Cuando en los inicios de la transición a la democracia, Jordi Pujol rechazó la aplicación en Cataluña del Concierto Económico vasco para organizar su relación financiera con el Estado, inició una época larga de toma y daca con el Gobierno de Madrid para ir rascando fondos y recaudación directa de impuestos con los que gestionar una comunidad autónoma que, entonces, todavía no había sacado todo el potencial separatista que tenía dentro. En la Transición y las siguientes décadas de lo que se ha llamado el ‘pujolismo’ catalán, todo el mundo supo ceder para que todos pudieran ganar, pero cuarenta años después, en Cataluña las espadas siguen en alto para ordenar el reparto del dinero público con aquella autonomía, con una nueva Generalitat dominada por los independentistas de ERC y un ejecutivo de Sánchez dispuesto a ser generoso en las inversiones reales que hay que llevar a Cataluña, ya sea porque existe un déficit histórico en materia de infraestructuras y dotación de servicios; ya sea porque los votos de los separatistas catalanes son necesarios para mantener la gobernabilidad en el Congreso y evitar las urnas hasta que acabe la legislatura.
Los Presupuestos del Estado vigentes mantienen un cúmulo de inversiones reales en Cataluña de 2.199 millones de euros en Cataluña, muy por encima de las de otras comunidades autónomas, con la promesa de Sánchez a Aragonès de esta misma semana en su reunión de La Moncloa de incrementar esa partida en unos Presupuestos para el año que viene expansivos y que volverán a batir récords de gasto social e inversiones. El principal compromiso es sufragar la ampliación de El Prat, que supone un coste superior a los 1.700 millones de euros, pero junto a esa iniciativa, que se tendrá que desarrollar en varios años, desde Cataluña siempre han reclamado al Estado (desde la época de Pujol) un compromiso inversor que esté acorde con el peso de su PIB en el conjunto nacional (19,1%) o con el nivel de población (16%), un problema que no se podrá resolver hasta que no se establezca una nueva financiación autonómica.
Un repaso histórico de las últimas décadas como el que han realizado algunas instituciones económicas catalanas y estatales demuestra que la media de inversiones reales en Cataluña ha estado históricamente por debajo de esos dos porcentajes. El ‘pujolismo’ supo sacar partido a sus condiciones de partido bisagra en Madrid tanto con Aznar como con Zapatero y logró incluso que se iniciara desde Cataluña la cesión de la mitad de la recaudación del IRPF, IVA e Impuestos Especiales a todas olas autonomías. Pero Pujol dejó el poder en 2003, cuando el recorte de inversiones ya se había iniciado en la segunda legislatura de Aznar (año 2000), para recuperarse un poco entre 2004 y 2009 con Zapatero en una proporción que podía ser aceptable, hasta estrellarse todo en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que tiraba por tierra la disposición adicional tercera, en la que se pretendía arrancar el compromiso del Estado (solo con Cataluña) de mantener una inversión en la comunidad equivalente al peso relativo de su PB (18,6% entonces) entre los años 2007 y 2013.
El propio socialista catalán Josep Borrell reconoce en su libro ‘Las cuentas y los cuentos de la independencia’ que el no cumplimiento de esa disposición supone un déficit inversor con la comunidad catalana de 3.967 millones de euros, si bien hay que recordar que el Constitucional dejó claro que no se podía admitir que una autonomía marcara al Parlamento el paso sobre las inversiones a repartir en todo el Estado. Uno de los protagonistas de aquel dictamen constitucional, el profesor Alfonso García-Moncó, advierte que esas inversiones desde entonces se han tenido que decidir año a año en virtud de las necesidades y prioridades del conjunto del Estado, para no vulnerar el artículo 134 de la Constitución. A pesar de ello, asegura que se pueden hacer muchas cosas para mejorar las finanzas y las inversiones en Cataluña sin tener que llegar a un cambio radical de la Constitución, por medio de cesión de más recaudación de tributos (incluso del Impuesto de Sociedades) o con cualquier norma que lleve a equiparar ese nivel deseable de inversiones, pero sin cometer el mismo error de hace quince años.
Datos y ejecución de inversiones
Si hacemos caso a los pocos datos homogéneos que existen sobre las inversiones reales del Estado regionalizadas, recogidas desde 2009 por la Intervención General del Estado (IGAE), es evidente que la mayor partida para Cataluña se incluye en la parte correspondiente al sector público empresarial, que es donde se incluyen entes como Renfe, Adif, Aena o la red de carreteras del Estado, entro otros conceptos. Solo en 2020 se ejecutaron más de 732 millones de euros, unos 150 millones más que la media de los últimos tres ejercicios y que, aunque el conjunto de las inversiones que recoge el IGAE esté aún muy por debajo del porcentaje de PIB o de población catalán, si marca una tendencia al alza que desde el Gobierno de Sánchez están dispuestos a acelerar. El líder del PSC, Salvador Illa, ya ha mostrado a Aragonès su apoyo para hacer realidad la renovación de El Prat, que debe disparar esos porcentajes de inversión, a lo que se debieran añadir inversiones millonarias en la red de Rodalies (Cercanías), el Puerto de Barcelona, las carreteras y, entre otras cosas, el prometido eje ferroviario Mediterráneo que, a pesar de las dos o tres obras realizadas en suelo catalán, lleva más de 20 años de retraso.
Uno de los problemas que se pueden ver en los datos de la IGAE, a pesar de que no haya datos de referencia de dos presupuestos prorrogados, es la baja ejecución de las inversiones en infraestructuras catalanas, que no supera el 65% de media en la última década, frente a ejecuciones del 95% y por encima del 100% que logra Madrid, con la que siempre existirá un agravio comparativo, sobre todo por ser la comunidad capitalina y tener siempre un interés preferente en los proyectos que se plantean, frente a cierta congelación y retraso de fondos para Cataluña. El exconsejero de Empresa del anterior Govern y exeurodiputado Ramon Tremosa i Balcells recoge en su último libro ‘Cataluña, potencia logística natural’ todo un catálogo de incumplimientos inversores en la comunidad que van desde las carreteras, el ferrocarril y el aeropuerto, hasta la digitalización de toda la zona, causadas sobre todo por esos retrasos y esa falta de inversión. Con el subtítulo sugerente de “el Estado contra el mercado”, el libro incluye análisis de la Cámara de Comercio y otras instituciones catalanas que advierten que entre 2014 y 2019 se invirtieron en obra pública catalana 3.850 millones del Estado (datos del IGAE), frente a los 5.365 de Madrid.
Malestar social para empezar a hablar
La sentencia del Estatut y la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy marcó un antes y un después de la relación con Cataluña, con el 1-O de 2017 de colofón, pero tras sufrir una crisis económica muy dura que paralizó y obligó a replantear muchas de las inversiones en infraestructuras previstas en la comunidad. La deriva independentista iniciada en torno al año 2012, pero el freno inversor que se produjo ha generado cierto malestar en la sociedad catalana. El diputado de la formación independentista ERC Joan Capdevila advierte que la sociedad catalana ha dado un cambio radical en los últimos años, sobre todo desde que Zapatero incumpliera su promesa de aceptar el Estatut que saliera en Cataluña en 2006, con el varapalo que supuso la sentencia de diciembre de 2010. “Al común de la catalanidad media y baja ya no se le puede convencer con una lluvia de millones como la que se plantea ahora, si es que se plantea”, señala. El propio Tremosa advierte que la falta de las inversiones prometidas causa un agravio comparativo grave, sobre todo cuando los ciudadanos catalanes viajan a la capital o a otras comunidades y ven servicios públicos mejor dotados que los suyos. “La sensación que tiene la gente aquí es la de tomadura de pelo”, asegura el diputado nacionalista del Parlament, que ha visto como en la última década han crecido de forma exponencial los partidarios de la independencia, sobre todo en la gente joven, hasta situarse cerca de la mitad ahora “y en el 60% muy pronto si no se tienen en cuenta estas cosas”.
Por más que los datos varíen de unos a otros dada la complicación de regionalizar la inversión real en España tras un año y medio de Covid y con la distorsión que ahora genera en las cuentas publicas la llegada de los fondos europeos, parece claro y así lo ha reconocido hasta el Ministerio de Fomento que es necesario incrementar la dotación de infraestructuras en Cataluña y abordar, de una vez por todas, el prometido corredor Mediterráneo. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que se trata de un problema a poner en la mesa de negociación con la Generalitat, si bien habrá que congeniar todo el proceso con la definición de la nueva financiación autonómica y un modelo territorial acorde con ello que ofrezca más opciones de autogobierno a las comunidades autónomas.
Frente a ello, desde ERC se insiste en que “en la mesa principal no estará ese tema, allí se debe hablar primero de autodeterminación y amnistía, ya no vale con la pela para convencernos”. Las espadas están en alto, si bien desde las filas separatistas también se admite que el compromiso de El Prat es un avance y “habrá que ver si las inversiones son de verdad, que lo demuestren con hechos”. En esa mesa está la base para volver a una nueva etapa como la del ‘pujolismo’, de buenas relaciones mutuas y dinero suficiente, o se rompe la baraja.
