El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha planteado a la Comunidad de Madrid que delegue las competencias para regular las viviendas turísticas, como hizo la Generalitat de Cataluña con el Ayuntamiento de Barcelona, porque en este momento la Administración regional se caracteriza por la "inacción", por ponerse "de perfil", algo que no haría el Consistorio.
"Nosotros estamos comprometidos a abordar este problema. No queremos ponernos de perfil. Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para actuar y regular en materia de vivienda turística", ha declarado Calvo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
El Ayuntamiento de Madrid está buscando un acuerdo con Airbnb, Homeaway y otras plataformas para establecer un tope máximo de días en los que las viviendas turísticas podrían ponerse en alquiler al año, como ya se hace en San Francisco, Ámsterdam o Nueva Orleans, e implantar una tasa.
"QUE SE MOJE"
El titular de Desarrollo Urbano Sostenible ha aclarado que la posibilidad de firmar acuerdos de entendimiento con las plataformas no supone que el Ayuntamiento vaya a cejar en su exigencia a la Comunidad para "que se moje, que tome posición y que ejerza sus competencias regulando las viviendas turísticas".
"O si no quiere hacerlo, como parece que es la situación de la Comunidad, que delegue las competencias al Ayuntamiento, como la Generalitat hizo en Barcelona, porque nosotros estamos comprometidos a abordar este problema, no queremos ponernos de perfil. Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para actuar y regular en materia de vivienda turística", ha indicado el concejal.
TOPE DE DÍAS Y TASA
El acuerdo con plataformas como Airbnb o Homeaway giraría sobre tres pilares. El primero se basa en garantizar que sólo quien sube la vivienda a la plataforma en cuestión es quien vive en ella, lo que se conseguiría con un sencillo certificado de empadronamiento.
La segunda columna del acuerdo con las plataformas que ofertan viviendas turísticas pasaría por fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
"Planteamos que se establezca un tope de días", ha indicado Calvo. Una vez que se superasen los días pactados entre Ayuntamiento y plataformas, "inmediatamente la vivienda se cae de la oferta" de la web hasta el siguiente año. El delegado ha indicado en la rueda de prensa que un plazo de 60 días le parece "bastante razonable" aunque es un punto aún por abordar con las plataformas.
El tercer punto del acuerdo establecería que "una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario vaya al Ayuntamiento". Esta medida está en marcha en ciudades como Ámsterdam, donde la tasa es de un euro.
"Los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, están muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos", ha argumentado José Manuel Calvo. La tasa serviría para financiar la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística.
EL AYUNTAMIENTO PUEDE HACERLO
El Ayuntamiento, ha aclarado Calvo, "tiene competencia para firmar un memorándum de entendimiento con un actor privado y en ese marco establecer las condiciones, que cumplan la ley".
"Si fijamos que un porcentaje del importe del alquiler turístico revierta en la Administración o en los sistemas de control que pueda definir la Administración no hay nada que lo impida", ha aseverado. Es lo que ya se hace en ciudades como Ámsterdam para añadir, a renglón seguido, que esto "no es tanto una tasa sino un acuerdo".
Por su parte, Airbnb afirmó ayer a través de un comunicado que quiere ser un "buen socio" de Madrid con una modalidad de alojamiento que el año pasado generó 447 millones de euros en la ciudad aunque echen en falta "reglas claras".
"Airbnb siempre recuerda a los anfitriones que verifiquen si cumplen con las normativas locales" aunque reconocen que "las reglas para compartir el propio hogar son confusas". "Madrid necesita reglas claras", reclamaban.
La Comunidad de Madrid, a su vez, contestó ayer que trabaja en una ley para regular la vivienda turística pero "sin llegar a la prohibición" ni a las tasas. En esta línea, el Gobierno regional criticó lo que entiende que es un "carácter prohibicionista de la actitud de Podemos en Barcelona y Madrid".
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