A contrarreloj: la reforma de las pensiones encara su recta final

A finales de mes se hará público el dato avanzado de inflación de noviembre que servirá de referencia para calcular cuánto se revalorizarán las pensiones el año que viene (se tomará el promedio anual de los últimos doce meses). Hasta entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja a contrarreloj para que la segunda fase de la reforma del Sistema esté lista antes de que concluya el año y pueda entrar en vigor en 2023, como se había comprometido. Después de dar luz verde en verano a una primera fase que volvió a vincular las pensiones al IPC por ley y que derogó el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 –y lo sustituyó por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que operará a partir de 2027-, el Ejecutivo negocia con los agentes sociales cuestiones más espinosas.

Entre ellas están la modificación del periodo de cálculo (con el más que probable incremento de número de años trabajados que computa a la hora de fijar la pensión) o el aumento de las bases de cotización máximas. Pero, además, el departamento que encabeza Escrivá se plantea modificar la jubilación parcial y la activa, dos modalidades que pueden ayudar a aliviar la presión financiera que soporta el sistema y que irá a más las próximas décadas. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Ejecutivo estima que la Seguridad Social acometerá un gasto récord de 224.690 millones de euros y que su déficit se situará en el 0,5% el próximo ejercicio, en línea con lo previsto este año.

Actualmente el gasto en pensiones alcanza el 12% del PIB y, si no se toman medidas, se disparará hasta el 15,5% de la riqueza en 2050, según cálculos del Ministerio. José Luis Escrivá incidía esta semana, en el marco de unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE), en que ese momento entre 2048 y 2050 será cuando el Sistema afrontará la mayor tensión financiera por la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Sin embargo, incidía en que después volverá a converger hacia niveles de gasto como los actuales. Según sus estimaciones, el retiro después de los 65 años podría neutralizar en 1,5 puntos el aumento del gasto en pensiones a medio plazo.

De ahí que el Ejecutivo también se plantee actuar sobre las fórmulas que permiten compatibilizar trabajo y jubilación y no solo se focalice en elevar una edad efectiva de retiro que sigue estando por debajo de la legal, en los 64,8 años, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. El ministro asegura que las jubilaciones anticipadas se han reducido casi tres puntos desde el 38,8% que suponían en 2019 al 36% este año, a la vez que se han incrementado la demorada (ha pasado del 4,9 al 5,5% del total) y la ordinaria, que se ha elevado del 56,2% al 58,5%. La edad legal está fijada actualmente en 65 años, siempre que se hayan cotizado 37 años y seis meses, o en 66 años y dos meses en caso contrario.

A la hora de retocar la jubilación activa y la parcial, el Gobierno debería buscar una fórmula que beneficie al trabajador y a la Seguridad Social lo que, en opinión de Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas, permitiría contar con el apoyo de los sindicatos. Y se lograría también el respaldo de la patronal si esta fuera además voluntaria. “Desde el punto de vista del diálogo social no daría problemas”, explica a ‘La Información’. Las dos modalidades deberían hacerse más atractivas, más comprensibles (con un esquema más sencillo) y publicitarse más, de forma que más trabajadores puedan optar por acogerse a ellas cuando les llegue la hora de retirarse.

El modelo de jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión (del 50% si se cumplen una serie de requisitos) con un trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. En el primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones se fijó una nueva condición para acceder a ella: que haya transcurrido al menos un año desde que se haya cumplido la edad ordinaria de jubilación. Es, además, una modalidad a la que solo pueden acogerse quienes hayan cotizado el tiempo necesario para percibir el 100% de la pensión (36 años en 2022).

Mientras, en la jubilación parcial el trabajador pasa de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial y cobra una pensión equivalente al porcentaje de jornada que se reduce. Esa jornada que deja de cubrir está ligada a un contrato de relevo (se asigna a otro trabajador, que no tiene que cumplir necesariamente sus mismas funciones). A esta modalidad pueden optar los trabajadores que hayan cumplido 60 años si se ciñen a ciertas condiciones.

Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en que son figuras bastante restringidas y con margen de mejora. Apunta, además a este diario, que para muchos trabajos ese 50% de pensión que puede cobrarse con la jubilación activa es insuficiente. Desde su punto de vista, habría que buscar una relación más favorable para el trabajador y que también lo sea para el sistema. “Hay espacio entre el 50 y el 100% para moverse”, asegura.

El objetivo de alargar la carrera laboral que perseguirían estos cambios se añade a las medidas de aumento de los ingresos y de redefinición de las fuentes de financiación del Sistema para encauzar su sostenibilidad. El reto es mayúsculo en un contexto en el que la incertidumbre puede llevar a mirar más por el corto plazo, como teme Bruselas. La Autoridad Fiscal (AIReF), advertía en su informe sobre los Presupuestos de que el agujero de la Seguridad Social puede elevarse al 0,7% del PIB el año que viene si las pensiones se revalorizan en función del IPC de 2022. Escrivá responde, por su parte, que los pensionistas son más vulnerables porque el alza de los precios les impacta proporcionalmente más (el 67% de su cesta de gasto está afectada por la subida del IPC, diez puntos por encima de la media). Son dos visiones de un problema a medio y largo plazo del que apenas hemos empezado a ver las primeras consecuencias.