Bruselas
pone (otra vez)
las pensiones
en la diana


BRUNO PÉREZ


Nerea de Bilbao Diseño e infografía

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“Los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria siguen siendo significativos. El Gobierno tiene previsto volver a vincular de forma permanente las pensiones al IPC y disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida. A falta de medidas compensatorias adecuadas, la medida aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional”. El extracto corresponde al último ‘informe país’ sobre España publicado por la Comisión Europea el pasado mes de febrero. A Bruselas le inquieta la evolución que ha tenido el debate de las pensiones en España en los últimos meses. Tras aplaudir la controvertida reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, el desplazamiento del foco del debate político hacia su derogación y hacia la recuperación del IPC como mecanismo de revalorización de las pensiones ha vuelto a poner en guardia a las autoridades europeas, que se temen un nuevo repunte de la curva del gasto en pensiones en España cuando el país aún no ha sido capaz de equilibrar las grandes cifras de su sistema de protección social después de un lustro de crecimientos por encima del 2% y más de tres millones de empleos creados.

“Nadie quiere hablar de ello en estos momentos, pero es evidente que España no va a poder hacer sostenibles sus cuentas sólo a base de subidas de impuestos. No quedará más remedio que hacer ajustes de gasto”, explica un exalto cargo del Ministerio de Economía. “En ese escenario y con Europa a los mandos, me temo no va a quedar más salida que ‘tocar’ las pensiones porque es ahí donde más ahorros se pueden conseguir”. El Gobierno, como antes hicieran otros en su misma posición, se ha apresurado a proclamar por boca de su ministro de Inclusión y Seguridad Social que las pensiones están garantizadas y que la intención del Ejecutivo continúa siendo ligar las pensiones al IPC, un objetivo mucho más fácil de alcanzar en un contexto de recesión económica y probable deflación

“Las reformas llevadas a cabo durante la crisis económica y financiera han contribuido al buen comportamiento y la creación de empleo de la economía española. A partir de 2014 estos avances se ralentizaron. Ha habido algunos retrocesos en las reformas de las pensiones, y el nuevo Gobierno ha anunciado una marcha atrás en la reforma del mercado laboral introducida en 2012”. El diagnóstico de la Comisión es particularmente severo sobre las intenciones del Gobierno de España en materia de pensiones. “Según las estimaciones preliminares de los servicios de la Comisión, esto (revalorizar las pensiones con el IPC) añadiría al menos un 0,7% del PIB -alrededor de 8.000 millones de euros- al gasto en pensiones a largo plazo. Se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy en día a expensas de las generaciones futuras. Incluso con la plena aplicación de la reforma de 2013, los pensionistas españoles disfrutarían a largo plazo de tasas de sustitución por encima de la media de la UE”. Conviene no olvidar que una de las condiciones del rescate financiero a España fue que el país abordara una reforma que aligerara el gasto en pensiones.

Adivinen…En efecto, España no está entre los alumnos más aplicados en la puesta en marcha de las recomendaciones europeas. Según el último balance realizado por la Comisión, desde 2011 España sólo ha aplicado en su integridad un 12% de las recomendaciones realizadas desde Bruselas y si sumamos las líneas de actuación en las que Bruselas ha detectado avances sustanciales el seguimiento de España de las instrucciones de Europa apenas alcanza a un tercio de las recomendaciones realizadas. La buena noticia para el Gobierno es que el abanico de tareas por hacer es tan amplio que va a tener dónde elegir – desarrollo de la unidad de mercado, reforma de los servicios públicos de empleo, reducción de la burocracia, reducción de la temporalidad en el empleo, reforma de la formación… -, la mala noticia para Moncloa es que parece difícil que la Comisión permita retrocesos en los aspectos en los que ya se ha avanzado y esos incluyen la reforma laboral y la de las pensiones.

La crisis también ha dado una oportunidad a los gobiernos más remisos a financiar al ‘sur’ para ponerse duros con la cuestión. El próximo miércoles se conocerán más detalles de la propuesta europea de Fondo de Reconstrucción de medio billón de euros amparada por Angela Merkel y Emmanuel Macron, pero ya ha trascendido que la intención de Bruselas es vincular la mayor parte de esos fondos a la adopción de reformas estructurales, que contribuyan a modernizar las economías de los países que los reciban y a facilitar su proceso de consolidación fiscal. Con un matiz muy importante, crítico: esas reformas deberán responder a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea a los países receptores en los últimos años. Habemus condicionalidad.

Más allá de los Pirineos se entiende mal que un país como España que arrastra un déficit público cercano al 3% del PIB – hablamos de 30.000 millones de euros, nada menos – y cuyo sistema de Seguridad Social reporta año tras año números rojos desde hace casi una década – cerca de 17.000 millones el año pasado – continúe empeñado en aumentar su gasto en pensiones. Y escuece que cuando se presentan comparativas internacionales todas coincidan en señalar el sistema de pensiones español como uno de los más generosos de los 27 a la hora de sustituir el monto del último salario con la prestación de jubilación: cerca del 80% en España cuando en Alemania es el 38% y en los Países Bajos – uno de los países más convencidos del ‘despilfarro del sur’ – no llega al 50%. La sensibilidad hacia el asunto se ha disparado con la irrupción de la Covid-19 o, para ser más justos, con la ofensiva del Gobierno para implicar a Europa en la financiación de la factura que la pandemia ha dejado en los países europeos más afectados, entre los que se encuentra España, hasta el punto de que es extraño ver una entrevista a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en medios internacionales en la que no se le pregunte por el tema.

Las grandes cifras del sistema invitan no obstante al escepticismo. El año pasado con la población ocupada rozando los 20 millones de personas, una subida sin precedentes de las bases máximas de cotización del 7% y un récord histórico de ingresos por cotizaciones sociales el sistema cerró el ejercicio según el primer avance proporcionado por la Seguridad Social con un déficit de cerca de 17.000 millones de euros. Todo apunta a que por el lado de los ingresos la base de cotizantes tardará años en recuperarse, mientras que por el lado del gasto no estamos más que en los primeros compases del efecto de las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. ¿Hay alguna alternativa?

El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, espera cambios en el sistema de pensiones, si bien considera que éstos no tienen por qué pasar necesariamente por recortar las prestaciones de los pensionistas. En su opinión hay ajustes suaves que se podrían realizar y que contribuirían a mejorar la justicia y la eficiencia del sistema de pensiones como ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión a toda la vida laboral. En una nota reciente el Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones no entraba en las eventuales reformas a realizar, aunque sí deslizaba que la crisis de la Covid-19 debería servir para valorar más los denominados mecanismos de actualización automática del sistema como el Índice de Revalorización de las Pensiones española, desactivado ‘de facto’ – todavía no derogado – desde el año 2018.

José Ignacio Conde Ruiz, uno de los académicos que participó en el grupo de expertos que inspiró el factor de sostenibilidad inlcuido en la reforma del Gobierno Rajoy, aseguraba hace unos días en el blog ‘Nada es Gratis’ que ninguna ayuda europea iba a corregir los desequilibrios fiscales que la economía española ya arrastraba del pasado: “Probablemente el más preocupante sea el de las pensiones”. En su opinión, si el Gobierno persiste en su idea de revalorizar las pensiones con el IPC de manera permanente nada evitará una reforma drástica del actual modelo. Él, en concreto, defiende el de cuentas nocionales. Fuera del ámbito académico, en el entorno empresarial, el asunto se tiene mucho más claro. Según un dirigente empresarial con experiencia en la gestión pública, “vamos a un proceso de consolidación fiscal como el de la crisis y va a ser complicado…complicado no, imposible, reducir el déficit público y el déficit estructural que según la Comisión Europea se va a ir hasta el 5,6% del PIB en esta crisis sin frenar el gasto en pensiones. Imposible”.

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