Licencia para jugar

Raúl Casado.

Madrid, 1 nov.- Unas cincuenta empresas quieren conseguir licencia para ofrecer legalmente juegos por Internet, la mayoría de ellas operadoras que ya ofrecían esas apuestas desde la situación de alegalidad que impera en España desde hace años, pero también compañías de comunicaciones, de telefonía móvil o sitios web.

El Gobierno ultima el armazón legal que acabará de regular este sector -tras la aprobación de la Ley del Juego el pasado mes de mayo- y a mediados de mes podría estar abierta la convocatoria para que las empresas soliciten licencia para ofertar ese tipo de apuestas, con la intención de que las primeras autorizaciones estén listas durante los primeros días de diciembre.

Con esos plazos en el horizonte trabajan las empresas de un sector que ha crecido durante los últimos años hasta facturar el pasado año unos 10.000 millones de euros y generar beneficios a las empresas que ofrecen ese tipo de apuestas de unos 350 millones de euros anuales, según datos del sector.

Los dos sectores más directamente involucrados en esta nueva regulación, el del juego tradicional o presencial (como bingos o casinos) y el del juego online, han advertido sin embargo de los riesgos de acelerar el proceso y de que se adopten soluciones que puedan resultar precipitadas, ya que este trámite final de ordenación va a estar a caballo entre dos legislaturas y pudiera resultar viciado -mantienen- por las elecciones del 20 de noviembre.

Rafael Catalá es el secretario general del grupo Codere, una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid y que emplea a unas 20.000 personas.

Opina al respecto que la Ley del Juego fue tramitada "con mucha prisa y escaso reposo", y ahora los decretos y las órdenes ministeriales que completan su desarrollo se van a aprobar en un plazo "aceleradísimo".

En declaraciones a Efe, Catalá expresa su preocupación porque las prisas en aprobar tres reales decretos, once órdenes ministeriales y en resolver decenas de licencias pueden derivar en "errores", y porque cree que la administración no va a disponer del tiempo suficiente para comprobar que todas las empresas que van a pedir licencia tienen la suficiente cualificación para operar en este sector con plenas garantías para los usuarios de este tipo de juegos y apuestas.

"Sería muy peligroso que el resultado final de este proceso sea que convivan muchos operadores con poca cualificación", dice Catalá, y advierte, además, en contraste con esa celeridad y esas prisas, de la lentitud con que se resuelve el trámite administrativo para abrir un local de juego presencial en cualquier lugar de España.

Para el dirigente de Codere, "una cosa es tener una administración ágil y otra es despachar en quince días cincuenta licencias", y a su juicio los operadores de juego online han disfrutado durante muchos años de privilegios, "durante los que han operado sin licencia y no han pagado impuestos".

Rafael Catalá no oculta la lucha de intereses que en este campo se produce entre las empresas tradicionales y las que ofrecen juegos por Internet, y que ambas compiten por captar el máximo de la renta que los ciudadanos destinan a las apuestas y el azar, pero advierte de que están compitiendo en desigualdad de condiciones.

Y defiende su argumentación citando como ejemplo que las empresas de juego tradicional no pueden hacer publicidad y "las online" sí (algunas de estas empresas patrocinan equipos de fútbol de Primera División), o que hasta ahora las primeras han pagado impuestos por su actividad económica en España y las segundas no.

Desde la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), su vicepresidente, Juan Barrachina, ha expresado su temor ante la celeridad del proceso y que ésta pueda degenerar en errores, pero ha insistido en la trascendencia de regular un sector, el de las apuestas por Internet, que atrae ya a miles de usuarios.

En declaraciones a Efe, Barrachina se ha referido a la ausencia de un marco legal que regule esta actividad, pero ha sido tajante: "eso no nos convierte en ilegales" y ha recordado que la mayoría son empresas legalmente establecidas en la Unión Europea.

El representante de esta asociación ha celebrado que por fin se haya aprobado una ley nacional que regule este sector, pero ha criticado el tipo impositivo que deberán pagar las empresas, a su juicio muy elevado.

También ha asegurado que las principales empresas que ofertan apuestas por Internet están -"ya lo estábamos", ha dicho- tecnológicamente preparadas para asegurar las medidas de protección que establece la propia Ley del Juego, volcadas sobre todo en evitar el acceso a esos juegos de los menores y de los cerca de 40.000 ludópatas que voluntariamente han pedido que no se les permita acceder a ninguna modalidad de juego de azar.

Y mientras desde ambos sectores (tradicional y online) se defienden estos argumentos, el Gobierno defiende la trascendencia que tiene regular un sector que crece un 25 por ciento cada año, de obligar a estas empresas a tributar por su actividad, y sobre todo de implementar nuevas medidas que garanticen la seguridad y la protección de los usuarios.