Madrid. El ayuntamiento, famma-cocemfe y las patronales del taxi se reúnen para desbloquear el conflicto del eurotaxi


La Delegación de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe) y las patronales del taxi acaban de iniciar una reunión en la sede del Consistorio para desbloquear el conflicto del eurotaxi, un servicio que dejó de prestarse el pasado día 19 por los problemas derivados del sobrecoste por la escasez de vehículos y a quién corresponde sufragarlo.
El delegado municipal, Diego Sanjuanbenito; el presidente de la Asociación Eurotaxi para un Madrid Accesible (Aema), Julián Fernández, y el presidente de Famma-Cocemfe, Javier Font, trasladaron a Servimedia sus posiciones de partida de cara a la reunión antes de comenzarla.
Sanjuanbenito reivindicó como una iniciativa suya la reunión de esta Mesa del Eurotaxi y afirmó que se celebra con el propósito de llegar a soluciones; en concreto, “soluciones a largo plazo que acaben con el problema de raíz”, que a su juicio es la escasez de vehículos adaptados para personas con discapacidad. Además, anunció que esta tarde comentará el problema al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid,
Por su parte, Font esgrimió un preacuerdo al que Famma-Cocemfe, asociación perteneciente al Cermi, supuestamente ha llegado con la Asociación Gremial del Taxi, para llevar a cabo su propuesta de mantener el máximo de 5 euros para las recogidas de viajeros dentro de Madrid y de 8 para los municipios de la provincia, precio al que luego habría que añadir el del trayecto, como tope para los eurotaxis, el mismo que para el resto de taxis.
ALTERNATIVAS
A su juicio, es posible mantener ese precio si se implanta una aplicación de forma que el usuario pueda escoger el vehículo por la cercanía a su posición, y que el teleoperador tenga que concedérselo en función de ese criterio y no del tiempo que vaya a permanecer el taxi en la zona.
Sin embargo, en opinión de Fernández este máximo es inviable, pues llevaría a Aema a la quiebra. Aema se ha comprometido a precios de recogida máximos de 10 euros para la ciudad de Madrid y 15 para los municipios de la provincia, y considera que, pese a que el margen de beneficios sería muy reducido, se podría mantener con peticiones con 24 o 48 horas de antelación que permitieran organizar rutas a los vehículos de su flota.
El presidente de Aema cree que se tiene que llegar a una solución, pues la situación “cae por su propio peso” y atribuyó sólo a la tozudez de Font en exigir los precios máximos de 5 y 8 euros que la negociación se halle estancada.
En lo que Fernández y el presidente de Famma-Cocemfe están de acuerdo es en que la Administración es quien ha de compensar el sobrecoste del trayecto derivado de la escasa disponibilidad de vehículos, pues es misión de la misma garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a un medio de transporte en igualdad de condiciones.
A este respecto, el presidente de Aema dudó de que no haya suficiente dinero cuando se acaban de aprobar cinco millones de euros para la red de bicicletas, y se preguntó por qué ha de ser una empresa privada como la suya el único agente implicado que ha de asumir los costes de lo que debe ser un derecho de las personas con discapacidad.

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