El convenio ha sido firmado este miércoles en Mérida, por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, los presidentes de las Diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Rosario Cordero, así como los decanos del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, y de Badajoz, Filomena Peláez.
En concreto, esta Red de Puntos de Atención Presencial del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria se situarán, en el caso de la provincia de Badajoz, en Olivenza, San Vicente de Alcántara, Montijo, Villafranca de los Barros, Zafra, Villanueva de la Serena, Castuera, Jerez de los Caballeros, Llerena, Monesterio, Don Benito y Herrera del Duque.
Por su parte, en la provincia de Cáceres, la atención presencial se prestará en Trujillo, Logrosán, Miajadas, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz, Torre de Santa María, Cabezuela del Valle, Hervás, Moraleja, Hoyos, Arroyomolinos de la Vera y Navalmoral de la Mata.
Serán unas oficinas a las que podrá acudir cualquier extremeño "que tenga un préstamo hipotecario o que esté en régimen de alquiler y que tengan problemas para pagarlo, puede contactar con la central de llamadas o vía telemática con la Junta para poner su caso a disposición de esa intermediación bancaria", según ha expresado Vergeles.
Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, tras la firma del convenio, del que ha destacado su "enorme importancia social", ya que "dota de contenido social a las políticas de vivienda".
De esta forma, Vergeles ha señalado que "desde esas centrales telefónicas, se les derivará para que tengan una atención presencial en una de estas 24 oficinas de atención bancaria", además ha señalado que este acuerdo "significa una cobertura donde la mayoría de las poblaciones estarán a menos de 35 minutos" de uno de estas oficinas.
Por otro lado, Vergeles ha recordado que ya se firmó en la legislatura anterior "un acuerdo con el Colegio de Abogados de Badajoz, por el cual se instalaron siete oficinas de intermediación bancaria", y ha asegurado que "ha servido de experiencia piloto y de base" para el convenio firmado este miércoles.
Las Diputaciones de Badajoz y Cáceres aportarán 35.000 euros cada una para la puesta en marcha de este convenio, al que además aportarán infraestructuras. El acuerdo tiene "una duración de dos años y es prorrogable hasta los cuatro años", según ha apuntado Vergeles.
LABOR DE FORMACIÓN
En su intervención, José María Vergeles ha destacado que el papel de los dos Colegios de Abogados que es "muy importante por la filosofía de la intermediación bancaria y su labor de formación", y ha aseverado que estos apoyados por el Instituto de Consumo de Extremadura "van a proceder a una selección limpia y adecuada" de los abogados de dichas oficinas.
Finalmente, Vergeles ha definido este acuerdo como "un paso muy importante" que dará a "los ciudadanos una respuesta necesaria", y ha informado de que el objetivo de la Junta de Extremadura es el de "desahucio cero" en la región.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "la unión hace la fuerza" y que, a través de este convenio, se "logrará que las familias extremeñas estén más protegidas, especialmente aquellas que tienen más dificultades".
Gallardo ha definido este servicio como "una malla de protección para las personas que se pudieran ver afectadas por una ejecución hipotecaría", y ha recalcado que "quien mejor tenía que liderar esta red era la Junta de Extremadura".
En ese sentido, ha señalado que "hay un antes y un después de esta legislatura, que significa acuerdos entre las tres administraciones que permiten avanzar mucho más rápido", y ha asegurado que "lo que más le preocupa son las personas".
En otro punto, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero ha destacado que la labor que están "haciendo en esta coherencia y coordinación con los dos Colegio de Abogados, es preocuparse de los problemas de la gente, y no hay problema más importante que el de la vivienda".
Asimismo, Cordero ha asegurado que con esta medida la Junta de Extremadura "ha sabido acercarse a esos problemas" y ha explicado que "es una forma de acercarse con estas oficinas a los ciudadanos", asimismo ha recalcado que "el objetivo de todos es que en Extremadura haya menos desahucios".
DOBLE FUNCIÓN
Posteriormente, decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez, ha explicado que se desarrollará una "doble función de la abogacía que llevan interiorizada", así ha señalado que la medida "ha tenido buena acogida", al mismo tiempo ha señalado que "quieren asesorar a los ciudadanos por un lado, y a los letrados por otro".
A su vez, el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, ha tildado este acuerdo como "muy importante" y ha aseverado que la Junta pretende con esta medida "amparar a esas personas tan necesitadas".
CLÁUSULAS SUELO
Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Vergeles ha manifestado que "era de justicia" la eliminación de las cláusulas suelo de algunos préstamos hipotecarios, y ha recordado que en la Junta "existe la sensibilidad social para estudiar fórmulas que permitan dar solución a este problema".
Al mismo tiempo, Vergeles ha considerado que desde la Junta "darán la mejor solución a estas familias, para que no tengan que hacer un peregrinar jurídico hasta que se eliminen sus cláusulas suelos", y ha señalado que aplicarán una medida "parecida a la del Ayuntamiento de Madrid".
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