Los goles
que ha ‘colado’ Sánchez
con el coronavirus


BRUNO PÉREZ


Nerea de Bilbao Diseño e infografía

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hay un mensaje que se repite de forma machacona en todas las intervenciones del presidente del Gobierno y en las de sus ministros desde que se iniciara la crisis del coronavirus. Viene a trasladar que lo único que preocupa y ocupa en estos momentos al Ejecutivo es la guerra contra el virus y la batalla por paliar a golpe de BOE sus devastadores efectos sobre la sociedad y la economía española.

La intensa actividad legislativa desarrollada por el Gobierno en las últimas semanas -una decena de Reales Decretos, más de una treintena de resoluciones ministeriales, cerca de un centenar de circulares y decenas y decenas de instrucciones y circulares de los diferentes ministerios- se ha volcado por supuesto en esos objetivos, pero Moncloa también ha aprovechado el aluvión de novedades legislativas para intentar ‘colar’ algunas propuestas de política económica más o menos controvertidas que en nada tienen que ver con el combate al virus que, como mucho, lo utilizan como coartada.

Así se ha interpretado, por ejemplo, en círculos jurídicos la decisión del Gobierno de imponer la negociación con los sindicatos mayoritarios en las empresas sin representación sindical a la hora de solicitar un ERTE o de acordar el esquema de recuperación de las jornadas de trabajo perdidas por la paralización forzosa de toda actividad no esencial durante la primera quincena del mes de abril. “Le han metido un buen gol a las empresas”, ilustraba hace unos días un consultor de uno de los principales despachos de abogados de la capital, tras constatar como el Gobierno había aprovechado la reacción legislativa al coronavirus para implantar ‘de tapadillo’ el control sindical sobre las empresas no sindicalizadas. “Los sindicatos llevaban años detrás de que les reconocieran algo así. Me temo que nos están empezando a enseñar por donde va a ir su reforma laboral”, concluía.

El Gobierno ha aprovechado el aluvión de medidas legislativas de estos días para ‘colar’ media docena de medidas de política económica más o menos controvertidas

No habían pasado ni tres meses desde la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y la flamante nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a modificar las leyes de estabilidad presupuestaria para dar mayor margen de gasto a comunidades autónomas y corporaciones locales. Han pasado cerca de dos años y por unas cosas u otras el compromiso de Montero no se había podido cumplir… hasta esta semana. El Gobierno aprovechó el ‘decreto ómnibus’ aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para habilitar a los ayuntamientos, de momento de forma excepcional, para utilizar el 20% del superávit acumulado en los últimos años, embalsado en cuentas bancarias o en la caja municipal por las restricciones de las leyes presupuestarias.

El Gobierno ya ha demostrado en estas semanas que esa excepcionalidad puede convertirse en normalidad en cosa de días. Así ha ocurrido con la regulación de la denominada ‘golden share’, el derecho de veto que se atribuye el Gobierno para bloquear las operaciones corporativas de toma de control de una empresa del país por parte de otra empresa de un país tercero de fuera de la UE que no le convenzan, o se consideren dañinas para los intereses nacionales.

El Gobierno la reguló en principio con carácter excepcional para el ‘estado de alarma’ en un intento -así se decía- de impedir que grandes fondos o empresas aprovecharan el desplome de su valor en bolsa para tramar operaciones hostiles de toma de control. No han pasado ni quince días desde entonces y el Ejecutivo ya ha regulado ese dispositivo como un elemento permanente dentro de la Ley de Régimen Jurídico de Movimientos de Capitales.

Este renacido ‘proteccionismo’ sobre el patrimonio empresarial doméstico en tiempos de incertidumbre ha alcanzado también a las antiguas cajas. Economía ha visto en la crisis del coronavirus la ‘causa de fuerza mayor’ que necesitaba para dilatar el proceso de salida a bolsa de algunas entidades que se arriesgaban a un fiasco si lo hacían en estos momentos, sin exponerse a un tirón de orejas de Bruselas o el BCE. El Real Decreto de medidas del pasado martes incluía una Disposición Final por la que se modificaba la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias para dar una prórroga de dos años en ese proceso.

El último Real Decreto de medidas económicas del Gobierno, el del pasado martes, el que incluía medio centenar de medidas para luchar contra las consecuencias del coronavirus, según se dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha traspasado una frontera cuyas consecuencias aún están por ver. Por el calado político y presupuestario de las medidas aprobadas para luchar contra el coronavirus –aplazamiento de alquileres, quitas forzosas para grandes tenedores de viviendas en alquiler, obligaciones para entidades financieras…-, pero también por la introducción de tapadillo de significativas medidas de política económica, como la habilitación del uso del superávit de las entidades locales, la reintroducción de pleno derecho de la ‘golden share’ u otras medidas.

A día de hoy, Sánchez no tiene garantías de que el Congreso ratifique esas medidas. La oposición en bloque y potenciales socios como el PNV han avanzado que no las respaldarán sin una negociación

Porque el decreto aprobado por el Gobierno escondía más ‘perlas’ que tienen más que ver con decisiones de política económica que con la lucha contra el coronavirus. Incluía, por ejemplo, la reinvención como empresa pública de servicios orientada a asuntos relacionados con la transición ecológica de la emblemática empresa estatal de extracción minera, Hunosa, condenada a la extinción por su delicada situación financiera y por la política gubernamental hacia el carbón, pero que Pedro Sánchez se había comprometido a salvar a toda costa en la ‘Fiesta de la Rosa’ del año 2018. También una controvertida medida en el ámbito de la contratación pública, muy contestada desde sectores empresariales y que modifica la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2017, que da a las Administraciones Públicas la posibilidad de ampliar unilateralmente los contratos de provisión de bienes y servicios que tengan con sus contratistas cuando se entienda que la inversión realizada no se ha amortizado en su totalidad,

La aplicación de este paquete de medidas económicas no está, no obstante, garantizada. El Real Decreto debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas y al contrario de lo que ocurrió con el primer paquete de medidas anti-crisis tanto formaciones más próximas al Gobierno, como el PNV, como la oposición política de centro derecha en bloque (PP, Vox y Ciudadanos) han avanzado que no respaldarán estas medidas, lo que les augura un camino tortuoso antes de su ratificación.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial