Una economía
‘patas arriba’


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Texto: Fernando Pastor / Ingrid Gutiérrez
Vídeos: José González

La irrupción de la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que pretende dirigir el país en los próximos cuatro años partirá de una situación muy poco halagüeña, con una economía ávida de reformas después de un año en blanco jalonado por periplos electorales y promesas, más que de una gestión efectiva que permita adelantarse a la desaceleración y la crisis que se avecina. La falta de reformas y de una base sólida que evite la incertidumbre y ofrezca seguridad a la inversión mantiene congelada la actividad económica, a pesar de ser un país todavía atractivo para los fondos de inversión internacionales en sectores estratégicos, como la transición energética, la digitalización de la economía o las infraestructuras.

Sin una fiscalidad clara y estable, más paro, la reforma laboral en entredicho, la financiación autonómica durmiendo el sueño de los justos a la deriva del conflicto catalán, los principales bancos y valores del Ibex 35 sin poder remontar los vaivenes que todo ello provoca en la bolsa, los órganos reguladores como la CNMC o la CNMV pendientes de su renovación y sin una presencia internacional fuerte, más allá de Borrell como ‘Míster PESC’, el nuevo Gobierno se va a encontrar un país ‘patas arriba’ en el que todo está por hacer en el área económica, entre otras, por más que lo ponga en un papel o se haya incluido en un pacto político.

Las expectativas de que todo mejore no son buenas si tenemos en cuenta que, tras una complicada investidura de Pedro Sánchez en segunda votación y por mayoría simple, en apenas tres meses habrá que votar en el Congreso las más que previsibles enmiendas a la totalidad de sus Presupuestos, para lo que sí o sí se necesita la mayoría absoluta de 176 escaños, que no está ni mucho menos asegurada. Y ya lo han dicho Sánchez y Calviño en varias ocasiones: sin Presupuesto no se puede gobernar.

El deterioro ‘político’ de las grandes empresas

La tendencia en este tipo de pactos de Gobierno de izquierdas, marcados por la tensión política, es pensar que las empresas son infalibles, siempre ganan dinero y van por su cuenta en los mercados. Y nada más lejos de la realidad. El hecho evidente de cómo las turbulencias políticas afectan a los mercados lo tenemos en la evolución del Ibex 35, cuyo saldo es negativo en estos cuatro años de desgobierno. Mientras que el resto de grandes índices europeos rozan con la yema de los dedos sus máximos desde finales de 2015, el selectivo español capitaliza un 4% por debajo de como lo hacía entonces y una parte notable de las empresas que lo conforman se encuentran a tiro de opa.

El caso español no aguanta siquiera la comparación con otros países europeos con inestabilidad política. Es palmaria la crisis institucional en Italia estos años, pero no ha impedido que el Mib de Milán se revalorice más del 9%. O que pese a los vaivenes en torno al Brexit el Ftse londinense se ha disparado más del 16%. Meteórico ha sido el rally del Cac de París y del Dax de Frankfurt, con alzas superiores al 20%, éste último pese a que Alemania ya ha notado y de qué manera los efectos del frenazo económico. La guerra comercial, la desaceleración económica, los desafíos geopolíticos o el entorno de tipos de interés a cero han afectado a todos. Sin embargo, en el caso del selectivo español nos encontramos con un índice muy bancarizado, muy dependiente de este sector, al que el desplome de las entidades no le ha sentado nada bien.

El sector financiero no sólo se ha visto afectado por el entorno de tipos ultra bajos, sino que además han tenido que hacer un esfuerzo notable para ajustarse a las mayores exigencias de capital en Europa y para sacar todo el ladrillo tóxico de sus balances. De ahí que, en conjunto, se haya dejado por el camino una cuarta parte de su valor en bolsa, casi 32.500 millones de euros, y que las entidades estén cotizando por debajo de su valor en libros. El hundimiento ha sido especialmente llamativo en el caso de la nacionalizada Bankia, que vale hoy un 59% menos de lo que lo hacía a finales de 2015 (poco más de 5.095 millones, frente a los 12.369 de entonces).

Tanto desde el Banco de España como desde el BCE ya se ha advertido que el sector afronta ahora una oleada de fusiones, donde no todo el mundo saldrá airoso, pero necesaria para obtener unos niveles de ingresos que ya no ofrece el cobro de más comisiones o la venta de seguros y fondos. El problema vuelve a ser el mismo: esa concentración se producirá siempre que haya detrás un Gobierno fuerte que lo avale, dado que estamos ante un sector sistémico para la economía del país. Y lo que tenemos es un nuevo Ejecutivo del que no se sabe siquiera si tendrá los apoyos suficientes para sacar adelante sus propias cuentas.

Renovación pendiente de los supervisores

Una vez que haya investidura, el inicio de legislatura en el área económica que, previsiblemente, va a dirigir Nadia Calviño se enfrenta a otros movimientos clave en los órganos supervisores de la economía de gran trascendencia para las empresas, sobre todo para las cotizadas, en plena desaceleración económica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyas decisiones son básicas en sectores regulados como el energético o en decisiones sobre concentración y abuso de mercado, debe renovar de inmediato a cinco de los miembros de su consejo, entre ellos el presidente, José María Marín Quemada, y la vicepresidenta, María Martínez. De la misma manera, los nuevos dirigentes del país deben nombrar un presidente para la SEPI, el holding de empresas del Estado dependiente de Hacienda, del que cuelgan empresas como Navantia, Correos, Tragsa o Hunosa, donde se juegan su puesto miles de trabajadores. También depende de la SEPI la propia RTVE, que no logra nombrar Consejo de Administración desde hace más de un año, a lo que cabe añadir las participaciones públicas en empresas estratégicas como Red Eléctrica, Enagás e Indra.

Poco más tarde de esos dos movimientos clave en la economía española, el próximo mes de febrero cumple mandato el responsable de la Autoridad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, que lleva cinco años siendo el ‘Pepito Grillo’ del área económica del Gobierno, a quien habrá que sustituir sí o sí. Y apenas unos meses más tarde, en octubre del año que viene, cumple mandato el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el ente fundamental para salvaguardar la transparencia de los mercados y el juego limpio con los inversores. Sebastián Albella, su actual presidente, llegó al puesto en pleno Gobierno de Rajoy y avalado por Ciudadanos, un equilibrio político que se ha roto, con la formación naranja en pleno declive, que puede entorpecer la intención del actual responsable de seguir en el cargo otros cuatro años.

Sin financiación autonómica y con Cataluña ‘en armas’

En paralelo a estos retos empresariales a corto plazo, la deseada estabilidad económica del país tras formar Gobierno dependerá en gran medida de que se ponga manos a la obra de una vez por todas para solventar la nueva política territorial y establecer un sistema de financiación autonómica que evite los agravios comparativos y garantice un nivel mínimo y homogéneo de servicios básicos en todos los territorios. El PSOE siempre ha apostado por un modelo federal, que ofrezca más autogobierno a las autonomías y cierta autonomía fiscal, de la mano del desarrollo de sus estatutos. Pero se encuentra hipotecado por el conflicto catalán y la batalla por el independentismo que han iniciado los partidos separatistas, que ahora se antojan clave para garantizar la pervivencia del nuevo Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

Esa imagen de desastre territorial que refleja Cataluña ha tenido además su impacto internacional, en un momento en el que la presencia española en las instituciones internacionales del ámbito económico no es la mejor. España es una economía abierta en la que la inversión exterior es fundamental, y esos grandes fondos buscan rentabilidad y seguridad jurídica, algo para lo que figuras de relieve internacional españolas en lugares como el FMI o el Banco Mundial son trascendentales. Luis de Guindos, en el BCE, y Josep Borrell, como responsable de la política exterior de la UE son la única baza española en ese ámbito, muy por debajo del nivel que desarrollan otras potencias europeas. El prestigio de Nadia Calviño en el entorno europeo es un remedio, pero en un momento en el que la crisis que se avecina viene auspiciada por la guerra comercial a nivel mundial de EEUU y China, las tensiones en Oriente Medio o la pérdida de pujanza del mercado chino, es básico tener una acción económica exterior fuerte y coordinada.

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