100 días
de Gobierno
y la economía
en el abísmo


JESÚS TRAVIESO


Nerea de Bilbao Diseño e infografía

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Dos meses después de ganar las elecciones del 9-N y después de lidiar con los independentistas catalanes de ERC, Pedro Sánchez anunciaba el 12 de enero a los 22 componentes de su nuevo Gobierno progresista de izquierdas. Un Ejecutivo avalado por los correligionarios de Pablo Iglesias y ante el recelo de toda la clase económica del país, que ni veía estabilidad a futuro ni buenas ideas para mantener la economía, salvo por la presencia de Nadia Calviño como vicepresidenta económica. Cien días después de aquel hito “histórico” y tras la vorágine del Covid-19, no hay economía de izquierdas ni de derechas, sino un país que se enfrenta a un abismo infinito con las espadas en alto dentro del propio Ejecutivo entre la responsable ‘liberal’ de Economía y las huestes del escudo social de Unidas Podemos. Con el Fondo Monetario Internacional vaticinando una debacle histórica del 8% del PIB este año y más de 4 millones de parados.

Cuando Sánchez e Iglesias pactaron de urgencia en noviembre, ante el avance sin control de la extrema derecha de Vox, estaban seguros de que iban a hacer historia con su coalición, pero no se imaginaban como. Así lo quisieron demostrar PSOE y Unidas Podemos con sus primeras medidas, como la de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), los planes en transición ecológica o las nuevas leyes de Igualdad. Después de tanta repetición electoral, en apenas mes y medio de Gobierno real nos hartamos de oír hablar de los vectores de la Agenda del Cambio, los 250.000 millones de inversión que iba a traer el nuevo paradigma de la transición ecológica y la digitalización -con Ribera y Calviño al frente-, la igualdad elevada a cartera ministerial y la mesa de diálogo con Cataluña para intentar encauzar un conflicto que lo amenazaba todo.

Pero el calendario es inexorable y el Gobierno de coalición, de una forma u otra, cumple ahora cien días. Un consejo de ministros ahora diluido en un gabinete de crisis, que nació con muchas peculiaridades. No solo por estar sujeto a la cuota de cinco carteras de la confluencia morada, sino por sus cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres y la restante por un miembro de un partido distinto al del presidente. Cuatro perfiles que servían para marcar las bases de las prioridades futuras. La estrategia política y la de memoria histórica correspondían a Carmen Calvo; los derechos sociales y preparar al país para la próxima década, a Pablo Iglesias; la gestión económica, a Nadia Calviño; y afrontar el cambio climático y promover la transición a un nuevo modelo energético, a Teresa Ribera. Cien días después, ese planteamiento es historia y todo se fía a un pacto para la reconstrucción económica y social del que nadie se fía y que depende de que la derecha del PP esté de acuerdo en lo más básico.

Esa semana ya se empezaron a oír voces que instaban a tomar medidas para impedir que los contagios se dispararan. Suspender las manifestaciones del 8 de marzo o los grandes eventos, como el congreso de Vox o los partidos de fútbol, centraban esas reclamaciones. El Gobierno rechazó hacerlo porque los expertos no se lo aconsejaron. Fue esa tarde cuando estalló la crisis. Un día después, la Comunidad de Madrid decretaba el cierre educativo de toda su región. Los positivos y las cifras de muertos empezaban a dispararse. En Cataluña, Igualada y tres municipios de su entorno quedaron confinados por un brote descontrolado. El Ministerio de Sanidad empezó a anunciar las primeras restricciones. El coronavirus ya estaba golpeando duro en todo el país.

Mientras el Gobierno se peleaba por quien abanderaba unas leyes u otras, el coronavirus no pasaba de ser una cuestión secundaria que tan solo afectaba a China. El primer caso en España se conoció el 31 de enero, un mes después del primero en el país asiático, y correspondía a un alemán que estaba en la isla canaria de La Gomera. Días después, Baleares registró otro más en Palma. El salto a la península no se produjo hasta el 23 de febrero. El primer muerto en la Península se confirmó el 3 de marzo en la Comunidad Valenciana. Se trataba de un hombre de 69 años que falleció el 13 de febrero por una fuerte neumonía, y que semanas antes había estado de viaje en Nepal.

Un gabinete declarado feminista por sus cuatro costados no podía fallar en el 8 de marzo, sobre todo si Vox había elegido el mismo día para su congreso. Aquella tarde de domingo fue en la que Moncloa empezó a vislumbrar que se enfrentaba a un enemigo que iba a poner en jaque toda su acción y toda la legislatura. Esa semana comenzaron los movimientos de restricciones que finalizaron con la imposición del Estado de Alarma el 15 de marzo. El Ejecutivo asumió la que se venía encima. Siete días en los que todo se vino abajo. La que era la mayor preocupación, Cataluña, era insignificante en comparación al Covid-19. Todos los proyectos para demostrar la línea de izquierdas se apartaron. Desde ese momento, solo importaban dos asuntos que compartían categoría: la crisis sanitaria, por la que se colapsaron los hospitales tras la escalada de los contagios; y una crisis económica en ciernes aún peor que la de 2008. Y que puede durar mucho más e iba a dar aún más miedo que la propia pandemia.

Pero estos avances legislativos estuvieron salpicados por numerosas polémicas internas entre varios ministros. Y que evidenciaron que la cohabitación de dos partidos iba a generar tensiones. La lucha más sonada fue la de Carmen Calvo y algunos de sus compañeros socialistas con Pablo Iglesias y otros responsables de UP por leyes como la del ‘solo sí es sí’ o la reforma del Código Penal. Aunque la sangre nunca llegó al río. Sobre todo, porque los dos líderes del pacto sostenían al resto y mantenían su buena relación. Con la demostración de que Iglesias no ha parado de ganar peso con su entrada en la comisión del CNI o en los ‘maitines’ de los lunes a los que solo acude el entorno más cercano del presidente.

Los apenas dos meses previos al shock del virus le bastaron al Gobierno para sentar algunas bases de su proyecto progresista. El aumento del SMI a 950 euros fue la primera gran medida y supuso una gran victoria para Unidas Podemos, ya que la negociación la lideró ‘su’ ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los aumentos de pensiones y salarios de los funcionarios fueron las otras grandes promesas que se cumplieron poco después de que pudieran empezar a desarrollar su poder ejecutivo tras casi 10 meses de parálisis. Los primeros pasos para desmontar la reforma laboral, una nueva ley educativa, el coto a la publicidad de apuestas online y normas simbólicas como la de libertad sexual continuaron esa estrategia de medidas diferenciales con respecto a las aplicadas por el PP en los años previos a la moción de censura que aupó a Sánchez.

El 15 de marzo fue el comienzo del fin de la acción política de un Gobierno de coalición que cumple cien días pero no lo va a poder celebrar. Su papel estará marcado por la crisis sanitaria más grave desde la pandemia de gripe de 1918. Y le tocará afrontar unas consecuencias que serán fatales no solo por los miles de muertos que se han quedado por el camino. La brecha económica y social que se avecina ya empieza a preocupar más que el coronavirus, al que se empieza a dar por controlado por el descenso de los fallecidos. Incluso aunque no se hayan realizado los tests suficientes a la mayoría de la población ni esté garantizada la inmunidad de grupo.

Las previsiones advierten de una crisis mucho peor que la de la pasada década. El más pesimista del FMI, que estima una caída del 8% del PIB español y un desempleo del 20%, ha sido la puntilla que ha confirmado una debacle económica de la que nadie sabe todavía donde puede estar el fondo. El Gobierno se cuida muy mucho de dar una previsión de caída económica y se esconde detrás de los cuatro millones de ERTEs, con la excusas de que debieran ser temporales. Lo que pone en duda que las medidas tomadas por Moncloa, con líneas de crédito de más de 200.000 millones, aplazamiento de impuestos (no condonación), freno a las hipotecas y los alquileres para los más vulnerables y la aprobación de un ingreso mínimo vital, vayan a ser suficientes. La realidad es que solo llevamos un mes de pandemia, y los motores de la economía española, como el turismo, la automoción o la construcción, tardarán mucho en reactivarse. El consumo doméstico, más todavía. Y toda la apuesta está en un pacto de reconstrucción en el que nadie se fía de nadie.

La gestión de la crisis en el último mes tampoco ha sido un camino de rosas. La guerra de Calviño frente a Iglesias antes de que se decretase el parón económico del país no daba ninguna confianza en que tras la debacle se pudiera salir adelante con fuerza. La duda se disipó con las vacaciones obligatorias remuneradas que impuso Yolanda Diaz, erigida en líder económica por un momento y cuyas intervenciones dejan claro que, en sus guerras, no le gusta dejar prisioneros. La dicotomía entre preservar una buena base de actividad económica o congelar todo para solventar el problema sanitario del país la resolvieron las cifras, sobre todo con días de 800 y 900 muertos sobre la mesa, con las cifras oficiales, que pueden ser muchas más cuando se añadan los sospechosos. Hasta Calviño se apuntó a la tesis del parón, mientras Europa repartía fondos, pero no tragaba con los eurobonos que tanto le gustan a la ministra y a Sánchez.

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