En las últimas dos semanas se ha pronunciado más el nombre de Netflix o algunos de sus rivales en los pasillos del Congreso de los Diputados que en el lustro que llevan sus plataformas de vídeo bajo demanda abiertas en España. Y lo ha hecho por un asunto netamente político: la reserva del 6% de contenido en lenguas cooficiales, entre ellas el catalán, una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para dar su imprescindible beneplácito a los Presupuestos Generales del Estado en plena rampa de salida de la pandemia de la Covid-19. El poder de este tipo de compañías multinacionales, con millones de clientes y cientos de millones de euros de negocio al alza, no ha dejado de crecer en estos años. Y su influencia en asuntos clave, tampoco.
Netflix hizo su aparición en España en la última parte de 2015, después de varios años de dudas sobre el efecto que podría tener en su lanzamiento la piratería. Su máximo rival, HBO, y Amazon Prime no tardaron en seguir sus pasos al año siguiente. Ambos se internaron en este mercado sin mucho ruido, sin apenas estructura corporativa en el país, con muy escasa producción propia local, pero con un presupuesto casi ilimitado para promoción. Pese a que desde el principio la patronal del cine y algunos grupos audiovisuales se desgañitaron para exigirles que invirtieran, como el resto de operadores, un porcentaje de sus ingresos en productos locales, en aquellas fechas siempre se limitaron a asegurar que tenían sede fuera y no estaban obligados. Pero el debate apenas saltó a lo público, ni a las instituciones, pese a que ya la CNMC en una consulta pública sobre el futuro de la regulación audiovisual ya exigía medidas para compensar el campo de juego. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, incluso pedía en un tuit que sus seguidores le recomendaran series de Netflix.
La primera vez que la plataforma audiovisual líder hizo su entrada en el Congreso de los Diputados fue de soslayo y precisamente por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En 2018, en su discurso tras la moción de censura, advertía: “El streaming y las plataformas como Netflix o HBO están cambiando la cultura audiovisual. Esto tiene un impacto trascendental en las televisiones generalistas. Y si quieren sobrevivir a este cambio de modelo deberán hacer frente a ello”. Ni una mención al cambio de regulación. Sólo responsabilizaba a los grupos incumbentes. Un año después, no la mencionó, pero señaló veladamente a la empresa estadounidense haciendo alusión a que había pagado 3.146 euros de Impuesto de Sociedades. “Es insostenible y va contra los más elementales principios de solidaridad y responsabilidad fiscal”. Parecía que empezaba una nueva fase en la que mostraría dureza frente a estas compañías. No ha sido así.
Los últimos meses han estado salpicados de varios guiños claros. En especial con la nueva ley audiovisual, cuyo texto -después de muchos meses de retraso- se ha conocido en los últimos días. Primero porque les ha otorgado una moratoria de un año ‘extra’ a estas plataformas para pagar la llamada ‘tasa RTVE’ con la que se financia la corporación pública y que pagan religiosamente los grupos audiovisuales y las telecos. Y después porque, pese al riesgo evidente de ruptura con su socio preferente (ERC), han eliminado ‘in extremis’ la obligatoriedad de ofrecer un mínimo del 6% de las producciones en estas plataformas en lenguas cooficiales como el catalán. La decepción de Netflix y otras -que habían prometido inversiones millonarias en los próximos años- se hizo notar en el Gobierno, que meses antes había prometido todas las facilidades para invertir en España y la eliminación de trabas burocráticas.
Ambas medidas han puesto en pie de guerra a las televisiones privadas y también a las operadoras de telecomunicaciones, que se sienten injustamente tratadas por el Gobierno. Esta “asimetría regulatoria” a la que ellos aluden ha sido repetida una y otra vez por patronales de ambos sectores durante los últimos años, sin que finalmente haya surtido efecto. Uteca elevó algo más el tono al asegurar este jueves que el Ejecutivo de Sánchez había otorgado “un trato de favor” las compañías tecnológicas. Desde las telecos, también hubo críticas, pero con un tono relativamente tibio. Mientras tanto, unos y otros mantienen negocios relacionados con la propia Netflix. Telefónica distribuye la plataforma de vídeo en sus paquetes Fusión después de una alianza que se firmó en 2018 y que fue vendida a bombo y platillo por su propio presidente, José María Álvarez-Pallete. Atresmedia tiene una ‘joint venture’ con la operadora española para producir contenido (Buendía Producciones), entre otros, para estas plataformas y que ya ha llevado a cabo una serie documental para Prime Video (GEO).
Ese poder económico de las plataformas no ha dejado de crecer. Su tamaño también les ha permitido ‘vender’ más inversiones en España. Netflix abrió el primer centro de producción en Europa con sede en Madrid. En abril sacaba pecho: más de 1.500 profesionales trabajarían en las producciones originales que tenían previstas para 2021, para lo que duplicaría el número de platós en esa sede, pasando de cinco a diez. Y ese es el dilema al que se enfrenta el Gobierno y su presidente, que no sólo ha hecho los guiños en la nueva regulación, sino también con su propia presencia. Primero en Estados Unidos, con el ‘roadshow’ en el que mostró a directivos de las multinacionales su proyecto de 'hub' audiovisual que movilizará 1.600 millones de euros en recursos públicos procedentes de los fondos europeos hasta 2025. Y después el pasado mes de octubre con su visita a las instalaciones del gigante en Tres Cantos.
Netflix, HBO o Disney+ no son ninguna excepción. En los últimos años, las grandes compañías tecnológicas se han convertido en gigantes con mucho poder. Y eso también se ha reflejado en la regulación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez planteó una tasa para hacer pagar a estas compañías (conocida como la ‘Tasa Google’) que ha supuesto un fiasco de recaudación y que, además, firmas como la propia Google o Amazon ya trasladan a sus clientes de manera directa. Ahora, en la nueva Ley General de Telecomunicaciones sucede algo muy similar a lo vivido con la normativa audiovisual. Primero se prometió a las telecos que se iba a tratar de igualar el terreno de juego haciendo pagar la llamada ‘tasa de operadores’ a Microsoft, Facebook o Google por sus servicios de mensajería y comunicación. Finalmente, Economía sucumbe y no lo hace alegando que eso sería ir más allá de la directiva europea que se tiene que transponer y, por tanto, se les exonera.
Y, mientras tanto, el telón de fondo de los impuestos. Esa ‘tasa Google’ apenas ha hecho cosquillas al negocio de estas compañías, que mantienen sus estructuras optimizadas para reducir al máximo el pago de tributos. En el caso de las plataformas de vídeo, solo Netflix factura, desde principios de este año, desde la filial española a sus clientes -aunque eso no implica pagar más Impuesto de Sociedades, como ha demostrado Microsoft, con un cambio similar de funcionamiento-. HBO mantiene su centro de operaciones en Suecia, mientras que Disney+ presta el servicio desde Países Bajos. Amazon incluye su servicio de vídeo en la suscripción de Prime, que cobra desde la sucursal española, pero que depende directamente de Luxemburgo.
Sus nombres se han colado estos días en el Congreso de los Diputados. Pero se mantienen en silencio, entre bambalinas. No están incluidos en el registro de ‘lobbies’ de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero su influencia no ha dejado de crecer en el ámbito público y político. Y lo hacen desde la oscuridad en las cifras. No hay datos sobre su negocio real, ni su facturación en el país. Solo se han llevado a cabo algunas aproximaciones como la del regulador, que estima que ya hay más de 8 millones de contratos firmados por familias españolas para utilizar los servicios de estas compañías. Esa falta de transparencia es algo que debería cambiar la ley audiovisual. Al menos, así lo pretendía hace un año el Gobierno. Queda por ver en qué queda.
