Las pensiones
en la UVI


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Texto: Cristina Alonso/ Bruno Pérez
Vídeos: José González
Podcast: Ingrid Gutiérrez

Era 2017 y por aquel entonces Fátima Báñez dirigía el Ministerio de Empleo y sus interlocutores en la oposición eran la actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el ahora embajador español en la OCDE, Manuel Escudero. Los contactos, bilaterales, se llevaron en el mayor de los secretos, al margen del Pacto de Toledo. ¿El objetivo? Acordar un pacto de mínimos entre los dos principales partidos del arco parlamentario para encarrilar por la vía pacífica la modificación del sistema de pensiones alumbrado por la reforma de 2013 -cada vez más contestada en las calles– y engrasar la negociación multipartidista que en paralelo se desarrollaba en la comisión parlamentaria. El diálogo entre PP y PSOE gozaba hasta de la bendición del ‘amo de la caja’, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y avanzó hasta un punto muy próximo al acuerdo, según varios de los altos cargos que participaron en el mismo. Pero como tantas otras veces en la convulsa historia de las reformas del sistema de pensiones en España, encalló al poco de llegar a la orilla.

La dimensión social y política que alcanzaron las movilizaciones de jubilados en las calles, primero, y el cambio de Gobierno tras el éxito de la moción de censura a Mariano Rajoy, después, dinamitaron la negociación y devolvieron al cajón un borrador de reforma pactada que abría la puerta a financiar con impuestos el sistema de pensiones, que abolía el esquema de revalorizaciones permanentes de las prestaciones al 0,25% implantado en 2013 y que habilitaba instrumentos para compensar las lagunas de cotización generadas por la crisis económica. Ya con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, el equipo de Valerio intentó reactivar ese canal bilateral de negociación para desatascar el bloqueo dentro del Pacto de Toledo, pero para aquel entonces los tambores de elecciones generales sonaban ya demasiado fuerte y el admirable propósito original de esa comisión parlamentaria de sacar el sistema de pensiones de la refriega política ya había sucumbido a la vorágine electoral.

EL SISTEMA DE LAS PENSIONES, EN CIFRAS

Así, de un plumazo, a principios de 2019 los políticos volvieron a dejarlo todo empantanado, abandonando a su suerte a un sistema de las pensiones públicas que permanece en la UVI desde hace años. Tras las reformas de 2011 y 2013 no se han adoptado medidas complementarias que permitan paliar un déficit estructural de 20.000 millones de euros. En ausencia de revalorización, solo por el incremento de los pensionistas –que se intensificará con la jubilación de los ‘baby boomers’– y el efecto sustitución –generado por las altas de pensiones más elevadas que las que causan baja– el gasto en pensiones crece a tasas anuales del 2,8%, un punto por encima del crecimiento potencial de la economía española. En estas condiciones, y teniendo en cuenta que la demografía juega en contra, el sistema, tal y como está planteado, es difícilmente sostenible. Las previsiones hablan por sí solas: en el año 2050 serán necesarios 29 millones de cotizantes para poder pagar 15 millones de pensiones. En estos momentos hay 19,4 millones de cotizantes que pagan 9,7 millones de pensiones.

LAS RECETAS DE LOS EXPERTOS

Nadie duda de que el sostenimiento a futuro del sistema público de pensiones pasa por su reforma. El debate se suscita respecto a la profundidad que debe tener la misma. El relato oficial que asumen los principales partidos, excepto Vox, pasa por el mantenimiento del actual sistema de reparto, en el que los trabajadores de hoy financian la pensión de los jubilados de hoy, al tiempo que generan derechos para sus pensiones de mañana. Pero el modelo está en números rojos y se aproxima a un momento de tensión máxima por la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Ahí difieren los caminos. El Gobierno del PP puso en su reforma de 2013 el acento en la contención del gasto. El de Pedro Sánchez, por el contrario, aboga más por ensanchar los canales de financiación del sistema para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Fuera del relato político, los expertos entienden que mantener el actual sistema de reparto exigirá hacer ambas cosas: empezar a sufragar parte de los costes del sistema vía impuestos, porque solo con los ingresos por cotizaciones no alcanza, y tomar medidas que racionalicen los gastos del sistema: acercar la edad real de jubilación a la edad legal, tomar medidas en los regímenes de Seguridad Social que son deficitarios como el de autónomos…

"La parálisis institucional puede retrasar las reformas necesarias y hacerlas más injustas. Es esencial un Pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas"

José Ignacio Conde Ruiz, Miembro del Comité de expertos para la reforma de pensiones

Pero hay vida fuera del sistema actual, cuya configuración es casi una excepción en el panorama europeo, y no son pocos los que abogan por un cambio de modelo para garantizar el sistema de cobertura pública tras la jubilación. La alternativa más conocida, aunque sin duda no la más popular, es la del sistema mixto de pensiones, sostenido sobre una pensión mínima garantizada por el sector público y un complemento privado según las aportaciones individuales o colectivas realizadas por los futuros pensionistas. No es viable. Se vincula su defensa al sector financiero y tiene mala prensa. La otra alternativa que se ha puesto de moda últimamente es el modelo de cuentas nocionales, implantado en países como Suecia, Polonia o Letonia y que ajusta la pensión futura de forma radical a lo aportado durante la vida laboral. El esquema se sostiene a partir de una especie de cuenta individual a la que se agregan de forma virtual todas las cotizaciones abonadas durante la vida laboral. Llegado el momento de la jubilación, este capital acumulado se reparte según la esperanza de vida media en el país y esa cuenta da lugar a la prestación a recibir durante la jubilación.

Sin duda, la de las pensiones se plantea como la gran reforma de la próxima legislatura. Será necesaria la formación de un Gobierno estable que permita trabajar al Pacto de Toledo. Reconstruir el consenso alcanzado a principios de este año para cerrar la batería de recomendaciones se antoja ahora más complicado si cabe tras el ascenso de Vox, que se sitúa en el extremo de las propuestas que hasta ahora se manejaban con cierto acuerdo entre los grupos. Los políticos y los agentes económicos y sociales están obligados a ceder y la labor del Ministerio de Trabajo será clave. Está por ver quién capitanea este departamento durante los próximos años, pues en estos momentos ese puesto está encima de la mesa en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la configuración de un gobierno de coalición. De salir adelante la investidura de Sánchez, la cartera podría pasar a manos de Yolanda Díaz, la ministrable de Pablo Iglesias que aparece en todas las quinielas y, por cierto, fue quien hizo estallar por los aires el Pacto de Toledo antes de la convocatoria de las elecciones del 28 de abril.

PENSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

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