomen las medidas necesarias para ordenar y mejorar mejor su trabajo. Hace apenas un año que se aprobó en el Congreso una reforma ‘light’ de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, lejos de solucionar el marcado carácter político del modelo de elección de los 20 vocales del Consejo General, ratificaba que todos ellos deberían ser elegidos por las Cortes Generales, la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado, en sendas listas que los partidos mayoritarios deben consensuar o negociar con antelación, dado que doce debe ser jueces y magistrados, y ocho juristas de reconocida competencia.

Sin entrar en el fondo filosófico de la cuestión, el problema que se presenta ahora es que llevamos desde el pasado 4 de diciembre de 2018 con el mandato cumplido de los vocales del CGPJ, con su presidente y a la vez presidente del Tribual Supremo, Carlos Lesmes, de salida, y sin una solución factible sobre la mesa, porque el parón político y el enfrentamiento entre la futura coalición del PSOE- Unidas Podemos con el PP, deja cada vez más lejos la posibilidad que se pongan de acuerdo para proponer nuevos candidatos que puedan salir adelante, sobre todo si tenemos en cuenta que hay que aprobarlo con una mayoría de tres quintos de las Cámaras.

Fue la propia manipulación política de unos y otros lo que hizo que el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha juzgado a los políticos catalanes de ‘procès’, rechazara su candidatura a la presidencia del Supremo y diera al traste con el pacto que había entre PSOE y PP. El ‘affaire’ que sufrió ese acuerdo se produjo además en plena crisis de reputación del Tribunal Supremo, que se corrigió a sí mismo para que los bancos no pagaran el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las hipotecas y lo siguieran haciendo los particulares, y se encontró con una decisión política del Gobierno del PSOE para cambiar la norma, llevarle la contraria y dejarle en evidencia.

Esa falta de confianza en la gente que generó la falta de criterio de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que llegó a poner en riesgo el puesto de su presidente, Luis María Díez-Picazo, no ha dejado de incrementarse desde entonces, a pesar del impulso que debería haber supuesto frente a ello la sentencia sobre el ‘procés. Pero la opción por la sedición para condenar a los políticos independentistas catalanes no ha logrado el apoyo unánime ni siquiera del estamento judicial y fiscal, que veían en los acontecimientos del 1-O en Cataluña, cuando menos, una conspiración para la rebelión. Cuando a finales de este mismo año y a primeros del que viene, la mayor parte de los condenados, que han pasado dos años en prisión preventiva, se pueda acoger a los beneficios penitenciarios que otorgará la Generalitat (con competencia plena sobre prisiones en su comunidad) y obtenga un segundo grado ampliado con opciones de salir cada día de la cárcel a hacer trabajos sociales, la imagen del Supremo en la opinión pública, por no haber cerrado esa posibilidad, puede verse más perjudicada aún.

Sobre el Supremo pesa ahora, además, la sentencia del Tribunal de Justicia de al UE (TJUE) sobre el índice de referencia de las hipotecas (IRPH) que aplicaron los bancos en España y que se espera que esté lista en el primer o segundo trimestre del año que viene, sobre la que el abogado general comunitario ya se ha pronunciado en contra de lo que sentenció el Supremo hace dos años, y que puede ser la primera vez que se obligue a la alta institución española a corregir su jurisprudencia y dar la razón a quienes consideran que esa referencia para calcular las hipotecas fue abusiva y se vendió con prácticas poco transparentes.

El precedente de las cláusulas suelo no augura nada bueno para la resolución de este caso, con el agravante de que los 90 juzgados especiales que se crearon para atender los miles de demandas que se están recibiendo después de que el TJUE fallara en contra de la banca y a favor del consumidores, están colapsados y de nada servirán para un fenómeno similar en el caso del IRPH, o de otros que pueden llegar.

El ‘annus horribilis’ de la ministra Delgado


Dolores Delgado ha pasado año y medio al frente de la cartera de Justicia, casi la mitad de ellos en funciones y la otra mitad sufriendo un calvario, tanto por tener que afrontar una huelga dura de sus excompañeros en la Fiscalía y la judicatura, como por las informaciones que sacaban a la luz su supuesta amistad con el excomisario Villarejo, encarcelado por el caso Tándem. Después de las primeras escuchas publicadas, la ministra aseguraba que había aprendido a “convertir las dificultades en oportunidad”, para seguir adelante con todos los frentes abiertos en su Ministerio.

Desde su llegada al Ministerio, la ministra se metió de lleno en poner en marcha los mandatos de la Ley de Memoria Histórica para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos a punto de celebrar las segundas elecciones generales en un año. También tuvo que pasar por las consecuencias del juicio a La Manada y la redefinición, aún pendiente, de los delitos sexuales en el Código Penal, además de vigilar la aplicación en España de la prisión permanente revisable. El conflicto catalán y la defensa de los jueces y fiscales de aquella comunidad para intentar detener a Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos tampoco fue fácil de gestionar por parte de su Ministerio.

Pero el caso Villarejo volvía con escuchas en las que la figura de la titular de Justicia no salía bien parada, en pleno conflicto por la ruptura del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después del acuerdo inicial el que se había llegado. La dureza con que la opinión pública ha tratado a Delgado le ha convertido, al final de su mandato, en una ministra ‘quemada’ en el ámbito político, que será muy complicado que repita al frente de esa cartera que se mantuvo en su puesto hace ahora un año, más que nada porque el Gobierno de Sánchez no se podía permitir una tercera dimisión en su gabinete sin haber cumplido siquiera cien días de mandato.

FALTA DE MEDIOS EN UN MODELO ARCAICO

Cuando se intenta acudir también a la cúpula judicial, en busca de medidas que apoyen el colapso de los jueces y fiscales, la situación no mejora. Según los últimos datos del propio CGPJ referidos a 2018, en los juzgados españoles se tratan cada año poco más de 6 millones de asuntos judiciales, de los que la mitad son penales (3,15 millones el año pasado) y algo más de 2 millones son civiles. De todo ese cúmulo, se generaron un millón y medio de sentencias, de forma que quedaron en trámite a finales del ejercicio casi la mitad de todos los que entraron (2,7 millones de casos). Entre 2011 y 2016 se logró reducir en gran medida los asuntos pendientes en los juzgados españoles y rebajar la acumulación que se produjo durante los años duros de la crisis, pero en los dos últimos ejercicios completos, en pleno parón político y con el funcionamiento de la justicia más en entredicho que nunca, las causas pendientes se han vuelto a incrementar (casi un 10% en 2018).

Fuentes consultadas en el ámbito judicial y fiscal no son nada halagüeñas sobre la reforma global que entienden que hay que hacer en el modelo español. Todo se achaca siempre a una falta crónica de medios (juzgados viejos, sin digitalización, menos jueces de los necesarios, etc…), pero frente a esa demanda clásica, los juristas advierten que hay que tener en cuenta que tanto o más grave que la falta de recursos, es la falta de un modelo que no se ha renovado en mucho tiempo.

En primer lugar, España es el único país de la UE en el que se mantiene la figura del juez instructor, como el que dirige y lleva la investigación de las causas y la policía judicial, junto al fiscal, para que luego sea un tribunal distinto quien lo juzgue si el caso se llega a transformar en un juicio. En Estados Unidos y el resto de países comunitarios y desarrollados, ese papel instructor e investigador lo realiza siempre la Fiscalía, avalada por un juez que salvaguarda que se garanticen en todo momento los derechos fundamentales y no haya errores graves de forma, algo que es básico para tener después un juicio justo. Esa plantilla de jueces instructores puede liberarse en un cambio de modelo y ayudar a rebajar (algo) el colapso de la justicia, pero desde el ámbito judicial advierten que lo complicado será formar en España jueces de garantías, un proceso largo y complicado.

En segundo lugar está el sempiterno problema de la planta judicial en España, el reparto de jurisdicciones en capitales y provincias, que hace que mientras en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se concentren, saturen y retrasen las resoluciones de los casos, en otros juzgados del ámbito rural o fuera de esas grandes concentraciones de población y empresas, los jueces vayan a un ritmo mucho más lento que el que fuera deseable en un reparto equitativo del trabajo en su conjunto. No es un tema fácil de solventar si, como señalan algunos académicos, partimos de una planta judicial en España que fue instaurada hace casi un siglo y medio, pero está en la base de una posible solución al colapso y la falta de medios de la Justicia.

Cuando tratas el cambio de modelo global con exmagistrados que han estado al pie del cañón gran parte de su vida, lo que más han echado en falta en el sistema judicial español son “gestores”, gente que sepa de recursos humanos, calidad o informática, por ejemplo. El papel de gerente de un juzgado lo llevan los secretarios judiciales, pero su formación en España no es la de modelos de gestión, sino la de ser vicejueces y saberse muy bien la Ley de Enjuiciamiento Civil; en definitiva, no saben hacer una tabla de Excel o gestionar el día a día en la atención al público. “Todo el mundo hace siempre las cosas lo mejor que puede y los funcionarios de Justicia son de lo mejor que hay en el sector público -admiten algunos jueces-, pero al final llegas a la conclusión de que sobramos jueces y faltan gestores”.

Huelga contra un modelo del siglo pasado


El Poder Judicial arrastra una serie de retrasos que ha llevado a los trabajadores de la Administración de Justicia a plantarse en más de una ocasión. Hace justo un año, el 19 de noviembre de 2018, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales protagonizaron una huelga que secundó más del 61% del mundo de la judicatura. Se trató de una jornada histórica no solo por el éxito de la convocatoria (participaron 3.234 magistrados y 1004 fiscales) sino porque era la primera vez en la historia de la democracia que todo el sector se puso de acuerdo para reivindicar una modernización que no termina de llegar.

Un año después, las cosas siguen igual o peor. “El Poder judicial está regulado con leyes del siglo XIX”, explica a este diario Natalia Velilla, magistrada miembro de la asociación Judicial Francisco de Vitoria. Así pues, una de las principales trabas que asumen los jueces en su día a día es que las leyes de enjuiciamiento no van acordes al avance de la sociedad y a ello hay que sumarle los problemas cada vez mayores cuando hay que notificar resoluciones o decisiones judiciales a las partes.

Pese a la férrea propuesta del Ministerio que dirigió Rafael Catalá durante la última legislatura del PP de fomentar la implantación del ‘papel cero’, lo cierto es que los juzgados siguen colapsados en este sentido porque las principales resoluciones se siguen efectuando en papel impreso a través de la figura de un procurador. Igualmente cuando un juzgado notifica cualquier diligencia lo hace de manera personal y con papeles. El principal efecto de todo este sistema de funcionamiento es, pues, la ralentización de la Justicia y el colapso de los tribunales.

Otro de los principales reclamos del Poder Judicial para desatascar los tribunales reside en la apuesta de una resolución de conflictos alternativa a la vía judicial; es decir, la apuesta por otros medios como el arbitraje o la mediación. El hecho de conseguir que una causa no llegue a los juzgados y se solucione antes de entrar en terreno de tribunales disminuiría la litigiosidad y quitaría mucha carga a los juzgados.

“El Gobierno está atado de pies y manos y nosotros estamos en ‘stand by’. Todo lo que hicimos se ha quedado en nada”, lamenta Velilla, la cual incide en que aunque muchos reclamos se efectúan directamente ante el Ministerio de Justicia, la realidad es que el encargado de gestionar muchas de estas cuestiones, en concreto las relativas con las partidas económicas, es el departamento de Hacienda. “Tenemos un Ministerio de Justicia que es hueco”, expone.

Pero a la reivindicación de una modernización de la Justicia se suma otro reclamo por el que llevan mucho tiempo litigando los juristas: fijar un calendario laboral que les permita conciliar la vida laboral con la familiar. De hecho, este asunto llegó hasta la Audiencia Nacional después de que las cuatro asociaciones de magistrados plantearan una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ por la regulación de las cargas de trabajo a afectos de salud laboral. La Sala de lo Social se pronunció el pasado mes de septiembre desestimando la demanda al considerar que este tipo de cuestiones deben someterse al procedimiento administrativo.

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