Las complicaciones burocráticas, la falta de seguridad jurídica en la adjudicación de los proyectos y el escaso retorno que se plantea para muchos de ellos frente a lo que ofrece el mercado, están frenando la afluencia de muchas pymes industriales al maná del fondo Next Generation. Prefieren esperar a mejores momentos para convertir en negocio sus ideas innovadoras. Los operadores y asesores que están al tanto de cada paso y tienen cientos de propuestas sobre la mesa advierten que, por lo pronto y para la parte de las ayudas a fondo perdido, la mayor parte de las iniciativas en marcha susceptibles de llevarse fondos son proyectos de grandes empresas -en solitario o liderando un grupo al que dominan- o planteamientos en torno al sector público empresarial. Las pymes industriales no ven con claridad la validez jurídica de los PERTE, que pueden apropiarse de su idea y obligarles a compartirla con la competencia, y prefieren esperar a que se abran líneas de financiación o créditos, con los cuáles sacar a su idea el máximo rendimiento.
El laberinto de las manifestación de interés (MDI) para marcar líneas generales y el diseño de PERTE para presentar proyectos concretos en ese marco no convence a la mayor parte de los expertos jurídicos del ámbito privado consultados. A la espera del reglamento que desarrolle el decreto aprobado hace quince días, y a falta de mes y medio para tener definido el plan que hay que mandar a Bruselas, la seguridad jurídica que ofrecen esas dos figuras administrativas es más que dudosa. No se conoce como se van a puntuar y evaluar los PERTE, solo que en caso de consorcios con pymes, serán de mayoría de capital privado y estarán controlados por la Administración, que es quien va a decidir si se llevan o no la ayuda.
El decreto solo establece que se adjudicarán con un sistema basado en las concesión administrativa, no discriminatorio y respetuoso con las normas de libre concurrencia del mercado, “como no puede ser de otra manera”, apuntas fuentes jurídicas consultadas en los principales despachos de este país. “Si se presenta una idea desarrollada en un PERTE con información confidencial de una empresa, pero luego no se la adjudican con las ayudas y en la sociedad creada para la concesión se la lleva una empresa competidora, los litigios se van a multiplicar”, advierten, sobre todo porque el ordenamiento jurídico exige una justificación de los baremos utilizados ‘ex ante’ para esa adjudicación. “Si se hace ‘ex post’, será inconstitucional”, alertan.
La desconfianza de muchos empresarios y la sensación de caos que se está generando por la falta de concreción de los procedimientos ha bajado el listón de las expectativas que se habían lanzado, a la vista de que todo lo que se va a financiar ahora a fondo perdido se debe analizar bajo el prisma de la inversión pública –“el Estado moviliza fondos y que luego llegue la inversión privada”, explican-. De hecho, hasta el momento se han abierto doce manifestaciones de interés en los principales ministerios implicados, de las que quedan solo seis en vigor, cinco de ellas vinculadas a la Transición Ecológica y una de Fomento sobre movilidad. “Por lo pronto, casi todo lo que hay presentado son proyectos de grandes empresas del sector de la automoción”, admiten las fuentes consultadas.
Tampoco ha ayudado a despertar el interés del capital privado la especial inclinación que el Gobierno demuestra por la utilización de sociedades de economía mixta para canalizar la colaboración público-privada. En estas sociedades la Administración se apoya en un inversor privado para gestionar un determinado servicio, pero mantiene el control mayoritario del servicio. Es un modelo que se ha utilizado de forma frecuente, por ejemplo, para gestionar la distribución del agua en grandes ciudades, con resultados dispares como lo demuestra el caso de Aguas de Barcelona (Agbar). Los juristas consultados advierten de que este modelo solo tiene sentido cuando se trata de un servicio de claro interés general o cuando la Administración Pública tiene un conocimiento que aportar, pero no cuando se trata de ejecutar proyectos que la iniciativa privada puede realizar por su cuenta. “Traslada una concepción muy intervencionista y es un modelo que no convence a la inversión privada”, advierte una de las fuentes consultadas.
Rentabilidad con cuentagotas
El otro gran hándicap que ha surgido en los primeros pasos y que está echando para atrás a muchas empresas con planes prometedores es la limitación que se establece sobre la rentabilidad y el retorno de la inversión, dado que el control público que se establece en todas las adjudicaciones ha generalizado la sensación de que no puede haber grandes beneficios, algo ilógico en las concesiones a grandes industrias o para la prestación de servicios, que nunca se hacen sin un rendimiento de al menos dos dígitos. Muchos empresarios y analistas han advertido de que la parte privada que presenta su proyecto y arriesga un dinero propio, aparte de las ayudas, no puede conformarse con una rentabilidad limitada en el decreto al eurobono a 30 años más 3 puntos básicos, que es como establecer un tope de rentabilidad en el entorno del 4,4%.
“Hay que reconocer al Gobierno su intención de mejorar la rentabilidad de los modelos concesionales en el real decreto que regula las inversiones del plan de recuperación respecto al panorama anterior, pero ofrecer una rentabilidad del 4,5% cuando en otros países la tasa que se ofrece es del 12% no parece un planteamiento especialmente competitivo”, observa otra de las fuentes consultadas. En realidad, la norma habilita al Gobierno a ofrecer una rentabilidad más alta en casos excepcionales, pero no hace depender esa excepcionalidad de ningún criterio objetivo sino de la decisión del Ministerio de Hacienda. “No es una rentabilidad adecuada para que el capital privado entre en un proyecto en el que está asumiendo un riesgo”, concluye.
Que el esquema de concesiones español no resulta atractivo para la inversión internacional no es ninguna sorpresa. Los ambiciosos proyectos planteados en el pasado por los sucesivos Gobiernos de España para implicar al capital privado en la solución del problema de las radiales o para movilizar 5.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras de carreteras han tropezado con el mismo obstáculo legal: la Ley de Desindexación de la economía. La norma fetiche de Luis de Guindos, que buscaba romper la a su juicio perniciosa vinculación de diferentes elementos de la economía al IPC, lo que en su opinión generaba una sobreinflación, vino a estrechar también los márgenes de rentabilidad de los contratos concesionales, cuyos costes operativos dejaron de actualizarse con el IPC para hacerlo con complejas fórmulas que básicamente buscaban reducir el coste de los contratos para el erario público, a costa de la rentabilidad de los contratistas.
El resultado de la estrategia fue el esperado. Por un lado, redujo de forma significativa el coste de los contratos para la Administración. Por otro, alejó a los inversores internacionales de las concesiones españolas. La información que año tras año proporciona la patronal de las grandes empresas concesionarias de obras públicas españolas (Seopan) no dejan lugar a la duda (ver gráfico). En 2007, el año inmediatamente anterior a la crisis, las Administraciones Públicas licitaron a través de este modelo de concesión más de medio centenar de proyectos por un valor agregado de cerca de 10.000 millones de euros; la crisis financiera hizo que las licitaciones de obras pública en general y las concesiones en particular cayeran de forma significativa hasta alcanzar su suelo en 2013 con solo 15 proyectos licitados por valor de 382 millones de euros. Sin embargo, el momento clave en la explotación de este modelo fue el año 2015 con la aprobación de la Ley de Desindexación de la economía. A partir de ese año, el uso de las concesiones ha ido decayendo poco a poco hasta vehicular apenas una decena de proyectos por un valor conjunto de 260 millones en 2019.
“Si quieren atraer capital privado a través de contratos de concesión, al Gobierno no le va a quedar otro remedio que cambiar la ley”, asegura un abogado de uno de los principales despachos del país. “Tienen una forma muy fácil, que es cambiando la Ley de Desindexación”. CEOE tiene la intención de plantearlo en las negociaciones que mantiene con los partidos políticos para introducir enmiendas en la tramitación parlamentaria del Real Decreto de los Fondos Europeos como proyecto de ley, aunque los precedentes de intentos anteriores de conseguir lo mismo no le auguran el éxito. “Si no hacen más atractivas las concesiones, los fondos europeos acabarán sirviendo para acelerar la ejecución de los proyectos que las grandes empresas españolas ya tenían en cartera antes de la crisis pero no para atraer nueva inversión privada a España”, augura.
