MADRID. LAS ORGANIZACIONES DEL TAXI PIDEN A LA ADMINISTRACIÓN QUE CONCRETE LA REGULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO CON CONDUCTOR

Todas las organizaciones representativas del sector del taxi en la Comunidad de Madrid se han unido para exigir a la Administración autonómica que concrete la regulación del servicio de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), fórmula que utilizan algunas grandes multinacionales como Uber para ofrecer un servicio de transporte de viajeros "sin garantías mínimas para el usuario".
Hacen esta petición la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial del Taxi, la Asociación Madrileña del Taxi, Elite Taxi Madrid, Uniatramc, Sociedad Cooperativa del Taxi, Radio Teléfono Taxi y Radio Taxi Independiente.
En la actualidad, el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) establece que las VTC no pueden circular en busca de clientes que no hayan sido previamente contratados. Sin embargo, no queda definido dónde debe estar el vehículo cuando no está de servicio, por lo que los taxistas alertan de que desde la vuelta de Uber, las VTC realizan un servicio paralelo al del taxi, esperando en aeropuertos, estaciones o locales nocturnos.
Las organizaciones del sector del taxi de Madrid también solicitan de manera conjunta a la Administración la creación de un distintivo que identifique de forma clara y obligatoria a los vehículos de arrendamiento con conductor, al igual que lo tiene el taxi, para facilitar su control y el cumplimiento de la normativa en vigor por su parte.
Asimismo, exigen que el Gobierno madrileño comunique a los taxistas el número de autorizaciones de VTC pendientes de posible adjudicación que estén en procedimiento judicial y sean susceptibles de ser concedidas, ya que hasta el momento esta información les está siendo vetada.
A través de un comunicado, las entidades representativas del taxi madrileño explicaron que desde el colectivo se demanda una unidad de acción, “que si bien comienza en los despachos, debe tener una continuidad ante la amenaza de aplicaciones disruptivas amparadas en lobbies económicos e institucionales”.